El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva senda de estabilidad, idéntica a la tumbada la pasada semana por el PP en el Senado, con lo que avanza en los trámites previos a la elaboración del proyecto presupuestario para 2024 que el Gobierno quiere presentar lo antes posible. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo "no pierde el tiempo" y trabaja para "contar cuanto antes con unos presupuestos" para que el país avance en el crecimiento y la creación de empleo.

Alegría ha afeado al PP que haya tumbado la primera senda, que daba mayor flexibilidad presupuestaria a regiones y ayuntamientos, "perjudicando a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna". Tras el rechazo de la primera senda, el Gobierno tenía un mes para presentar una nueva, que según fuentes del Ministerio de Hacienda es igual a la anterior y que todo apunta a que volverá a ser rechazada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El Gobierno defiende que, de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público, una vez presentada esta segunda senda y aunque no sea aprobada en Cortes, ya puede elaborar el proyecto presupuestario, aunque basado en los objetivos de déficit remitidos a Bruselas en abril -que ya fueron avalados por la Comisión Europea- en lugar de los nuevos.

La senda de estabilidad prevé reducir el déficit público al 3% del PIB este año, cumpliendo las reglas fiscales europeas, para después bajar al 2,7% del PIB en 2025 y el 2,5% en 2026. La deuda bajará al 106,3% del PIB en 2024, el 105,4% del PIB en 2025 y el 104,4% del PIB en 2026, según informa Efe. La senda va acompañada por el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación, y que asciende a 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, un 0,5% más que en 2023.

La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno recoge el mismo dato de déficit público para 2024 que la referencia remitida a Bruselas en abril, un 3% del PIB, pero da mayor flexibilidad a comunidades autónomas (una décima de déficit en lugar de equilibrio) y ayuntamientos (equilibrio en lugar de dos décimas de superávit).