El nuevo decreto 'ómnibus' aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y que cuenta con un total de 29 medidas, incluye la prórroga del escudo antiopas para sectores estratégicos durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía, aprueba la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por un periodo de dos años, tal y como ya hizo el pasado 23 de diciembre.
El rechazo del pasado miércoles por parte del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus, en el que se encontraba esta y otras muchas medidas, ha obligado al Gobierno a volver a ratificar esta medida este martes tras alcanzar un acuerdo con Junts.
Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado que este escudo antiopas se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la UE o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) con el objetivo de proteger diversos sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público.
Supeditada a la aprobación del nuevo decreto en el Congreso, esta propuesta supone la prórroga del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas, que está establecido en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, la misma medida que la ratificada el 23 de diciembre.
Según informó entonces el Ministerio de Economía, el régimen se aplicará a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la UE y la AELC en dos casos distintos, en función de si la empresa es cotizada o no.
En caso de que sea cotizada, se aplicará en aquellas compañías cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.
Asimismo, en las empresas no cotizadas, el régimen se empleará cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.
Complementario al decreto de inversiones extranjeras
Esta medida, además, es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023, que regula el procedimiento de control de inversiones.
En julio de 2023, el Gobierno modificó, en línea con la normativa comunitaria, la legislación sobre el control de inversiones extranjeras procedentes de fuera de la Unión Europea en marzo de 2020, con motivo de la crisis global de la covid y la inestabilidad de los mercados financieros.
La modificación se realizó mediante la introducción del artículo 7 bis en la Ley 19/2003, que estableció que ciertas inversiones extranjeras directas en el país deben ser aprobadas previamente por razones de seguridad, salud y orden público.
La normativa que desarrolla este régimen de control de inversiones se aprobó el Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España en julio de 2023 y desde entonces, este régimen ha sido prorrogado sucesivamente para mantener la protección sobre sectores estratégicos en un contexto de incertidumbre global.
El nuevo decreto aprobado este martes recoge medidas del anterior que suscitaban ya consenso, como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte y a afectados por la dana; otras a las que el PP se ha opuesto, como extender la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, y deja fuera políticas fiscales o entregas a cuentas de las autonomías, que se seguirán negociando.