El Gobierno ha iniciado ya, como mínimo, el cobro a 54.970 personas vulnerables para que devuelvan los cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital, ingresados erróneamente por un cambio de situación económica del beneficiario, por un error de la administración o bien porque no se cumplían los requisitos en el momento en el que se concedió la prestación. La cifra, oficial en una respuesta parlamentaria al Partido Popular en noviembre de 2023 a la que ha tenido acceso ON ECONOMIA, debe estar creciendo a diario, según fuentes de servicios sociales y entidades dedicadas a colectivos en riesgo de pobreza, que relatan llamadas diarias de beneficiarios, asfixiados por este motivo en las últimas semanas.
Aunque el error sea de la administración, relatan, el beneficiario tiene que pagar los intereses si fracciona el pago. Algunos beneficiarios ni siquiera pidieron el Ingreso, que se concedió por defecto durante la pandemia, y ahora tienen que devolverlo. "No era una prestación, sino un préstamo", resume una afectada.
Por problemas como este (y otros muchos) derivados de esta prestación aprobada en 2020, la entidad social ATD Cuarto Mundo explicó este miércoles en rueda de prensa la demanda colectiva puesta ante el Comité Europeo de Derechos Sociales de la Unión Europea por las vulneraciones de la Carta Social europea vinculadas a derechos básicos en que incurriría esta prestación.
La presentación, surgida de al menos centenares de quejas recogidas por decenas de entidades y oficinas de servicios sociales y a la propia entidad ATD Cuarto Mundo, tuvo lugar prácticamente en el mismo momento en que, a 2 kilómetros en la misma ciudad de Madrid, la ministra de Seguridad Social, Migración e Inclusión sacaba pecho de que el Ingreso Mínimo Vital es una política "viva" y que ayuda al "empoderamiento" de las familias vulnerables.
"No hemos sido capaces de que la realidad de las familias hiciera mella en el discurso público", contaba resignado Jaime Muñoz, del equipo de ATD Cuarto Mundo, favorable, como la mayoría de entidades, a este tipo de prestaciones, pero indignada y desgastada por los múltiples agujeros y obstáculos para las familias.
99.690 cobros indebidos ya en 2021
Los errores de gestión llevaron a que 47.932 hogares perdieran el Ingreso Mínimo Vital por culpa de una revisión, según un informe de Airef de julio del año pasado, y en 2021 ya se contabilizaban 99.690 expedientes con cobros indebidos, según informó entonces el Defensor del Pueblo con cifras del Instituto Nacional de Seguridad Social. Estos números no se han actualizado aún, por lo que los 54.970 expedientes de cobro iniciados hasta noviembre del año pasado deben de haber aumentado en los últimos meses exponencialmente. "En las últimas semanas, hemos vivido una avalancha, en una semana recibimos como 40 correos, porque están llegando ahora expedientes que reclaman cuantías de 2021 y 2022, ya que la Seguridad Social no tiene personal para solicitarlas más rápido", relata a ON ECONOMIA Hontanares Arranz, también de ATD Cuarto Mundo.
El testimonio cuadra con las históricas y reiteradas quejas de los sindicatos de la Seguridad Social, que culpaban a la administración del atasco y la mala gestión del Ingreso Mínimo Vital. Con todo, el ministerio de Seguridad Social, ahora liderado por Elma Saiz, viene celebrando como un éxito la prestación, que llegaba en mayo a 606.596 hogares y 1,8 millones de personas, con un aumento del 31,2% de prestaciones activas y un acumulado de 831.905 hogares alcanzados. Si de 831.905 prestaciones, 99.690 han sido cobros indebidos, significa que más de una de cada diez ayudas probablemente generen algún percance a sus beneficiarios.
En las oficinas de Servicios Sociales y entre las entidades vecinales que dan apoyo a familias vulnerables, la realidad no refleja ese éxito y fuentes sindicales de la Seguridad Social confirman los problemas de atención, retrasos, errores en los pagos y en definitiva un laberinto que en ocasiones estresa y dificulta la vida a los beneficiarios. Las denegaciones, inadmisiones por falta de documentación u otros motivos, cancelaciones y solicitudes pendientes ascendían en marzo a 2 millones sobre los 2,7 millones de peticiones, según documentos a los que ha tenido acceso ON ECONOMIA.
O sea, que la gran mayoría de solicitantes no consiguen acceder a la prestación, con o sin motivo, algo que el ministro Escrivá en su día atribuyó a que "muchos lo piden sin necesitarlo", pero que choca con la versión del propio ministerio de que existe aún una importante brecha de personas que necesitan la prestación, pero ni siquiera la piden. Un estudio reciente reflejaba que el 87,8% de las personas en riesgo de pobreza se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital.
9 derechos vulnerados por el IMV
Más allá de los cobros indebidos, las quejas de ATD Cuarto Mundo se referían al incumplimiento de la prestación de hasta 9 artículos de la Carta Social Europea (1,7, 13, 15, 16, 17, 27, 30, 31 y E), referidos a derechos básicos como a la asistencia social y médica, al trabajo, al derecho de niños y adolescentes a la protección, al derecho a la protección contra la pobreza y a la no discriminación, entre otros. Muñoz, de la entidad, alegó en la rueda de prensa que espera que si el Comité de Derechos Humanos se pronuncia dándoles la razón, opere a la práctica "como una sentencia" y obligue al Estado a modificar la prestación para dejar de vulnerar estos derechos.
Más allá de los cobros indebidos, la entidad se queja de que las cuantías están por debajo del umbral de la pobreza, de que no se reconoce la ayuda cuando existe un extranjero en situación irregular en la familia, de que se exija un periodo mínimo de residencia legal, que se limite a los mayores de 30 años sin empadronamiento independiente y de que se dificulte la continuidad de la prestación cuando hay un cambio de domicilio, de número de miembros de la familia, de nuevos ingresos esporádicos, entre otros problemas.
Según relatan entidades y afectados, la cancelación de la prestación llega sin aviso, "un día van al banco y no hay dinero", cuenta Arranz, y después llegan las cartas, a las que ha tenido acceso ON ECONOMIA, que explican que se debe proceder a la devolución del importe y avisa de los elevados intereses si el pago se demora. En algunos casos, se ha demostrado el error de la administración en la revisión, y en la mayoría golpea con dureza a familias vulnerables, que cumplan o no los requisitos del Ingreso Mínimo Vital, no cuentan con solvencia económica para afrontar devoluciones de hasta 12.000 euros por errores de la administración y no suyos.