El Govern no dará marcha atrás en la ley que pone límite en los pisos turísticos por todo Catalunya, y que esta semana se somete a la validación del Parlament. Ante|Delante de las críticas del sector y la demanda que se retire el decreto ley aprobado en noviembre, con el fin de modificarlo, el ejecutivo catalán insiste que se trata de una norma que "en ningún caso se carga las viviendas de uso turístico, sino que lo que hace es poner orden" en el sector, con el objetivo de poner por encima a todas aquellas personas que tienen necesidad de encontrar una vivienda habitual. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido en decir que el Govern no comparte "las cifras publicadas por diferentes patronales" del sector sobre el impacto que podría tener la regulación y el número de pisos que afectaría. Según Plaja, los datos de que dispone el Govern no suscriben estas tesis del sector, ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes.
"No es una persecución, es una regulación que hace falta", ha dicho la portavoz para rebatir los reproches y las reivindicaciones de las patronales Federatur y Apartur que apuntan a la desaparición del 50% de los pisos turísticos existentes a Catalunya, y al coste que eso tendrá para las arcas públicas, de unos 4.000 millones de euros. "No se eliminan los pisos turísticos, se regula el sector. Los que digan que el decreto les hace desaparecer, mienten", ha insistido la portavoz.
Según Plaja, el Govern no descarta que haya modificaciones del decreto de regulación de los pisos turísticos una vez sea convalidado por el Parlament, cosa que se votará esta semana al pleno, y ha instado al PSC a dar apoyo a esta iniciativa. La formación socialista y la de Junts han manifestado sus dudas sobre la norma, tal como lo ha diseñado el Govern. La portavoz ha asegurado que en caso de aprobarse se abordará una segunda fase para estudiar propuestas de modificación por parte de los grupos: "El Govern siempre escucha", ha subrayado. "Primero se tiene que aprobar, y una vez aprobado, no se descarta que pueda haber una modificación, pero se tiene que ver qué tipo de modificación", ha señalado Plaja, que ha reivindicado esta iniciativa como necesaria para el sector y para la ciudadanía con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda.
Desde el sector se admite que se puede regular la oferta de pisos turísticos, pero se pide que sean los ayuntamientos los que, disfrutando de una autonomía local, puedan tomar las medidas que consideren más acertadas, en función de la idiosincrasia de cada municipio. Eso permitiría, según las patronales, establecer límites en función de áreas urbanas, del volumen de demanda y de la disposición de oferta alternativa, u otros elementos, mucho más favorables, para algunas poblaciones que lo que fija la ley: un máximo de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes residentes permanentes. De esta manera, se podría reducir la afectación actual de la regulación a un total de 262 municipios de todo el territorio, pero con especial incidencia en las poblaciones de la costa catalana. En caso de que el decreto ley salga adelante, el sector ya ha anunciado que someterá la ley a criterio del Tribunal Constitucional.