El Gobierno tan solo ha concedido, desde el inicio de la prestación en junio de 2020 hasta finales de noviembre del pasado año, una de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, ayuda destinada a las familias más vulnerables. De las 2.782.730 solicitudes recibidas hasta el 12 de diciembre del pasado año, tan solo aprobó 733.006, mientras que tumbó o tiene pendientes más de 2 millones de peticiones, según informes internos a los que ha tenido acceso ON ECONOMIA.
Pendiente de los cambios que ya debe llevar a cabo la nueva ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, que cogió el testigo en la nueva investidura de José Luis Escrivá y del traspaso de competencias pactado en Catalunya, el Ingreso Mínimo Vital arrastra graves problemas de gestión, burocracia y cambios de criterio que afectan también a quienes ya lo perciben, tal y como han denunciado tanto directores de Servicios Sociales como plataformas ciudadanas y afectados por esta prestación en anteriores informaciones de ON ECONOMIA.
517.000 prestaciones activas
Pese a los expedientes tumbados, el Gobierno alcanzó tres años después de la entrada en vigor de la prestación el número de beneficiarios a los que esperaba llegar: 2,1 millones correspondientes a los 735.562 hogares acumulados con la prestación a mes de diciembre. Ahora bien, el informe interno al que ha tenido acceso ON ECONOMIA apunta a que tan solo 517.641 prestaciones están actualmente activas, con alcance a 1,5 millones de beneficiarios.
Esto podría deberse a los constantes cambios e incluso anulaciones de prestaciones que sufren los usuarios al revisar la administración sus ingresos. Varios usuarios y plataformas constatan que estas anulaciones o rebajas de prestación no son siempre justas o de acorde a los criterios de vulnerabilidad establecidos.
Entre los 2 millones de solicitudes no aprobadas por el Gobierno, existen diversas vías por las que han sido tumbadas. 956.188 millones, casi un millón, han sido denegadas por no cumplir los requisitos establecidos, mientras que 236.037 han sido canceladas durante el trámite y 585.823 han sido inadmitidas, mayoritariamente por falta de documentación o porque el incumplimiento de criterios frenó directamente su admisión a trámite. Existen también 271.658 solicitudes pendientes, muchas de ellas a la espera de que se sume la documentación necesaria.
Burocracia y cambios de criterio
"La burocracia hace muy difícil conseguir esta ayuda. A veces nos llegan ciudadanos con informes negativos de la Seguridad Social en los que ni siquiera nosotros entendemos el motivo de la denegación, por lo cual no podemos trabajar en solucionarlo", explicaba a ON ECONOMIA Álvaro Revilla, director general del Área Social de Fuenlabrada y miembro de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que hace tiempo que viene denunciando las carencias en el sistema.
"Los criterios no están claros, los requisitos son excesivos y los funcionarios que un día resuelven una cosa, al cabo de un tiempo, pueden resolver lo contrario", añadía Revilla, que denunciaba también la larga demora de hasta cinco meses en obtener respuesta por solicitudes pendientes. Pedía, además, mayor poder de gestión a los Ayuntamientos. "Nosotros no estamos en el sistema, pero estamos con las personas", argumentaba.
La abogada Rocío Blanco Vidal, de Palencia, relataba un caso en el que a una familia le restaron del Ingreso Mínimo Vital una ayuda que percibían por un hijo que tenía una incapacidad del 95%, "cuando eso no es un ingreso familiar y el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón".
Fuentes oficiales de la Seguridad Social cuentan a ON ECONOMIA que "la mayoría de las inadmitidas lo son por incumplimiento de los requisitos de renta y patrimonio", mientras que las denegadas incluyen "motivos como la unidad de convivencia, el padrón o no estar apuntado al SEPE". Detrás de esa explicación, la realidad que se encuentran en Servicios Sociales es de una burocracia inalcanzable para los más vulnerables y muchos errores de la administración.
Otras comunidades piden el traspaso
En Catalunya se buscará solucionar los problemas de gestión con el traspaso de competencias a la Generalitat, que tal y como informó ON ECONOMIA habilitará el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) para tramitar la solicitud, aunque esta dependerá de la Conselleria de Drets Socials. Es así como funciona hasta ahora la Renda Garantida de Ciutadania, equivalente autonómico a esta ayuda y, además, Catalunya recibirá 2,8 millones de euros para ayudar a esta gestión.
Al anunciar el traspaso, tal y como sucedió con Rodalies y para dar a entender que no existe una discriminación positiva hacia Catalunya, el Gobierno anunció que el resto de comunidades también podían solicitar la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Hasta la fecha, tal y como informó la agencia EFE este fin de semana, han pedido o se han mostrado favorables al traspaso Galicia, Castilla y León, la Generalitat valenciana y Cantabria. País Vasco y Navarra ya cuentan con esta gestión, mientras que el resto de comunidades no se han posicionado al respecto.