El Gobierno desembolsará 260 millones de euros para impulsar los alquileres asequibles. Así lo ha confirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. De este modo, se ha aprobado una adenda al convenio firmado entre el ministerio y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) el pasado octubre, con el objetivo de destinar dicha inversión "para impulsar medidas que sirvan para dinamizar la oferta de vivienda para alquiler asequible".
En este sentido, Sánchez ha asegurado que el gasto inicial estaba previsto en 115 millones de euros, pero ahora pasan a ser 260 millones, por lo que el importe máximo que se dedicará al Sepes en 2023 será de 375 millones. La nueva dotación permitirá al Sepes comprar al Ministerio de Defensa (Invied) de forma inmediata los terrenos de Campamento que aún no posee y poner en marcha el desarrollo de esta operación urbanística, como ha precisado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en un comunicado.
"La cantidad que hemos transferido a Sepes desde 2018 asciende a casi 622 millones de euros. Este convenio convierte de facto a Sepes en el brazo ejecutor de la política de vivienda del Estado y promotor de suelo del Estado", ha dicho Sánchez en la rueda de prensa. En concreto, los 260 millones de euros aprobados en la adenda se sumarán a los 361,6 millones que Mitma ya ha transferido a la entidad pública de suelo entre 2018 y 2022 para ejecutar proyectos que dinamicen la oferta de vivienda pública, hasta alcanzar en este 2023 un total de 621,6 millones de euros.
Se espera que el Sepes desarrolle más de 15.000 viviendas
La titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha resaltado el "papel destacado" del Sepes dentro de los Planes Estatales de Vivienda, por lo que se está dotando de herramientas para que pueda "pueda intervenir y recuperar suelos públicos en desuso, o que están obsoletos" y se puedan poner a disposición "para desarrollar políticas de vivienda asequible".
Sánchez ha recordado que España cuenta con un escaso parque de vivienda pública, de apenas 220.000 hogares, que queda muy lejos de los países de su entorno, por lo que el Gobierno está movilizando viviendas a través de los Planes Estatales de Vivienda, con 14.000 inmuebles impulsados en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los dos últimos Planes Estatales de Vivienda.
Además, fuera de estos, se han acordado, también con entidades locales y comunidades autónomas, 9.849 viviendas, más otras 14.000 que se construirán gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). "Vamos a alcanzar el objetivo del PRTR con 20.000 viviendas 2026", ha garantizado la ministra. Asimismo, el Mitma también está movilizando la cartera social de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con unas 15.000 viviendas ya habitadas y la intención de llegar a 28.000.
Con la adenda aprobada este martes, se espera que el Sepes desarrolle más de 15.000 viviendas. "La adenda de hoy no va a ser la última. La vocación de este Gobierno y de Sepes es ir ampliando la cartera de actuaciones, las suyas y las que pueda ir acordando, con diferentes administraciones y con el sector privado", ha agregado.
Operación Campamento
La transferencia de 260 millones de euros al Sepes se hará efectiva en las próximas semanas, para que se pueda ejecutar la compra de las instalaciones de Defensa. El Sepes quedará entonces al frente de "una de las mayores actuaciones de regeneración espacio urbano" de Europa, como ha dicho Sánchez. El objetivo es edificar, al menos, 10.700 viviendas públicas asequibles.
Para acelerar la ejecución de la operación Campamento, el Ministerio, a través de Sepes, mantiene contacto permanente con el Ayuntamiento de Madrid para adelantar gestiones y documentos de planeamiento. En la actualidad, Sepes es dueño de 243.922 metros cuadrados de los suelos de Campamento, lo que supone un 12% del total del ámbito. Así, tras el pago de Invied, la entidad dependiente del Ministerio será propietaria de más del 93% del suelo de Campamento.
El Mitma espera que el desarrollo del Campamento sea "modélico en términos de sostenibilidad y medioambiente" para desarollar el suroeste de Madrid capital con "los mejores y más avanzados diseños de desarrollo urbano, con especial atención a la movilidad y la calidad de vida".
Sepes tiene actualmente un total de diez actuaciones residenciales adscritas al Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA), que permitirán el desarrollo de más de 15.000 viviendas y, paralelamente, trabaja en el análisis de nuevas localizaciones para aumentar este número de viviendas hasta superar las 30.000 en una década, como apunta el Mimta.
Además de la edificación de Campamento, el Mitma tiene operaciones de regeneración urbana tan importantes como Son Busquets, en Palma de Mallorca; en el Cuartel de Ingenieros y de Artillería, en Valencia; en Ca'n Escandell, en Ibiza; en Vasallo, en Menorca; en Buenavista, en Málaga; en el Regimiento de Artillería, en Sevilla; así como otras actuaciones en Ceuta y Melilla.
Ampliando capacidades para desarrollar suelos titularidad de ayuntamientos
Dentro de estas nuevas competencias aprobadas en la adenda, Sepes ha firmado protocolos similares con el ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, para desarrollar vivienda asequible y abordar políticas de reto demográfico, o con los ayuntamientos de Batea o Sarriá de Ter, ambos en Cataluña, para generar vivienda asequible en esos municipios.
Sánchez ha señalado que también se están ampliando las capacidades del Sepes para desarrollar suelos que normalmente son titularidad de los ayuntamientos y que "puedan ser puestos a disposición para poder promover vivienda en alquiler asequible". Así, ha puesto como ejemplo el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y la Junta de Extremadura para dar respuesta habitacional a la implantación de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos.
Sánchez ha insistido en que este Gobierno tuvo que "empezar de cero" para "intentar revertir un modelo de vivienda que ha marginado a muchas personas", y ha multiplicado los presupuestos para vivienda, al pasar de los 475 millones de euros destinados en el último año del PP a los 3.500 millones de euros del Ejecutivo de coalición.