El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha anunciado este lunes que autoriza el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en el valle de Tobalina en la provincia de Burgos, mediante una orden ministerial a una semana de las elecciones. Dos semanas después de recibir la declaración de impacto ambiental, la empresa nacional de residuos radioactivos, Enresa, será la encargada de comenzar a desmontar la central. Será el punto final a un culebrón con giros políticos que arrancó en 2009, cuando el entonces presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el cierre en diferido para 2013, fecha en la que ya gobernaba el Partido Popular que frenó su cierre, aunque acabó aprobándolo en 2017. Ahora, el desmantelamiento de la central nuclear con 53 años de historia cuenta con un presupuesto de 475 millones de euros y prevé tener hasta 350 personas trabajando.
En las últimas semanas, grupos de empresarios de la región pedían acelerar estos trámites, mientras que voces de Sumar del entorno alertaban de los peligros de que Vox y PP reabrieran la central si llegaban al poder. Con la orden ministerial, el desmantelamiento se torna más difícil de revertir, a solo una semana de las elecciones generales, en caso de cambio de gobierno. El proceso tendrá dos fases y se alargará hasta 2033. El ministerio ha informado que colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre y que ya ha destinado 7,7 millones a 12 proyectos municipales.
La central, que arrancó en 1971 y contaba con una potencia de 466 megavatios, lleva desconectada desde el año 2012, cuando Nuclenor, empresa responsable, explicó que no seguiría explotándola, y un año después, en julio de 2013, se declaró el cese definitivo.
Desmantelamiento en dos fases
En la primera fase del desmantelamiento, se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina y se modificarán los sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de residuos. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.
En la segunda fase, ya con el combustible en el almacén, se desmantelarán finalmente los edificios de carácter radiológico, así como se llevarán a cabo las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones para concluir con la restauración del emplazamiento.
La autorización llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, y de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un informe favorable el pasado mes de mayo, junto a la Declaración de Impacto Ambiental que aclara las condiciones que debe cumplir el proyecto. Ahora, Nuclenor transferirá la titularidad de la central a Enresa en los próximos días para que se puedan empezar las obras.
El Instituto para la Transición Justa, que lidera esta transformación, empezó a trabajar en los 27 municipios donde da trabajo la planta nuclear para compensar las pérdidas asociadas al desmantelamiento. Ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE).