El Govern ya tiene preparada la nueva ley de Economía Social y Solidaria con un marco legal para|por las entidades y empresas que cumplan 8 requisitos. Una vez completado los registros, quien forme parte podrá optar a las cuotas de contratación pública reservada a empresas y entidades de Economía Social y Solidaria. Otros beneficios que puedan tener este tipo de empresas y entidades están por definir, ya que el primer marco global solo sirve para aclarar quién será y quién no será emprendido o entidad social y solidaria. En un encuentro con los medios de comunicación, el director general de Economía Social, David Bonvehí, admitió que "no todas las cooperativas cumplirán los requisitos" y que alguna Sociedad Limitada (S.L) podría entrar si cumple los requisitos, aunque es difícil.

Desde el ejecutivo en minoría del PSC se espera que Izquierda, que empezó a trabajar en esta ley, y los Comuns den apoyo a la iniciativa, mientras que está la duda sobre la cual hará Junts, aunque un punto que incomodaba a este partido sobre dar más flexibilidad a las empresas y fundaciones dedicadas a los cuidados|curas para ser considerados de Economía Sociales ha sido eliminado del proyecto.

En consonancia con el fomento de esta economía que marca la Comunidad Europea, las empresas y entidades de Economía Social y Solidaria tendrán que cumplir 8 requisitos.

El primero es tener como objetivo principal, "en cualquier sector de actividad, la mejora de la sociedad, de la comunidad o de su entorno", tal como reza la ley.

El segundo, obtener los ingresos principalmente de la actividad socioempresarial.

El tercero, "garantizar sistemas de participación democrática en los procesos de toma|presa de decisión", teniendo en cuenta los diferentes colectivos que la integran.

En tercer lugar, en el caso de las empresas, "el total de acciones o de participaciones titularidad de una sola persona física o jurídica tiene que ser inferior al 50%".

En cuarto lugar, disponer de un plan|plano para la formación y educación de las personas que integran la organización y/o promover actividades del entorno local y de la comunidad.

El quinto requisito es ser "independientes de los poderes públicos y de otras empresas o entidades diferentes de las definidas por esta ley como economía social y solidaria".

En sexto lugar, se pide "transparencia en la distribución de excedentes o resultados positivos y retribuciones y mantener un sistema retributivo equitativo en los temas que se establezcan reglamentariamente". Aquí estaríamos hablando de no tener ánimo de lucro.

El séptimo requisito es contar con "medidas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres y a alcanzar la equidad de género, especialmente en el ámbito salarial y de acceso a cargos de responsabilidad".

Y, finalmente, habrá que tener arraigo|enraizamiento en el entorno social donde se presten los servicios o se generen los bienes o suministros.

Además de estos requisitos, hay siete más previstos para acreditarse como entidad de economía comunitaria, muy similares a los de economía social y solidaria.

Los requisitos definidos responden a unos principios y valores que tienen que ver con el impacto en el bien común, la falta de ánimo de lucro, la transparencia, el funcionamiento democrático en la gobernanza, la transformación social feminista, la generación de empleo|ocupación estable, el compromiso con el medio ambiente, el arraigo|enraizamiento con el territorio y la cooperación con otras iniciativas de economía social y solidaria.

Las entidades y empresas que quieran ser consideradas parte de la Economía Social y Solidaria tendrán que complementar un registro con el fin de acreditar los requisitos previamente enumerados.

Con el fin de comprobar y verificar que se cumplen estos requisitos y como órgano consultivo de asesoramiento, análisis y debate, se creará también el Consejo Catalán de la Economía Social y Solidaria, que será también el encargado de crear un Plan|Plano Nacional de Impulso de la Economía Social y Solidaria. Este consejo tendrá también delegaciones regionales en Barcelona, el Penedès, Girona, Catalunya Central, Terres de l'Ebre, Campo de Tarragona, Lleida y el Alto Pirineo y Arán.

La Asociación de la Economía Social y Solidaria de Catalunya (AESCAT), integrada por la Confederación de Cooperativas de Catalunya, la Mesa|Tabla de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federación de Mutualidades de Catalunya y la Red de Economía Solidaria de Catalunya, trabajaron con el anterior ejecutivo en esta nueva ley.

En total, se reúnen en estas asociaciones más de 7.400 organizaciones, con cerca de 140.000 personas trabajadoras y una base social de 3 millones de personas (socios cooperativistas, socios de entidades, mutualistas...), y con un volumen de facturación de más de 8.000 millones de euros. Da una idea del impacto de la Economía Social y Solidaria, aunque el nuevo registro tendrá una dimensión diferente en función de cuáles de estas organizaciones cumplan los requisitos.