El Gobierno da por “resuelto” el concurso de Muface, la mutua que presta asistencia privada a un millón y medio de funcionarios públicos. Aunque la presentación de ofertas finaliza a última hora de este martes y las plicas no se abrirán hasta las 10.15 del miércoles, las dos principales aseguradoras, SegurCaixa Adelas y Asisa, ya han confirmado que se presentan al concurso, con lo que se garantiza la continuidad del servicio.
Mapfre ha comunicado que descarta concurrir al concurso, aunque esta decisión no trastoca los planes del Gobierno porque esta aseguradora ya no se presentó a la anterior licitación, que adjudicaron hace más de dos años. DKV y Axa todavía no han anunciado su posición, si bien su participación no es imprescindible para mantener los actuales servicios.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dado este martes por resuelto el concierto de Muface: "Ya sabemos que dos grandes, Asisa y Adeslas, han concurrido. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el problema está resuelto", aseguró a los periodistas presentes en el Mobile World Congress de Barcelona.
Mapfre ha descartado participar en el concurso, aunque tampoco estuvo en el último que se licitó, hace dos años. Después de que el Gobierno anunciase una substancial mejora de las condiciones, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, indicó que estudiarían los pliegos. No obstante, un portavoz de la aseguradora confirmó este martes que han declinado concurrir porque “no encaja en su estrategia”.
El contrato se ha incrementado hasta los 4.808,5 millones de euros para el periodo 2025-2027, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incremento que ofreció el Gobierno. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.
En el nuevo concierto, la prima registra una subida diferenciada en función de los tramos de edad. Las primas finalizarán 2027 en un rango que va desde los 32,9 euros por mes para los asegurados de entre 5 y 14 años hasta los 273,97 euros para aquellos con más de 74 años. Estos importes están exentos de IVA.
Los pliegos del concurso incluyen una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para tranquilizar a las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un "riesgo imprevisible" y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la "onerosidad" de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.
El concierto de Muface abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
La primera licitación del concurso de Muface quedó desierta en noviembre del año pasado al considerar las aseguradoras que la propuesta les llevaría a incurrir en pérdidas. El Ministerio de Función Pública abrió entonces una consulta preliminar de mercado y, posteriormente, sacó una segunda licitación, que más tarde modificó hasta alcanzar los 4.808,5 millones en tres años.
Durante estos meses, la situación generada ha abierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que implica que el Estado cofinancie un seguro médico privado para los funcionarios públicos. Dentro del propio ejecutivo existen discrepancias. Sumar ya planteó en su programa electoral la extinción progresiva de la atención sanitaria privada para los funcionarios y el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe en este sentido. Para el PSOE, según Óscar López, es un debate que se puede abordar, pero una vez quede resuelta la situación para los próximos tres años.
Por su parte, los sindicatos han venido reclamando la continuidad de este modelo que rechazan calificar de "privilegio". CCOO y UGT han pedido al Gobierno y a las aseguradoras un esfuerzo para garantizar su continuidad y, de forma más beligerante, CSIF llegó a anunciar una convocatoria de huelga si la licitación volvía a quedar desierta. Otros sindicatos del sector público (ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO) han creado una plataforma para defender y exigir conjuntamente la continuidad de este servicio.