El Ministerio de Hacienda publicó este martes los datos de recaudación y gasto territorializado para la confección de las reclamadas balanzas fiscales. Es la primera vez que lo hace en siete años; por lo tanto, el gobierno socialista de Pedro Sánchez se estrena aportando una información que Cristóbal Montoro sí había publicado, y lo hace a instancias de Junts, que lo puso por escrito en el acuerdo de investidura con el PSOE. Pero la información es insuficiente, pese a que el Gobierno se ha comprometido a aportar más en las próximas semanas.

Los datos aportados por el equipo de María Jesús Montero no satisficieron al Govern y la conselleria de Economía criticó que hay 102.000 millones que no se sabe dónde van. En concreto, dentro del gasto corriente de la Administración General del Estado –es decir, lo que gastan los ministerios y todos los organismos, instituciones y empresas públicas del Estado central, con la única excepción de la Seguridad Social, que tiene una contabilidad propia– hay 102.513 millones de euros en la categoría "no regionalizada", el 96,3% del total.

No obstante, sí que se conoce el destino de parte de este gasto, a pesar de no estar territorializado. Por lo tanto, el Govern tiene razón solo en parte. La mayor partida de estos 102.513 millones es la amortización y gasto financiero vinculado a la deuda pública, que asciende a 26.650 millones y que no se regionaliza porque va directamente de los presupuestos del Estado a los bancos, instituciones y acreedores de los 1,5 billones de euros de deuda del Estado. La tercera partida más importante de este grupo, más de 15.000 millones, son transferencias a los presupuestos de la Unión Europea, por lo tanto el destino también está claro.

Si quitamos de la ecuación estos conceptos y algún otro, como la cooperación con países extranjeros, la cifra de gasto del Gobierno que no se sabe dónde va es de unos 60.500 millones de euros, un 57% del total. Aquí encontramos 17.000 millones de pensiones pasivas que no dependen de la Seguridad Social, 6.800 de seguridad ciudadana, casi 3.000 de gastos operativos de las fuerzas armadas y más de 2.100 de becas que no sabemos si reciben estudiantes de Pinto, Valdepeñas o Tremp, entre muchos otros conceptos.

Hay más de 60.000 millones que el Gobierno no dice dónde gasta, pero 214.000 de impuestos que no revela dónde recauda

Si nos fijamos en el gasto corriente que sí está regionalizado, en total 3.991 millones, Madrid es la primera comunidad, con 697 millones (17,5% del total) por el efecto capitalidad y el hecho de tener las sedes de los ministerios y la mayoría de instituciones del Estado, pero no es la más beneficiada, porque otros reciben un gasto más alto en relación con su PIB, como Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Catalunya, con 153 millones (3,8%), ocupa el noveno lugar, posición que se explica en parte porque tiene más competencias y, por lo tanto, el dinero para hacerles frente le tiene que llegar por otra vía, por las transferencias del modelo de financiación para cubrir estas necesidades. Ese es otro caballo de batalla.

Con respecto al gasto de la Seguridad Social, Catalunya sí que ocupa el primer lugar, con el 18,7% del total, 27.085 de los más de 145.000 millones que gastó esta institución. Se trata de 6.000 millones más que Madrid y Andalucía, segunda y tercera comunidad, respectivamente, si bien se trata de un gasto que no responde a una voluntad política sino que se trata, en su gran mayoría, del pago de pensiones y está relacionado con la cotización de los trabajadores. De hecho, también es en Catalunya donde más ingresa la Seguridad Social (22.700 millones).

¿Dónde recauda los impuestos el Gobierno?

Otro dato que no conocemos, y que es la madre del cordero del conflicto de la financiación de Catalunya, junto con las inversiones y su ejecución, es cuánto se recauda con los principales impuestos en cada territorio. Los datos aportados por Hacienda solo regionalizan los impuestos cedidos, pero no el IVA, el IRPF, Sociedades y otros, como el de hidrocarburos, tabacos, bebidas alcohólicas y electricidad.

En la práctica, eso supone que el Gobierno de Sánchez no concreta dónde se pagan el 92% de los impuestos, casi 214.000 millones en 2021, en el que la recaudación era más baja que en 2022 y en 2023 por la crisis de la covid. Solo el IVA y el IRPF suponen el 72% de los 232.000 millones que el Estado recaudó en impuestos, y no se sabe cuánto aportaron los ciudadanos y empresas de cada comunidad autónoma.

Lo cierto es que alguna metodología para la confección de las balanzas fiscales no necesitan este dato, pero otras sí, para conocer la aportación total por regiones, motivo por el que la información es insuficiente. Hacienda advirtió este martes en un comunicado de que los archivos de Excel hechos público este martes eran "una primera fase de datos y que la idea se ir completándola en las próximas semanas en una segunda fase".