La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que el Gobierno revisará la regulación de la jubilación flexible mejorando el porcentaje de pensión que podrán mantener los trabajadores ya jubilados si deciden reengancharse al mercado laboral.
Saiz ha recordado que se quiere abordar esta revisión en el plazo de seis meses, tal y como quedó recogido en el último paquete de medidas pactado en julio con patronal y sindicatos, un acuerdo que ha defendido este jueves ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y que, entre otros cambios, amplía las opciones para compaginar trabajo y pensión.
La jubilación flexible, ha explicado Saiz, es la que se da cuando un pensionista que ya había cesado de manera definitiva en el mercado laboral decide retornar al trabajo.
La ministra ha subrayado este compromiso mientras desgranaba ante el Pacto de Toledo todos los cambios recogidos en ese acuerdo que precisa del correspondiente desarrollo reglamentario para entrar en vigor.
El acuerdo, ha explicado, incluye mejoras en la flexibilidad de la jubilación para que los trabajadores "puedan prolongar su vida laboral" con cambios tanto la jubilación demorada como la activa.
En este punto, ha incidido en que la proporción de pensionistas que retrasan la edad de jubilación "ha aumentando significativamente" hasta situarse en el 10 % el pasado mes de agosto, el doble que hace tres años.
"Queremos que nuestros trabajadores puedan decidir cómo y cuándo pasar a un retiro digno", ha dejado claro Saiz.
Junto a esto, ha recordado los cambios para los coeficientes reductores de la edad de jubilación para quienes hayan realizado trabajos especialmente penosos o insalubres en determinadas actividades.
"Estas profesiones, que implican un desgaste físico y mental significativo y que se determinarán por parámetros objetivos, merecen un tratamiento diferenciado que reconozca las duras condiciones a las que están sometidos", ha dicho Saiz, y todo ellos sin "perder la perspectiva de género".
También se ha referido a la jubilación parcial y el contrato relevo y ha detallado que en estos momentos hay 51.214 relevistas indefinidos, de los que 50.793 son a tiempo completo, en tanto que hay ostros 14.737 que son temporales.
Esta medida, ha añadido, "rejuvenece las plantillas y mejora la productividad, facilita la transición a la jubilación y asegura la estabilidad laboral a las nuevas contrataciones".
El acuerdo, ha concluido, también busca una participación más activa de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores, con el fin de reducir las listas de espera que acumulan los servicios públicos de salud.
Críticas por el papel de las mutuas
Tras la exposición de la ministra, los grupos han expresado algunas críticas a este acuerdo. Así, BNG ha cuestionado que el acuerdo se alcanzara solo con CCOO y UGT, dejando fuera a los sindicatos con representación relevante en las autonomías.
También se ha sumado a estas críticas el PNV que le ha recordado que el acuerdo es por ahora una "mera declaración de intenciones" y requiere del necesario desarrollo legislativo.
Otros grupos como Bildu o ERC también han expresado sus dudas sobre el papel de las mutuas, mientras que PP y Vox le han reprochado que no acudiera antes al Congreso a dar cuenta de las negociaciones y le han reclamado informes con el impacto económico de los cambios.
Desde Sumar han valorado las mejoras en el tema de los coeficientes reductores y han advertido que estarán "vigilantes" en la tramitación de las solicitudes.