El Govern de Salvador Illa creará una gran reserva de suelo público para construir viviendas de alquiler social con las que espera llegar a 50.000 hasta 2030, con concesión a promotores privados. Con el suelo actualmente disponible, ya se podrían construir 20.000 viviendas de las 50.000 anunciadas por Illa la semana pasada, que se complementarán con vivienda movilizada de la Sareb, edificios públicos que puedan cambiar su uso y otras fórmulas para poner en el mercado más vivienda de alquiler social y asequible. Además, la Generalitat dará préstamos a unos 2.500 jóvenes al año para ayudarles a pagar la hipoteca.
Para hacerlo, la Generalitat activará también una agilización de la documentación pública, con la que espera reducir a la mitad, de los 100 meses que actualmente se tarda desde que se inician los trámites hasta que la licencia urbanística esté lista, espera pasar a 50. Una modificación de la ley de arquitectura debe ayudar a acortar los trámites y que sea posible que algunos de ellos se realicen de forma paralela para que la burocracia sea más rápida.
Entre las medidas para agilizar los trámites, el Govern pondrá a disposición de los municipios que no tengan capacidad para asumir la carga administrativa que la puedan delegar a la Generalitat, que contratará personal para ello.
Las dos medidas estrella, que dependerán de una partida de 1.100 millones que debe ir en los nuevos presupuestos de 2025, han sido anunciadas este martes en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo por la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Pero antes, miembros del Govern explicaron los detalles en una reunión con la prensa. Los suelos y solares serán de titularidad pública, pero los promotores privados serán quienes construyan y gestionen las viviendas y la Generalitat contará con un presupuesto para pagar a los caseros la diferencia entre el precio de alquiler de mercado y el precio social.
El Govern contará con 500 millones de euros para construir vivienda pública, 500 más de ayudas a las familias y 100 millones al año de un fondo de emancipación que servirá para ayudar a pagar la hipoteca a unos 2.500 jóvenes menores de 35 años, hasta llegar a 12.000 en cinco años.
Los suelos y solares serán puestos en concurso público para que ayuntamientos, fundaciones, cooperativas y empresas construyan vivienda y la pongan en el mercado de alquiler asequible. En los próximos días, el Govern acabará de rastrear el suelo disponible para tener un mapa listo antes de final de año. Con las 50.000 viviendas de alquiler social que espera incorporar al mercado, Catalunya duplicaría del 2,5 al 6% su parque de vivienda social, aún muy por debajo de los objetivos necesarios para ayudar a moderar el precio del alquiler.
Más ayudas a familias vulnerables
El ejecutivo catalán deberá también incrementar las ayudas a familias vulnerables, una vez el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la obligación de los grandes tenedores de conceder alternativa de vivienda a las familias de las que pida desahucio.
Mientras el ejecutivo español acaba de preparar una forma de controlar la vivienda de temporada tras el veto de Junts a la última propuesta, el Govern, que se servirá del mismo, pretende aprobar un régimen sancionador para aquellos que se salten el tope a los precios de la Ley de Vivienda, a la que se acogen ya 271 municipios catalanes. El régimen sancionador será parecido al aprobado el pasado mes de abril por el anterior ejecutivo, tumbado después en el Parlament. Para que se cumpla este régimen sancionador, el Govern contratará a inspectores y se dotará de un presupuesto aún por definir.
Préstamos para hipotecas jóvenes
En cuanto a los préstamos, que responderán a criterios económicos, se concederán a jóvenes de hasta 35 años y cubrirán hasta un 20% de la hipoteca, que los beneficiarios devolverán una vez acaben de pagar las cuotas del resto de la hipoteca. Lo único que pagarán desde el principio y mensualmente son los intereses, de forma que el Govern cubrirá la entrada de la hipoteca y el beneficiario lo pagará, por decirlo de alguna manera, de salida. Los préstamos correrán a cargo del Institut Català de Finances e irán destinados a vivienda de hasta cierto precio, con un control para que no se utilicen de forma especulativa.
Las medidas del Govern se dan a conocer el mismo día en que el Consejo de Ministros ha acordado una nueva partida de 200 millones de euros para un nuevo bono joven de alquiler, dos días después de una gran marcha que pedía en las grandes ciudades españolas la regulación de precios, con la amenaza de una huelga de pagos como alternativa.