El Gobierno de Pedro Sánchez transformará el actual modelo de la gestión de las ayudas del coche eléctrico, el Moves III, que en la actualidad está acumulando entre 16 y 20 meses de retraso en el abono a los clientes que han comprado un vehículo. Los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, a través de las secretarias de Estado de Industria, Rebeca Torró, y la de Industria, Sara Aagesen, están negociando con Anfac la reforma, aunque la patronal de los fabricantes está en contacto permanente con la patronal de los concesionarios, Faconauto, que, en definitiva, son los artífices en la tramitación de las ayudas a la compra de los coches electrificados.

Fuentes conocedoras de la negociación confirman a On Economía que las conversaciones avanzan a buen ritmo y que el gobierno español está dispuesto a ceder a la petición del sector del automóvil de la ayuda sea directa, es decir, en el momento de la compra. Aunque no ha trascendido cómo quedaría finalmente el mecanismo, se ha barajado que la ayuda -de 7.000 euros máximo- se descontaría en la factura de la compra del vehículo que sería transferido por la administración al concesionario a la mayor brevedad. Actualmente, la ayuda la solicita oficialmente el comprador del vehículo-se suele gestionar a través de gestoras con las que trabajan los concesionarios- una vez comprado el vehículo. Luego, ha de esperar entre 3 y 6 meses para saber si se le concede la ayuda y otros 12-16 meses para cobrarla. Desde el sector consideran este sistema ineficiente, primero por la incertidumbre que genera, tanto al comprador como al concesionario, y luego por extremada dilación en la recepción de la ayuda.

Aunque las fuentes consultadas no desvelan los plazos para la entrada del nuevo modelo, reconocen que hay una fecha límite: el 31 de diciembre. Ese día se termina oficialmente la solicitud de ayudas -los pagos todavía tardarán muchos meses- y ni el Gobierno ni el sector contemplan un parón en las ayudas. Por tanto, en nuevo plan Moves, el IV, debe estar en vigor el 2 de enero y, para entonces, debe estar perfilado el nuevo sistema del pago y abono de las ayudas. Fuentes de la administración central aclaran que no es necesario para el nuevo plan que se ligue a la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año próximo, pues con los presupuestos prorrogados en 2024, se han podido mantener las ayudas.

Desde el minuto uno

En una reciente entrevista con On Economía, la presidenta de los concesionarios, Marta Blázquez, criticó con dureza la actual gestión de las ayudas a la compra del eléctrico. La presidenta de Faconauto comentó entonces que existen otras fórmulas, “como que ese descuento vaya directamente en la factura en el momento de la compra, de tal manera que el cliente no tenga que desembolsar el dinero”.

Blázquez apuntó que el concesionario es clave para la gestión de ese descuento, pero remarcó que el nuevo sistema no puede recaer sobre los comerciantes y que “tengan que adelantar el dinero al Estado”. En este sentido, apuesta por qué los 7.000 euros, que se descuentan directamente en la factura, los debe adelantar el Estado al concesionario, como se ha hecho en otras ayudas, por ejemplo los 20 céntimos de la gasolina. “Si se adopta esta fórmula, debe estar muy hablado con el ministerio pertinente para que el concesionario pueda tener ese dinero prácticamente desde el minuto uno”.

A Blázquez le preocupa los actores gubernamentales implicados en la reforma del nuevo modelo: el Ministerio de Industria, por su relación con la industria del motor, el de Transición Ecológica, del que depende el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), responsable de la gestión junto con las comunidades autónomas, del Moves y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda que debe liberar los fondos presupuestarios. “Debe haber coordinación entre ministerios, pues unas cosas recaen sobre Transición Ecológica, otras en Industria, otras a Hacienda”, comentó a este diario.

2025, el año del cambio

Una de las incertidumbres es si la administración central va a recuperar la gestión directa de las ayudas, como en el Renove, encargado directamente al IDAE. En el caso del Moves se traspasó la gestión a cada comunidad autónoma, aunque los fondos presupuestarios los recibe el Instituto dependiente del Ministerio de Teresa Ribera. La gestión desde las comunidades ha sido dispar, con plazos en la gestión y el cobro muy diferentes. Por eso, desde la automoción se especula con la reversión de la competencia al IDAE.

A la fecha, poco más de la mitad de los compradores de un coche eléctrico desde 2022, con la entrada del Moves III han cobrado las ayudas, para desesperación de la industria del motor que pide un mayor compromiso del Gobierno en la implantación del coche eléctrico en la sociedad española, muy por debajo de la media comunitaria. En España los coches electrificados -eléctricos puros más híbridos enchufables- supone algo menos del 10% del mercado y en Portugal el 20%. A 21 de octubre, los compradores de coches eléctricos han solicitado ayudas por valor de 1.334,7 millones de euros y la administración ha abonado a esa fecha 729,5 millones de euros, según el IDAE.