La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una seria advertencia al Ministerio de Sanidad y a Mónica García, sobre el proyecto de Real Decreto que modifica la regulación sobre los productos del tabaco y derivados. En su informe, el organismo que preside Cani Fernández advierte que la limitación del contenido de los sobres de nicotina, a 0,99 miligramos por sobre, propuesta por la dirigente de MásMadrid, supondrá en la práctica una prohibición encubierta de las bolsas de nicotina actualmente comercializadas en España y otros países europeos.
La medida se enmarca dentro del Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y afecta a los productos emergentes del mercado, como las bolsitas de nicotina, los cigarrillos electrónicos y las hierbas para calentar. El Real Decreto establece que las bolsas no podrán superar los 0,99 mg de nicotina por unidad, un límite que, según la CNMC, “no responde a estándares de mercado” ni tiene justificación científica o comparativa clara con otros países del entorno europeo.
En su análisis, la CNMC señala que actualmente no se comercializan en Europa bolsas con una concentración tan baja, siendo habitual encontrar productos con entre 3 y 20 mg por sobre. La comisión advierte que “la medida establecería de facto una prohibición a la comercialización en el mercado español de un producto que sí puede comercializarse en otros países de la Unión Europea”, lo que podría suponer una barrera a la libre circulación de mercancías y una limitación injustificada al desarrollo empresarial.
Críticas a la falta de justificación y evidencia empírica
El informe de la CNMC pone de relieve varias carencias del proyecto normativo, especialmente en lo que respecta a los principios de buena regulación exigidos por la legislación española: necesidad, proporcionalidad y no discriminación. La comisión critica que no se justifique por qué se fija exactamente el límite de 0,99 mg ni cómo esa restricción contribuiría de forma efectiva a proteger la salud pública.
Del mismo modo, se subraya la ausencia de estudios científicos o encuestas entre los consumidores españoles que avalen la efectividad de esta medida en términos de reducción del tabaquismo. En lugar de ello, la CNMC sugiere a la ministra de MásMadrid que evalúe otras alternativas menos restrictivas, como campañas de sensibilización, control de la venta a menores o mayor transparencia en el etiquetado.
El precedente del empaquetado genérico y la eliminación de sabores
Además de la restricción a las bolsas de nicotina, el Real Decreto impulsado por Mónica García incluye otras medidas como la obligación del etiquetado genérico (paquetes sin colores ni diseños de marca) y la prohibición de sabores distintos al tabaco en productos como los cigarrillos electrónicos. Para la CNMC, esto elimina variables competitivas importantes en un mercado ya altamente intervenido.
Aunque reconoce que estos cambios tienen precedentes en otros países como Australia, Francia o Reino Unido, la CNMC insiste en que Sanidad no ha aportado evidencia empírica sobre su efectividad, ni se han valorado alternativas menos lesivas para la competencia y la libertad de empresa. La Comisión recuerda que una regulación eficiente no debe estar reñida con la protección de la salud pública y que la competencia también puede favorecer la innovación en productos menos dañinos.
Por último, la CNMC cuestiona que parte de las medidas se estén introduciendo por la vía del real decreto, sin respaldo normativo suficiente. A su juicio, algunas disposiciones, especialmente las relativas a productos sin tabaco como las bolsas de nicotina o los dispositivos electrónicos, deberían tener una base legal clara mediante una ley aprobada por el Parlamento.
Sin oponerse al objetivo de mejorar la salud pública, la CNMC advierte que el real decreto del Ministerio de Sanidad contiene restricciones que no han sido suficientemente justificadas, y que pueden tener efectos negativos sobre la competencia, la libertad de empresa y la diversidad de oferta en un sector emergente. Si no se modifica el texto, advierte el organismo, España podría quedarse sin productos legales que sí están disponibles en el resto de Europa, sin garantizar además un impacto positivo inmediato en la salud de los consumidores.