La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoce en el Plan de Estabilidad que la Comisión Europea (CE) no se cree la previsión que el Gobierno de España hace del gasto público para 2023. Así, en el apartado de “comparación con las previsiones de la CE” -que debe aparecer obligatoriamente en el documento remitido a Bruselas-, el organismo europeo eleva los gastos totales del conjunto de las administraciones españolas en un 0,6% del PIB respecto a lo defendido por el Gobierno español. El Gobierno español ha elaborado sus cifras con una previsión de crecimiento del PIB del 2,1% para este año y la CE con el 1% que manejaba en octubre, aunque hace unos días la ha elevado al 1,9%.
Así, con los datos recogidos en el programa de Estabilidad, el conjunto del gasto público se elevaría este año en 8.150 millones de euros frente a lo previsto por los cálculos de Economía. Además, el Gobierno también reconoce que la CE duda de que España vaya a ser capaz de reducir el déficit al 3% en 2024, lo que según el Gobierno adelantaría un año la obligación de volver a la senda de estabilidad impuesta por Bruselas. El Gobierno español ha comunicado a Bruselas que los gastos totales de las administraciones públicas españolas serán equivalentes al 47,3% del PIB, unos 643.100 millones de euros, (medido con los datos de Contabilidad Nacional entre el primer trimestre de 2023 y el de 2022). Pero la CE considera que las previsiones españolas se quedan cortas y considera que los gastos totales eleven al 47,9% del PIB, seis décimas más, unos 651.250 millones de euros. De hecho, el Gobierno reconoce que las principales discrepancias con Bruselas están en la parte del gasto.
En el caso de los ingresos, la Comisión ha sido más generosa que el propio Gobierno español y considera que las administraciones públicas ingresarán en 2023 por impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social el 43,6% del PIB (592.790 millones de euros), dos décimas más de los cálculos del ejecutivo español que considera que alcanzarán este año el 43,4% del PIB (590.070 millones de euros), unos 2.700 millones menos de lo que espera Bruselas. Esta mayor recaudación permite que se acorte a cuatro décimas la diferencia entre el déficit público que espera el Gobierno español, el 3,9% (53.025 millones de euros), y el 4,3% pronosticado por la CE (58.460 millones). Aun así, 5.440 millones más de lo vaticinado por el Ministerio de Asuntos Económicos.
Aunque el Gobierno no entra a discutir las previsiones de la CE, argumenta en la Actualización Programa de Estabilidad 2023-2026 que la previsión de Bruselas data de octubre de 2022 y no incorpora la información del cierre del ejercicio 2022. En cualquier caso, las previsiones de cierre del ejercicio de 2022 tendrían un mayor efecto sobre los ingresos que, ciertamente, se han disparado, con un aumento del 14,5% en el total de los impuestos estatales, pero también en la Seguridad Social. No obstante, el cierre del ejercicio no tiene tanta influencia en el gasto.
De hecho, según datos del Gobierno, los ingresos totales de 2022 fueron el 43% del PIB, cuando en el Programa de Estabilidad de 2022 se preveía un 42% del PIB, lo que ha arrojado unos 1.200 millones más de recaudación que lo previsto en abril del año pasado. Sin embargo, las diferencias fueron más abultadas en los gastos, pues se pronosticó un 47% del PIB y el año terminó en el 47,8%, ocho décimas por encima, casi 10.000 millones más. No obstante, cabe recordar que en abril del año pasado, aunque ya se había producido la invasión de Ucrania y el Gobierno había adoptado el primer paquete de ayudas para luchar contra el IPC (incluyendo los 20 céntimos por litro de combustible), era impredecible el efecto de las medidas antiinflacionista sobre el gasto público. Según el Gobierno, las medidas adoptadas hasta la fecha superan los 35.000 millones de euros, (10.000 más si se suman los avales del ICO), incluyendo “la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia”, con un impacto estimado de unos 18.000 millones desde junio de 2021.
Pero si la CE no se cree las previsiones españolas para 2023, tampoco las de 2024, especialmente preocupante porque el Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en el Congreso unos días antes de remitir a Bruselas el Plan de Estabilidad, que España adelantaría un año, a 2024, la obligación de la CE de colocar el déficit público por debajo del 3%. El documento pronostica, como dijo Montero, que 2024 terminará con el déficit público en el 3%, aunque la CE discrepa del Gobierno y en otoño dijo que se quedarán lejos, en el 3,6%, seis décimas por encima de las que tres proceden de menores ingresos y las otras tres de mayores gastos, según los cálculos de los funcionarios de la Comisión. No obstante, en su revisión de primavera, la CE ha suavizado esta diferencia y cree que, aunque seguirá sin cumplir con el 3%, el déficit del próximo año será del 3,3%, tres décimas menos que en sus cálculos de otoño.
Desviaciones frecuentes
Las diferencias entre los pronósticos del Gobierno de España y los que maneja la CE son frecuentes. No obstante, en el programa correspondiente a 2022 fueron menores, pues Bruselas y Madrid coincidieron en los ingresos y se desviaron tan solo dos décimas en los gastos totales. Lo que supuso que España vaticinase un déficit para 2022 del 5% y Bruselas el 5,1%. Finalmente, el año terminó con un déficit inferior, del 4,8%, gracias una recaudación superior a la prevista en 1 punto porcentual.
Sin embargo, las diferencias entre los pronósticos del Gobierno español y el de Bruselas fueron mucho mayores en el Programa de Estabilidad de 2021, aunque entonces el covid generó mucha incertidumbre sobre la evolución económica y, especialmente, en el gasto público. Así, mientras que el Gobierno pronosticó un déficit del 8,4% para ese año, la CE lo elevó al 9,6%, 1,3 puntos porcentuales más.