Este miércoles entran en vigor las primeras medidas del plan del gobierno de Pedro Sánchez para ayudar a las empresas afectadas por la guerra comercial desencadenada por Donald Trump. De los 14.100 millones de euros previstos, ya se han activado 7.720 millones, más de la mitad.

Dentro de todas las medidas que incluye el plan aprobado en el consejo de ministros, las que se activan este miércoles mediante real decreto-ley se refieren a palancas financieras, que ascienden a 7.720 millones de euros.

En primer lugar, se activa una línea de avales ICO de 5.000 millones hasta el 30 de junio de 2026, con vigencia ampliable por acuerdo del Consejo de Ministros, para atender las necesidades de liquidez y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades que vayan a tener una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado de Estados Unidos.

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir para esta medida, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán en Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

El plan refuerza también el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con 720 millones, lo que suponen 220 millones más respecto al plan inicial del Gobierno y que son fruto de las negociaciones que ha mantenido el ministro de Economía con los grupos parlamentarios. El refuerzo de este fondo se realiza en aras de conseguir que las empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en Estados Unidos y diversificar sus exportaciones para disminuir el riesgo para ser más resilientes.

Asimismo, en los próximos días se presentará un plan específico de ICEX que ayudará a unas 500 empresas exportadoras a Estados Unidos que podrían verse afectadas por los aranceles planteados por Trump. Tanto para las líneas de avales del ICO como para el plan del ICEX, el Gobierno ha realizado unas estimaciones iniciales, por lo se ha dejado la puerta abierta a ir añadiendo más en función del seguimiento que se haga de la situación.

Además, se activan 2.000 millones también para el esfuerzo de internacionalización, a través del CESCE y su sistema CARI, que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios.

Extensión de la moratoria

El decreto también incluye la extensión de la moratoria contable hasta finales del año 2025 para aquellas empresas que tuvieran pérdidas durante 2020 y 2021 y que todavía tienen una recuperación más retrasada.

Entre las medidas planteadas del plan, destaca otra línea ICO para financiación, por 1.000 millones de euros, o un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros, para dar préstamos o participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas.

Ayuda al sector de la automoción

También se pretende ejecutar este año el Plan Moves III aprobado recientemente en el Consejo de Ministros (400 millones de euros), para estimular el sector del automóvil, y se activará el mecanismo RED (los ERTE) para los sectores que lo necesiten a fin de salvaguardar el empleo de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere.

Además, se recanalizarán 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para aquellas industrias y empresas cuya actividad pueda verse mermada por el "shock arancelario", a fin de que puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.

Proporcionalidad territorial

El decreto publicado este miércoles en el BOE contempla también una disposición adicional de "garantía de proporcionalidad territorial" en la aplicación de los fondos, mediante la cual el Gobierno "garantiza" que la puesta a disposición de las empresas de los instrumentos financieros se efectúe, "con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición".

A tal efecto, prosigue la disposición adicional, se articularán "mecanismos de participación y seguimiento por parte de las comunidades autónomas", orientados a garantizar "la transparencia, la equidad y la coherencia" de la distribución con el citado "criterio objetivo". Asimismo, el Gobierno se compromete a remitir trimestralmente al Congreso de los Diputados un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley.

A continuación, se ha incluido otra disposición adicional para precisar los "criterios de ejecución", en la que se deja claro que la ejecución de los fondos previstos en el real decreto "no podrá estar condicionada a criterios de oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente".

Catalunya percibirá 3.000 millones

En la jornada del martes, el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, indicó que los fondos se distribuirán a las autonomías en función de su peso en las exportaciones al país norteamericano, de modo que Catalunya percibirá el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros, de acuerdo con sus cálculos.

Posteriormente, fuentes del Ejecutivo matizaron que en ningún caso se va a producir una situación de competencia autonómica en las ayudas distribuidas, pues estas son a demanda de las empresas que las necesiten y en el caso de que no fueran suficientes se elevarían, algo que el Gobierno no cree que suceda. En concreto, explicaron que Catalunya percibirá ese 25% porque sus empresas exportan ese porcentaje a Estados Unidos.