El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por segunda vez, la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027, en los mismos términos que los objetivos presentados en el Congreso -el pasado mes de julio- y que fueron rechazados por todos los grupos políticos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el límite de gasto no financiero nacional -el techo de gasto- sin incluir los fondos europeos alcanzará los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, en concreto 6.138 millones más. La cifra se eleva hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos. La ministra ha insistido en qué estas serán las bases los presupuestos de las arcas españolas para 2025.
También ha reiterado los que para el Gobierno deben ser los límites de déficit y deuda. Es decir, la senda de estabilidad que ha aprobado, de nuevo, este martes, y que prevé que el déficit público baje al 2,5% del PIB en 2025, el 2,1% del PIB en 2026 y el 1,8% del PIB en 2027. Horizontes que tienen unas metas menos estrictas para comunidades autónomas y ayuntamientos que en las anteriores estimaciones -0,1% del PIB y equilibrio para todo el periodo, respectivamente-.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la aprobación de la misma senda porque da mayor margen fiscal a comunidades autónomas y ayuntamientos para financiar sus servicios que la actualmente vigente. Ha insistido en qué "queremos [autonomías y ayuntamientos] que tengan unos objetivos de déficit menos exigentes que la senda que actualmente está en vigor", ha remarcado la titular de Hacienda.
Montero ha advertido de que si, a pesar de que estos objetivos dan más margen a comunidades y ayuntamientos, "la tentación del Partido Popular es seguir rechazando la senda por cuestiones puramente partidistas", el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025, "ya sea con la senda aprobada hoy o con la anterior senda".
La regla de gasto -indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas- queda fijada en el 3,2% para 2025, el 3,3% para 2026 y el 3,4% para 2027, lo que ayudará a bajar la deuda pública al 103,6% del PIB, el 101,8% del PIB y el 99,7% del PIB, respectivamente.
Las autonomías pierden 11.500 millones
De no aprobarse, las comunidades autónomas y ayuntamientos también tendrían que formular sus presupuestos con la senda anterior. Es decir, el déficit público se situaría en el 2,7% el próximo año, pero es más estricta con comunidades autónomas y ayuntamientos. "La única pregunta que el PP tiene que responder es si quiere o no obligar a comunidades y ayuntamientos a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o le permite mayor capacidad de gasto", ha apuntado la ministra.
Por eso, la responsable de Hacienda espera que en el PP "se instale un mínimo de sentido común, de cordura, para que no le den la espalda ni a presidentes autonómicos y alcaldes, ni tampoco a los ciudadanos que viven en estos territorios".
En cualquier caso, la vicepresidenta ha reiterado que el objetivo del Gobierno es presentar estos Presupuestos para seguir avanzando en consolidación fiscal, para seguir impulsando un crecimiento económico sólido y para reforzar el Estado del Bienestar con el objetivo de reducir las desigualdades.