El anuncio del grupo bancario BBVA de plantear al Sabadell su interés para proceder a una fusión ha generado una cierta intranquilidad en el seno del gobierno español y del ejecutivo catalán. El Gobierno ha avisado este miércoles ante el anuncio de una eventual fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell, de que la operación, de concretarse, deberá respetar el principio de competencia y mantener los avances logrados en los últimos años en materia de "inclusión financiera", así lo aseguran fuentes del Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, en declaraciones a Europa Press. Las mismas fuentes remarcan la importancia de mantener un sector financiero "competitivo" y hacen hincapié en que actualmente el sector está "saneado" y es "solvente".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido más contundente: ha insistido en el rechazo de Sumar a esta operación y ha advertido de que el "altísimo grado de concentración bancaria que tiene España es un riesgo sistémico" y que una eventual fusión del BBVA y Sabadell irá en la "senda de presentar" un expediente de regulación de empleo (ERE). "Tenemos un país con un nivel de concentración bancaria del 70% y casi en régimen de oligopolio", ha añadido en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Efe

Este rechazo está en línea con el que manifestó este martes el Govern, a través de la consellera de Economia, Natàlia Mas, que se manifestó de forma contundente en contra de una posible fusión entre BBVA y Sabadell, ante una negociación que las entidades han reconocido. 

Sumar pidió el martes al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que impidan una posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell que, a su juicio, contribuirá al deterioro de los servicios bancarios y elevará el riesgo sistémico para el contribuyente. "Va a empeorar la calidad del servicio, el riesgo tiene que parar ya", ha insistido Díaz.

Por su parte, el Gobierno reclama "prudencia" pues por ahora se está hablando solamente de un anuncio de esa eventual fusión, las mismas fuentes garantizan que la operación se someterá a estudio "por los canales adecuados". En concreto, destacan que será analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que velará por "lo que pudiera afectar en términos de competencia" y "protegiendo los avances tan importantes conseguidos en los últimos años en materia de inclusión financiera".

Este es el segundo intento oficial para analizar la unión de ambas entidades después de que en noviembre de 2020, el BBVA y el Sabadell reconocieran que estaban negociando una fusión desde hacía meses, si bien dos semanas después de desvelar los contactos, las dos entidades anunciaron la ruptura de las conversaciones. Esa posible fusión entre las dos entidades supondría la creación de un gigante financiero con 986.924 millones de euros en activos, con datos del cierre del primer trimestre de 2024, tendrían 135.462 empleados y una red de 7.115 oficinas, con presencia tanto en España como en varios países latinoamericanos. La entidad resultante se convertiría en la más grande del país, por delante incluso de CaixaBank, que actualmente tiene el trono en España en activos, clientes y empleados.

Los sindicatos, vigilantes

"No permitiremos que sean las plantillas quienes paguen siempre las fusiones", aseguraban este martes desde la secretaria de banca del sindicato UGT. Una idea a la que se sumó CCOO pidiendo que, de llevarse a cabo esa fusión, se haga "con todas las garantías para la plantilla", especialmente en un contexto de resultados récord y remuneraciones excelentes para los accionistas. "Las partes que ahora negocian esta posible fusión han de saber que, desde UGT, no admitiremos ninguna medida no negociada" con los sindicatos, insistía UGT. 

Los reguladores y supervisores deben exigir las garantías suficientes para que este tipo de operaciones no agudicen aún más los problemas derivados de la concentración, exclusión y falta de competencia, según destaca CCOO. Para el sindicato, es imprescindible que, si finalmente se materializa esta operación, se articule un acuerdo laboral que proteja las condiciones laborales y el empleo de ambas plantillas, con unos objetivos claros: garantías de trabajo, salidas voluntarias si se plantean excedentes, preservación y mejora de las condiciones salariales y laborales, y proyecto de empresa con futura viabilidad.