El Gobierno catalán en manos de Esquerra Republicana ha hecho una carrera contrarreloj, en los últimos cuatro meses, para recuperar la potestad en los organismos públicos que dependen de la Generalitat. Desde que Esquerra cogió las riendas de la Generalitat a mediados del octubre pasado, cuando Junts per Catalunya rompió la coalición de gobierno, los nombramientos para sustituir a altos cargos en la dirección de diferentes instituciones y entidades públicas se han ido sucediendo. El partido de Oriol Junqueras ha puesto especialmente en manos de políticos o personas afines y con una gran celeridad los entes públicos más decisivos en materia económica para el desarrollo de Catalunya.
Con más o menos acierto, se ha procedido a la sustitución del consejero delegado del 'Institut Català de Finances (ICF), el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el presidente de Infraestructures.cat, el consejero delegado de Acció o el director de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), para citar algunos. También se hizo el relevo a la presidencia del Port de Barcelona, que tuvo que someterse a la aprobación del consejo de administración. Estos y algunos otros cambios han suscitado más de una suspicacia en Junts per Catalunya y el resto de partidos de la oposición, pero ninguno ha generado tanto alboroto como la decisión de que esta semana ha tomado la Generalitat con la designación del nuevo director general de Fira 2000, un cargo que ha recaído en David Poudevida, un hombre de confianza de Oriol Junqueras. La diferencia es básica: Fira 2000 es una sociedad anónima, constituida en 1993, y de la cual forma parte la Generalitat desde el año 2000, y donde parte del consejo de administración ha rechazado el cambio en la dirección.
Por lo tanto, el relevo en la dirección general de Fira 2000 que la Generalitat ha impuesto al resto de socios de la compañía, aprovechándose de su mayoría en el capital y en la representación al consejo de administración, ha abierto un amplio debate y ha generado un significante malestar entre las otras instituciones que están vinculadas, los partidos políticos de la oposición y el tejido empresarial catalán.
En el resto de casos citados anteriormente también ha habido críticas, porque no todos los perfiles escogidos responden a la idiosincrasia del cargo para el cual han sido escogidos los respectivos candidatos, ya que se ha hecho prevalecer su vinculación con Esquerra Republicana.
La presidencia del Puerto, para Lluís Salvadó
Así, encontramos que el nuevo presidente del Port de Barcelona es Lluís Salvadó. El vicesecretario general de coordinación interna de ERC dejó su escaño en el Parlament de Catalunya, donde ocupaba responsabilidades a la Comisión de Economía, para afrontar la nueva etapa al frente de la Autoritat Portuària, en sustitución del exconseller Damià Calvet. Salvadó fue secretario de Hisenda del Govern entre 2016 y 2017 y fue investigado en el marco de la operación Anubis, contra la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya.
El nombramiento del nuevo presidente de Ferrocarrils de la Generaltiat es de los que menos se hizo esperar. En las postrimerías de noviembre del año pasado, el Gobierno escogió al economista Toni Segarra, en sustitución de Marta Subirà. Segarra es licenciado en Economía (1996) y diplomado en Administración y Dirección de Empresas (1992) por la Universitat de Barcelona, ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional en la multinacional PepsiCo, inicialmente ocupando cargos en el área de planificación y control financiero, para España y Portugal, más tarde como responsable del área de planificación estratégica para PepsiCo France y posteriormente para todo el ámbito europeo.
No sin una cierta polémica, llegó el relevo al órgano de decisión del Institut Català de Finances (ICF). El Ejecutivo catalán procedió al relevo del consejero delegado de la entidad financiera, Jordi Òliva, con quien había, además, ciertas discrepancias de criterio sobre el futuro y las actividades de la entidad financiera. En su lugar colocó a Vanessa Servera, analista financiera vinculada a la entidad en los últimos 20 años.
Por otro lado, la trayectoria de Albert Castellanos, ahora consejero delegado de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departament d'Empresa y Treball, ha estado muy vinculada a la administración catalana. Castellanos sustituyó en el cargo a Natàlia Mas, que fue nombrada consellera de Economia. Los últimos años, Castellanos ha desarrollado varias responsabilidades en la Generalitat como director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (2016-2017); secretario de Hisenda (2017-2018); y secretario general del Departament de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda (2018-2021), con el entonces conseller de Economia, Pere Aragonès. El año pasado fue nombrado secretario de Empresa y Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball.
También de la militancia de Junts per Catalunya provenía Miquel Buch, cuando fue elegido presidente de Infraestructures.cat, pero en noviembre de 2022 fue de los primeros en tener que dejar el cargo. Lo sustituyó el responsable de la división de Serveis Energètics de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Oriol Güell. Infraestructures.cat es una empresa pública creada hace una década para centralizar la gestión de todas las infraestructuras que promueve el Ejecutivo catalán, y que tiene una importante cartera de obra pública.
Mientras, Susanna Grau fue nombrada por el Gobierno directora general de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el pasado 2 de noviembre, en sustitución de Pere Soler. Profesionalmente, Susanna Grau es funcionaria del cuerpo superior de la Administració de la Generalitat y desde el año 2002 ha trabajado ininterrumpidamente en política de competencia. El año 2009, fue nombrada jefe del Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència.