El Govern se ha comprometido este martes a "explorar vías legales que hagan posible una amnistía" a las familias que tengan que devolver pagos indebidos de la Renda Garantida de Ciutadania. De esta forma, familias vulnerables no tendrán que afrontar pagos de miles de euros al Govern por un error de cálculo de la administración. Además, la conselleria elaborará un plan de choque para evitar los cobros indebidos a futuro y cambiará la ley de la Renda Garantida para "blindar" a las familias y que no se vuelva a repetir la situación. Buscará el Govern, además, "un nuevo modelo de prestación en Catalunya y en España" que evite estas problemáticas generadas por la prestación. 

La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ha comparecido por petición propia en el Parlament para exponer la situación, que afecta a unas 12.503 personas de las cuales ya han recibido avisos 2.829 titulars. En total, 160.000 familias reciben esta prestación complementaria con el Ingreso Mínimo Vital. 

La consellera ha aclarado que la amnistía se dará "a las familias vulnerables que en el momento de recibir la notificación sigan en esta situación y que demuestren que no han actuado de mala fe". 

Además, Martínez Bravo ha recordado que se trata de una problemática "sobrevenida" al Govern de Salvador Illa, que se lo ha encontrado una vez ha entrado en el ejecutivo heredado por el anterior de Pere Aragonés. Se ha comprometido a "reforzarla" para que "funcione mejor" y para evitar que se repitan los pagos indebidos.

La consellera ha defendido que "la gran mayoría de personas con cobros indebidos no han cometido ningún error" y ha expresado que la conselleria es "consciente del sufrimiento". 

 La consellera ha explicado que la problemática se detectó en verano del año pasado y que se da cuando "los beneficiarios cobran una cantidad mayor a lo que le corresponde". "El marco legal nos obliga a exigir a las personas que devuelvan esas cuantías", ha reconocido, y ha recordado que "es una cuestión que pasa en otras prestaciones y otras comunidades autónomas". Afecta, de hecho, a al menos 85.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. 

La responsable de Drets Socials ha definido la prestación como "clave" para "la lucha contra la exclusión social y la pobreza en Catalunya". "Tiene que ser uno de los pilares en la protección social para los más vulnerables", ha añadido. 

Ha explicado que se trata de una prestación que estaba diseñada para hacer no de una manera automatizada, sino "muy manual", algo difícil por el volumen de trabajo que genera y los recursos que existen. "La pandemia del covid y el estado de alarma tensionó más aún a los equipos", ha ahondado. "La dirección general de prestaciones tuvo que hacer frente a 6 nuevas ayudas. Los pocos recursos que ya tenían para la Renda Garantida aún quedan más mermados", añade. 

La irrupción del Ingreso Mínimo Vital genera "solapamientos" con rentas autonómicas, lo cual tiene un efecto en los cobros indebidos, según ha explicado Martínez Bravo. El año pasado se empezaron a detectar los cobros indebidos al poner rigor al problema y "se empezó a poner luz sobre la situación", ha explicado Martínez Bravo, que defiende que existen "problemas de diseño de la ley". 

El silencio positivo, la declaración responsable de ingresos, las revisiones bienales, el hecho de que sea "incompatible con el trabajo", hacen que esta prestación "sea muy difícil de gestionar y deba ser manual, caso a caso", ha explicado la miembro del ejecutivo. La ley de la prestación además no permite intercambio de datos con otras administraciones. 

"Falta infraestructura digital y hay recursos humanos, técnicos e informáticos insuficientes" para la gestión de esta renta, que "hasta hace poco se hacía con una herramienta que era como un bloc de notas", ha detallado Martínez Bravo. "Si cada cambio en un usuario necesita una gestión manual, se necesitarían 2.000 personas trabajando en ella y actualmente hay en la dirección general de prestaciones 100 personas, contando con algunos refuerzos", ha explicado Martínez Bravo, que ha matizado que entonces no cabe hablar de "error administrativo" cuando "la gestión se genera en el diseño de una gestión que debería ser manual y necesita un pequeño recurso". "No han sido errores de funcionarios o que no han querido hacer su trabajo", ha dicho, "sino que ha sido un problema de diseño", ha incidido. "No hay administración que aguante ese ritmo", ha dicho. 

Por comparar, ha precisado que 2.000 personas son el total de trabajadores de la conselleria de Drets Socials. En los últimos 4 años, ha explicado Martínez Bravo, ha habido unos 160.000 usuarios activos de la Renda Garantida, cuyos expedientes en 2023 empiezan a cruzar datos para ver cuáles podrían tener cobros indebidos, y se detectaron más de 27.000 potenciales. Se empiezan entonces gestiones para verificar si realmente los pagos son indebidos y se inició el proceso a 12.500 para pedir documentación adicional.

Aunque esta carta no es un caso definitivo de cobro indebido, pero "genera ya bastante angustia", ha dicho Martínez Bravo, que ha aclarado que el departament está obligado a enviar las cartas para cumplir la ley. 

En firme se han detectado 2.800 casos de cobros indebidos con 7.700 euros de devoluciones medias reclamadas. 

Entre las soluciones, Maertínez Bravo ha apuntado a que la prestación se automatice en la línea de las PNC, prestaciones no contributivas por hijo a cargo, que se resuelven en 24 horas. "El modelo vasco, con revisiones trimestrales en base a datos y automatismos de bases de cotización y de manera automática se calcula lo que hay que pagar en los próximos 3 meses", ha defendido Martínez Bravo. "Es un modelo que blinda ante cobros indebidos", ha añadido.