El gobierno en funciones ha puesto en valor su "política fiscal justa", después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz-Ayuso. "Es una decisión importante que adoptó el Gobierno en aras a lo que creemos, es una fiscalidad que ha de ser justa", ha destacado la portavoz del Ejecutivo en funciones y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La voluntad del Gobierno con esta medida, según Rodríguez, es poder tener un país más cohesionado socialmente, lo que precisa de una política fiscal justa. "Es en lo que hemos trabajado durante estos años y desearíamos seguir trabajando en los próximos en los próximos años", ha asegurado.
Más comunidades
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia, como la patronal catalana Foment. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó. La decisión adoptada este miércoles por el TC tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobase el impuesto. La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca.
El impuesto avalado por el Constitucional es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
En el marco de su acuerdo programático para formar un nuevo gobierno de coalición progresista, PSOE y Sumar se han comprometido a evaluar los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios. Lo que sí se fija en el acuerdo es la revisión de los gravámenes a banca y energéticas, con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual (2024).