El Ingreso Mínimo Vital, subsidio en vigor desde junio de 2021 para las familias más vulnerables, arrastra grandes problemas para llegar a quienes lo necesitan. Las dificultades burocráticas para acreditar la vulnerabilidad y los rigurosos requisitos generan cientos de miles de denegaciones y también de inadmisiones por falta de documentación. Desde que se aprobó esta prestación en junio de 2021 hasta el mes de agosto, el Gobierno ha denegado 902.805 solicitudes, más de las que ha aprobado, 693.595, y además ha inadmitido (o sea, directamente no las ha dado como buenas por no considerar al solicitante vulnerable) 570.756 peticiones, según datos a los que ha tenido acceso ON ECONOMIA por fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Hay 292.552 solicitudes pendientes y 500.664 prestaciones en vigor que alcanzan a 1.467.262 personas. También hay 216.916 solicitudes canceladas y 2.730 suspendidas, algunas de las cuales han generado verdaderos quebraderos de cabeza a las familias perceptoras.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha manifestado en más de una ocasión que la prestación no llega a los 800.000 hogares que se marcó como objetivo (faltan 230.000) porque cuesta detectar a aquellos más vulnerables, e incluso lideró una campaña con un autobús para promover la ayuda en distintas ciudades españolas. El mismo ministerio que investiga por qué el IMV no llega a sus potenciales destinatarios desestima un millón y medio de peticiones y los directores de servicios sociales detectan en sus oficinas y en las calles un atasco burocrático que deja a medio camino a miles de vulnerables que deberían cobrar la ayuda. "La burocracia hace muy difícil conseguir esta ayuda. A veces nos llegan ciudadanos con informes negativos de la Seguridad Social en los que ni siquiera nosotros entendemos el motivo de la denegación, por lo cual no podemos trabajar en solucionarlo", explica Álvaro Revilla, director general del Área Social de Fuenlabrada y miembro de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que hace tiempo que viene denunciando las carencias en el sistema.
🗂️ El 62% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no han mejorado sus condiciones de vida
"Los criterios no están claros, los requisitos son excesivos y los funcionarios que un día resuelven una cosa, al cabo de un tiempo, pueden resolver lo contrario", añade Revilla, que añade que las resoluciones pendientes siguen demorando hasta cinco meses en obtener respuesta y reclama que se dé más potestad a los servicios sociales de los Ayuntamientos en estos procesos. "Nosotros no estamos en el sistema, pero estamos con las personas", argumenta. Fuentes oficiales de la Seguridad Social aseguran que "la mayoría de las inadmitidas lo son por incumplimiento de los requisitos de renta y patrimonio", mientras que las denegadas incluyen "motivos como la unidad de convivencia, el padrón o no estar apuntado al SEPE". Detrás de esa explicación, la realidad que se encuentran en Servicios Sociales es de una burocracia inalcanzable para los más vulnerables y muchos errores de la administración.
Un "proceso kafkiano"
Entre los 1.467.252 beneficiarios actuales del Ingreso Mínimo Vital, hay 866.568 adultos y 600.684 menores repartidos en 500.664 unidades familiares, sobre un potencial de 850.000 familias y 2 millones y medio de personas en riesgo de exclusión a las que el Ministerio se planteó en principio llegar. El beneficiario tiene de media 44,96 años y cada hogar recibe 463,45 euros de prestación de promedio en una ayuda que perciben más mujeres (65,98%) que hombres. Las ayudas llegan hasta los 1.243 euros en las familias numerosas con cinco personas conviviendo en una unidad familiar.
Según su definición del ministerio, "el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas". En España, una de cada cuatro personas están en riesgo de exclusión social, unos 12 millones de personas, con lo cual la prestación podría tener margen de crecimiento, si bien muchas de estas personas reciben otro tipo de prestaciones.
Con todo y con eso, en las denegaciones, inadmisiones y cancelaciones de Ingreso Mínimo Vital, según explican desde los servicios sociales, no se han encontrado con personas que no cumplen los criterios de vulnerabilidad y piden la ayuda, sino más bien con un "proceso kafkiano" por parte de la administración que envuelve a los ciudadanos en una "maraña" administrativa que, a la postre, les deja sin esa ayuda, forzados a presentar recursos y a toda una tarea de acopio de documentación y, en los peores casos, contrayendo deudas con la Tesorería de la Seguridad Social porque, al revisar la documentación, comprobaba que el cobro del IMV era indebido, aunque después demostraran que no y se cancelara esa deuda.
Quien lo explica es Ana Isabel Carnero, abogada que hasta septiembre, cuando se jubiló, trabajaba como asesora jurídica en los Servicios Sociales de Fuenlabrada y a la que le quedaron aún muchos casos abiertos por resolver. Las denegaciones, explica Ana Isabel, "se respondían con una frase absolutamente incomprensible y críptica que hacía imposible entender cómo corregir la situación para poder optar al pago", ya que "no había una buena interlocución de la Seguridad Social con las familias". Todas las voces implicadas consultadas por ON ECONOMIA, desde abogados a plataformas vecinales que ayudan a las familias, pasando por directores de servicios sociales y sindicatos, están de acuerdo en que el IMV es un importante salto cualitativo en el estado del Bienestar, pero todas coinciden también en criticar la gestión caótica e hiperburocratizada que se está llevando a cabo.
Familias que tienen que devolver la ayuda por error
La abogada Rocío Blanco Vidal, de Palencia, relata un caso en el que a una familia le restaron del Ingreso Mínimo Vital una ayuda que percibían por un hijo que tenía una incapacidad del 95%, "cuando eso no es un ingreso familiar y el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón". Carnero, de nuevo en Fuenlabrada, explica múltiples errores o excesos administrativos. "En unidades familiares que tenían el permiso de residencia y el año de vigencia como requiere el IMV, si una persona de la familia no lo tenía, contaminaba al resto de la familia y dejaban de percibirlo", relata. "A algunas familias gitanas que no se habían casado les denegaban el IMV por no ser unidad familiar, pero luego, al pedirlo por separado, también se lo denegaban porque sabían que estaban viviendo juntas de la solicitud anterior. Eran familias vulnerables, pero quedaban sin vías para pedir la ayuda", añade.
Algunos de los casos más rocambolescos, muchos aún por resolver, el Instituto Nacional de la Seguridad Social concedió provisionalmente el IMV, pero, al comprobar con la declaración de la renta unos ingresos mayores a los declarados por el solicitante en primera instancia, no solo cancelaban el pago de la ayuda, sino que reclamaban la devolución de los pagos recibidos previamente, con deudas que llegaban hasta los 6.000 o 10.000 euros contraídas por familias vulnerables que ya habían gastado una prestación que sirve para subsistir. "En muchas ocasiones, la Agencia Tributaria había recogido por error en la declaración de la renta como ingresos familiares otras ayudas, como la de hijo a cargo. Si la familia no paga la deuda, esta iba a aumentar, y el INSS tarda meses en responder a los recursos, así que durante meses han tenido que pagar la deuda fraccionada por un error que no es suyo", añade Carnero.
🗄️Atasco en el ingreso mínimo vital: 235.000 peticiones pendientes y 4 millones de llamadas perdidas
"Tengo la sensación de que el Instituto Nacional de Seguridad Social es quien no estaba aplicando la ley", defiende Rocío Blanco, que aclara, en cambio, que en Palencia ya hace tiempo que no se enfrenta a casos similares. En Fuenlabrada, donde aún tienen muchos expedientes abiertos por resolver debido a denegaciones o inadmisiones y otro tipo de procedimientos burocráticos, Carnero defiende que "la Seguridad Social, que ya afronta muchas otras prestaciones, no tenía personal suficiente para absorber el IMV".
Coinciden con ella los sindicatos de la Seguridad Social, que llegaron a convocar una huelga que el ministro Escrivá desactivó prometiendo 2.500 refuerzos y la creación de la Agencia de la Seguridad Social, que emulando a la Agencia Tributaria unifique el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería (TGSS). Fuentes sindicales informan que la plantilla pasó de 2022 a 2023 de 9.027 a 10.168 trabajadores, pero que esto sigue siendo aún un 13% menos que la que había en el año 2010, cuando se empezaron a aplicar recortes. Cuando se incorporen todos los interinos, se llegará a una cifra de 12.218, ya superior a la de entonces. "Por una parte, queremos que los interinos se sumen a la plantilla porque ya tienen un recorrido y nos hacen falta, pero por la otra no queremos que ser interino se convierta en la única vía de entrada a la administración", apuntan desde UGT. Mientras llegan los refuerzos, la maraña sigue complicando la vida de los más vulnerables, que en demasiadas ocasiones llegan a la Seguridad Social a por una ayuda y se van a casa con un quebradero de cabeza interminable.