El Govern quiere que las viviendas públicas lo sean para siempre para que los propietarios privados no especulen con ellas y aumenten su precio. Por eso, este martes ha aprobado que todas las viviendas que se compren con fondos públicos por tanteo y retracto sean públicas de manera indefinida. También los que pasen a manos privadas por esta modalidad tendrán un precio topado por ley.

Esta medida se suma a la modalidad única de construcción de vivienda pública en toda Catalunya, que garantiza que los propietarios cobren 10,65 euros por metro cuadrado y que, una vez acabe la cesión de uso de los privados pasará también en el parque de vivienda protegida, que tiene que llegar a representar el 15% sobre el total.

"Hemos aprendido la lección de invertir en un parque de vivienda que después se va perdiendo", ha dicho la portavoz del Govern y consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecológica, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa del consejo ejecutivo dónde se aprobaban esta y otras medidas de vivienda que tienen que ser validadas por el Parlamento. Se ampliarán además los ámbitos en que la administración puede ejercer su derecho de tanteo y retracto para comprar viviendas a grandes tenedores. De cara a 2030, 36.000 pisos de protección oficial dejarán de serlo porque vence su condición.

Registro de grandes tenedores

Tres años después de que el anterior ejecutivo de Esquerra lo anunciara, el Gobierno pondrá también por fin en marcha el registro de grandes tenedores, que permitirá saber quién tiene 10 o más viviendas en Catalunya, bajo pena de multa como infracción grave para los que no faciliten la información correspondiente.

Además, el Govern ha aprobado varias medidas para acelerar el acceso a la vivienda pública, tanto desde el punto de vista de los solicitantes como de la construcción. El registro de solicitantes tendrá menos trámites y los que se apunten podrán optar a promociones concretas.

Con respecto a la construcción, se crea una licencia de básica de protección pública acompañada de un proyecto básico a fin de que se pueda empezar a construir antes de contar con toda la documentación necesaria, como el proyecto ejecutivo, que es mucho más complejo y se podrá presentar con la obra en marcha con el fin de agilizar las obras.

También se simplifica la publicidad y participación en procesos de planeamiento urbanístico a fin de que los municipios faciliten la consulta telemática de la documentación. El suelo urbanizable se convertirá más rápidamente en solar terminado para construcción.

Las urbanizaciones construidas en suelo no urbanizable (típicamente, entre 1956 y 1981), por otra parte, se tendrán que regular mediante la tramitación de planes especiales urbanísticos. Estos planes determinarán los servicios básicos que tendrá que tener cada urbanización (alumbrado, alcantarillado...) y que irán a cargo de los propietarios de las casas. No habrá que prever cesiones de suelo público a las administraciones si la urbanización tiene un 50% o más de su superficie consolidada.

Otras medidas

Los promotores sociales sin ánimo de lucro podrán reducir a la mitad la cesión de aprovechamiento urbanístico a la administración.

Y finalmente se podrán implantar instalaciones de renovables en parcelas de suelo urbano con una altura máximo de 2,2 metros y una ocupación máxima del 50% de la superficie no edificable.

Más allá de las medidas de vivienda, el Govern se ha dado dos meses para poner en marcha el nuevo operador público Lidera, que tiene que invertir 18.500 millones en la mejora estratégica de la economía catalana.

Ha aprobado también reservar el 12% de algunos contratos públicos a entidades que fomentan la inserción social y laboral durante los 4 próximos años.

Y destinará 3,3 millones a descarbonizar la flota de vehículos para mantenimiento y control de carreteras.