Los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han registrado una reforma legal en el Congreso para que se declaren nulos todos los contratos suscritos mediante llamadas comerciales que no han sido consentidas por el consumidor. En concreto, los socios del Ejecutivo quieren que en el marco de la contratación por vía telefónica se presuma que no haya voluntad de contratar, deviniendo nulo el contrato, en aquellos contratos suscritos con incumplimiento de lo previsto en la normativa relativa a llamadas no solicitadas.
A pesar de que la Ley General de Telecomunicaciones ya recoge el derecho de los consumidores a no recibir llamadas comerciales no solicitadas sin un consentimiento expreso previo, el Gobierno español dice que esto se vulnera de manera reiterada. "Los numerosos incumplimientos de este precepto tienen consecuencias económicas para las personas consumidoras", denuncian PSOE y Sumar en su enmienda, recogida por Europa Press.
Este tipo de llamadas, dicen los partidos del Gobierno de coalición, son "intrusivas y generalmente inesperadas", lo que coloca a la persona consumidora en una posición de desventaja al no contar con la oportunidad de analizar detalladamente la oferta, los términos y las condiciones del contrato.
A esto añaden que la presión ejercida por los operadores telefónicos "puede inducir a una decisión apresurada, sin permitir una reflexión adecuada ni la posibilidad de comparar alternativas, afectando así la autonomía de la voluntad". En este contexto, la reforma plantea que los contratos suscritos a consecuencia de estas llamadas se consideren nulos por falta de un elemento "esencial" en la contratación como es el consentimiento.
Eso sí, la enmienda registrada por PSOE y Sumar recoge que el consentimiento previo de los consumidores para recibir este tipo de llamadas comerciales se tienen que renovar cada dos años para garantizar el respeto de la voluntad real de las personas consumidoras. Ahora esa enmienda se discutirá en la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo encargada de debatir la ley y, si tiene mayoría, se incorporará al articulado.