La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha vuelto a sacar pecho del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un acto sobre rentas de inserción sin responder a los cuestionamientos del Defensor del Pueblo, que le pidió expresamente que no exigiera la devolución de los cobros indebidos a las familias vulnerables. Lo hizo durante un seminario sobre la protección social celebrado en Pamplona y después de participar en la Comisión de Seguimiento del IMV. 

La Airef informó, con cifras de octubre de 2023, que los cobros indebidos afectaban a 85.000 familias y una sentencia reciente de La Rioja concluye que los afectados no deben cargar con el coste de un error administrativo sobre ayudas para subsistencia básica, pero el ministerio sigue sin respuesta. La Seguridad Social sigue enviando cartas a miles de beneficiarios del IMV para que devuelvan las partes de la prestación que no les correspondían, pero muchos de ellos no cuentan con ingresos y dedicaron las ayudas a cubrir las necesidades básicas. 

Saiz anunció que el 4 de noviembre empezará a funcionar el teléfono 020 para consultas sobre el Ingreso Mínimo Vital y que a partir del día 22 ya funcionará "la pasarela para el traspaso del subsidio por desempleo hacia el Ingreso Mínimo", que permitirá que aquellas personas que agoten su subsidio cobren la prestación y no haya personas vulnerables que se queden colgadas y sin ayuda. 

"Nunca habíamos invertido tanto y con tanto retorno en el escudo social", ha defendido Elma Saiz, que ha hecho inciso en que la Agencia Tributaria ha reconocido el impacto del Ingreso Mínimo en la reducción del riesgo de pobreza. "Si no fuera por esta prestación, duplicaríamos la tasa de pobreza", actualmente del 21,4% en España, ha aseverado Saiz, que ha asegurado que el Ingreso Mínimo Vital es seguido de cerca por entidades internacionales y que va de la mano cada vez más de políticas de inserción laboral. 

Tras la aportación de la ministra, el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, participó en una mesa redonda sobre los retos de las prestaciones sociales y tampoco hizo mención a la crisis de los cobros indebidos. Preguntado por los desafíos de las prestaciones, defendió que "una articulación más precisa de las acciones que se llevan a cabo y con la puesta en marcha de esta pasarela", así como la coordinación con las comunidades autónomas, algunas de las cuales están asumiendo la gestión de esta prestación.

Tampoco mencionó los cobros indebidos el subdirector general de políticas de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gonzalo Valencia, que participó en un debate posterior. Valencia ha dedicado un capítulo a "aquello que no ha funcionado" con el Ingreso Mínimo Vital, y ha hecho inciso a brechas de acceso a la prestación y otras cuestiones, pero no a la crisis por los cobros indebidos.  

Los pagos indebidos del Ingreso Mínimo Vital suelen tener relación con el hecho de que la prestación se aprueba teniendo en cuenta los datos de la declaración de la renta, que no refleja la situación del beneficiario en ese momento, sino durante el año anterior. Un año después, con los datos del ejercicio en curso, la Seguridad Social revisa los datos y, en muchas ocasiones, observa un cambio de situación y de ingresos. 

El Defensor del Pueblo emitió una nota en agosto de este año alertando del riesgo que supone para las familias vulnerables tener que devolver la prestación y pidió que se perdonara esta deuda, debido a la vulnerabilidad de las familias y a la falta de mala fe o responsabilidad de las mismas, ya que el error es de la administración. 

En el mismo sentido, se manifestó la sentencia del pasado mes de julio del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que perdonaba una deuda de 4.315 euros a un beneficiario del IMV por el hecho que no era suya la responsabilidad del error y de que eran prestaciones dedicadas a cubrir necesidades básicas. La sentencia se inspiraba en la doctrina Cakarevic, sobre un caso de 2018 en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió a favor de una ciudadana croata con este apellido y en contra del estado croata anular la devolución del cobro indebido de una prestación de desempleo, ya que el error era solo imputable a la administración y la devolución suponía una "carga excesiva" para la afectada.