El Gobierno enviará su propuesta de reforma del mercado mayorista de la electricidad a la Unión Europea, donde plantea que la compra de energía se realice con contratos a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la electricidad.  Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes.

"La inmensa mayoría de la energía se contrata en mercados a corto plazo. Creemos que es una solución eficaz y compatible con todos los estados miembros", ha asegurado Ribera. En este sentido, la ministra ha destacado que el mercado no está preparado para abordar los retos actuales ni las "situaciones de estrés" que hemos visto en el mercado energético estos últimos meses. 

Cuando se diseñó hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del mix total, pero ahora alcanzan el 50% y se prevé que lleguen al 75% para el año 2030. Es por ello que la vicepresidenta tercera ha señalado la intención del Gobierno de "apostar por un modelo de energías renovables con costes operativos bajos, que benefician al consumidor medio, no solo a los productores", así como la necesidad de reducir la "extrema volatilidad" de precios.

Así, el Gobierno español propone a la Unión Europea un sistema que se basa en un mercado de corto plazo (diario e intradiario) líquido y transparente, como el que se da en la actualidad. Este sistema se combinaría con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad adaptados a las necesidades particulares de cada mercado nacional o regional.

Mercados de capacidad para las marginalistas

Según la propuesta de Ribera, para la implementación de la reforma sería necesario modernizar la directiva del mercado interior y de esta manera facilitar la introducción de mercados de capacidad que garanticen la seguridad de suministro y el fácil desarrollo de los contratos por diferencia (CfD, del inglés Contract for difference) para las plantas existentes.

En resumen, el modelo que plantea España consta de una primera medida, la de cerrar contratos a largo plazo con energía renovable, nuclear e hidráulica (por medio de subastas y con fijación de precios regulados) y, en segundo lugar, cerrar contratos de capacidad a plazo para las tecnologías marginalistas de ciclo combinado.

El objetivo es que el regulador contrate con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante CfD, a precio fijo y orientado a costes. Todo ello mientras introduce mercados de capacidad para las marginales, lo que da flexibilidad a cada país para que elija un instrumento, entre los que se valoran las reservas estratégicas, subastas de capacidad, opciones de confiabilidad u obligaciones
descentralizadas.

El Gobierno también ha propuesto incentivos económicos a la nuclear e hidráulica para que generen electricidad en las horas más caras, de modo que las plantas con capacidad firme, almacenamiento y gestión de la demanda tengan incentivos económicos para garantizar su disponibilidad.

Prórroga de la "excepción ibérica"

Con estas medidas, el Gobierno pretende que el precio más bajo de las tecnologías renovables quede más integrado en el precio final de mercado. Asimismo, del Consejo de Ministros de este martes también sale la propuesta de prorrogar la denominada "excepción ibérica" hasta finales de 2024.

Una medida que, según ha indicado Ribera, ha supuesto hasta la actualidad un ahorro total de 4.500 millones de euros, un promedio de 150 euros por familia, para aquellas personas que se hayan acogido a la tarifa regulada. "Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de la «excepción ibérica»", ha asegurado Ribera.

La ministra ha querido recalcar la importancia de que se lleve a cabo esta ampliación en España y Portugal, mientras que la Unión Europea moderniza su marco regulatorio del mercado interior de la electricidad. La ministra ya adelantó el lunes que el Gobierno tenía la intención de pedir autorización a la Unión Europea para que esta "excepción ibérica" pudiera aplicarse más allá del próximo mayo, por lo menos, hasta finales de 2024, con un "tope al gas" lo más bajo posible, en torno a 45 o 50 euros.
 

Subvención de proyectos de hidrógeno verde

Otro de los anuncios que ha hecho la ministra de transición Ecológica y Reto Demográfico este martes en materia energética tiene que ver con los proyectos relacionados con el hidrógeno verde en España. De este modo, el Gobierno ha aprobado un real decreto para subvencionar los cuatro proyectos españoles elegidos por Bruselas en la primera convocatoria europea, realizada en junio, para promover el hidrógeno verde. 

Estos proyectos fueron los de Sener (País Vasco), Nordex (Asturias y Navarra), Iveco (Madrid, Valladolid y Barcelona) y H2B2 (Sevilla). Las subvenciones recogidas en el decreto permitirán cubrir el 100% del coste de estos proyectos, ya que aportarán la parte que las ayudas europeas no cubran.

En este sentido, la ministra ha destacado la posición de España en el desarrollo de este tipo de energía renovable, que actualmente concentra el 20% de toda la inversión mundial destinada al hidrógeno verde, o el 78% de todas las patentes en este ámbito. "Este real decreto permite seguir trabajando para impulsar el hidrógeno renovable, que irá teniendo mayor peso en el mix energético en detrimento del petróleo, y que supone una oportunidad muy relevante para España, donde estamos en buenas condiciones, desde el punto de vista geográfico, para proyectar la industria necesaria", ha señalado Ribera.