El Gobierno quiere prohibir el trabajo al aire libre "cuando exista alerta naranja o alerta roja" por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una medida con la que se modificará el reglamento de prevención de riesgos laborales y que se aprobará previsiblemente este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una visita a la localidad madrileña de Alcorcón, donde ha explicado que esta y otras modificaciones de la legislación laboral se llevarán a cabo con el objetivo de hacer frente a la sequía y a las consecuencias del cambio climático. "Vamos a emprender unas modificaciones legislativas para justamente incorporar en la legislación laboral medidas específicas de cumplimiento obligatorio de las empresas; vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo", ha insistido Díaz en declaraciones a los medios.
Golpes de calor
La ministra de Trabajo ha reiterado la necesidad de "tener en cuenta los factores climatológicos" en el reglamento de riesgos laborales para evitar "episodios muy graves" que se han dado otros años, donde han llegado incluso a "fallecer trabajadores ante golpes de calor" en ocupaciones como la limpieza de las calles o la recogida de basuras.
"El cambio climático ha llegado a los municipios, ha llegado a la vida de la gente, es real. No solamente no es verdad lo que dice la derecha en España, lo que decía Rajoy con sus primos. La modificación que hacemos tiene que ver justamente con traducir el cambio climático en las normas laborales", ha añadido. Las actividades laborales que se verán interrumpidas por las temperaturas extremas serán fundamentalmente tareas como limpieza o recogidas de residuos, además de que también se establecerá la obligación de reducir la jornada laboral y cambiar horarios cuando se den estos avisos por parte de la Aemet.
Ayudas a los agricultores
Paralelamente, el Gobierno aprobará así otras medidas que tienen la intención, por una parte, de ayudar de forma directa a los agricultores y de sacar adelante obras de emergencia hidráulicas. Por ejemplo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto que permita aplazar cuotas de la Seguridad Social a los agricultores, reducciones fiscales y rebajas a las tarifas del agua. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha avanzado este miércoles cuáles serán algunas de las líneas que seguirá este nuevo decreto.
Ribera ha explicado que el Gobierno busca anticiparse y garantizar si fuera necesario el abastecimiento de agua en las ciudades y su disponibilidad para los agricultores. En marzo del año pasado, el Gobierno español ya aprobó un decreto con medidas para ayudar al sector agrario en materia fiscal, laboral, social y financiera. En aquel momento, ya se aplazaron las cuotas de la Seguridad Social en empresas y autónomos del sector, y también se llevó a cabo una rebaja fiscal y se enviaron ayudas directas por valor de prácticamente 25 millones de euros con préstamos bonificados y avales. Desde el Gobierno también sacan pecho de haber "fomentado los seguros agrarios" con 257 millones de euros durante el año pasado y 317 millones este 2023.