El Govern publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el cese del director general de Energia, Josep Maria Serena, pero todavía sin anunciar quién será su relevo, diez días después de que se conociera la noticia, avanzada por Nació Digital. El departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, así pues, se encuentra sin máximo responsable de su principal reto junto con la vivienda: la transición energética.
Más allá de los rumores que corren por el sector con nombres de candidatos, el cargo es una patata caliente que, por ahora, no encuentra a quien la quiera asumir. Los perfiles que últimamente lo han ocupado, tanto el propio Serena como su antecesora, Assumpta Farran, son técnicos. Uno similar opta a sueldos más elevados al sector privado. Pero además, ambos han reconocido, una vez en el cargo, la enorme dificultad (o imposibilidad) de cumplir los objetivos de Catalunya en su transición hacia las renovables, que ahora mismo solo cubren un 16% del mix eléctrico catalán mientras en el resto del estado ya llega al 50%, que es el objetivo catalán de cara a 2030.
La pasada semana, durante la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo de Gobierno, la consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica, Sílvia Paneque, dijo que no se trataba de una dimisión, sino de un "cese de mutuo acuerdo a petición del señor Serena" y que era por "motivos personales" una vez se daba por finalizada una primera tarea "de reorganizar la dirección general de energía".
Paneque agradeció su "gran tarea" y destacó que los avances que está consiguiendo el departamento son "fruto de su trabajo". "El ámbito energético con respecto a estructura es complejo. Está el departamento de Energia, L'Energética, El ICAEN (Institut Català d'Energia) y el Institut de Recerca d'Energia. Todos trabajan para la hoja de ruta que permita llegar a objetivos de 2030", dijo la consellera.
Esta complejidad, de hecho, podría estar detrás de la causa real de la marcha de Serena, que algunas fuentes del sector atribuyen al hecho de que puso como condición ser una "voz única" del departamento energético y esta condición no se cumplió. Otras fuentes hablan de "falta de feeling".
El sector energético, a la expectativa
Las empresas energéticas, mientras tanto, están atentas a la espera de saber quién será su interlocutor directo en el Gobierno. Fuentes de una gran energética del Ibex-35 reconocen que en su reunión de este jueves todo el mundo preguntó por el tema, mientras que desde otra de las grandes reconocen que tenían "la esperanza de saber alguna cosa esta semana".
La patronal fotovoltaica UNEFCAT ha expresado que espera que "energía gane peso" a la agenda del Gobierno. "Nos cuesta que algunos pasos se están dando en el buen camino, como la agilización o la revisión de normas," han respondido en comunicado oficial a pregunta de On Economia. "A pesar de eso, hay indicios que preocupan", añaden en referencia "la dificultad de coordinación entre todas las direcciones implicadas" y en planes urbanísticos que prohíben las renovables en Alcover. "Estamos seguros de que somos a tiempo de cumplir los objetivos del Proencat 2030, pero entendemos que es imprescindible para poder llegar que se haga desde la unidad de acción del gobierno y la transversalidad hacia la transición energética", añaden.
Desde el sector eólico, Eoliccat ha manifestado que confían en que "pronto encuentren a alguien con experiencia y capacidad de liderazgo para hacer frente a este reto" de la transición energética. "En cualquier caso, creemos que hay que ir más allá, dotando en el departamento con una Secretaría de Energía y empoderando a un comisionado para la transición energética con funciones interdepartamentales que pueda resolver los obstáculos de tramitación que afrontan los proyectos y que hacen que mucho pocos lleguen a construirse", añadían.
Josep Maria Serena fue el último alto cargo a entrar en el Gobierno, el 8 de octubre, dos meses después de la investidura de Salvador Illa, y ha sido el primero a marcharse, oficialmente este 19 de marzo, solo cinco meses después de su llegada. Antes de hacerlo, optó por un perfil bajo de poca proyección pública, pero sus palabras a un encuentro con profesionales del sector en el Colegio de Ingenieros que publicó ON ECONOMIA levantaron polvareda. "Haremos la transición con gas y será triste", dijo delante de un auditorio lleno, reconociendo que "no estaremos allí (en el Proencat 2030) ni en la más sorprendente de las casualidades". "Y será triste, tanto por emisiones de CO₂ como por precio, que es el otro de los problemas que tiene el gas, si se utiliza en cantidades industriales. No tendremos ni los megavatios y creo que se desconectarán las centrales nucleares", añadió.
Entre la falta de renovables y el cierre nuclear
Lo dijo justamente en un momento en que el sector nuclear y las energéticas recuperaban el debate ante el inminente cierre de Almaraz que puede marcar el camino a los cierres catalanes de Ascó y Vandellòs. La energía nuclear representa hoy el 49% de la demanda eléctrica catalana, tres veces más que las renovables, y tal como señalaba Serena, Catalunya no tiene ni de lejos suficientes renovables para cubrir el fin de las nucleares. Así pues, tendría que importar más gas, que es más caro y más contaminante, o más electricidad, que la haría un territorio menos autónomo.
La lentitud administrativa llega a retener en los cajones durante seis años tramitaciones de parques eólicos, tal como explicaba a ON ECONOMIA el CEO de Enerside, Joatham Grange, que apostó por el mercado exterior, en parte por la dificultad para tramitar proyectos en Catalunya. El propio Serena, en el mismo acto del Colegio, reconoció que hay hasta 600 recursos abiertos contra parques de renovables, muchos de ellos impulsados por Unió de Pagesos, que no quiere perder terreno.
Un año antes, en el mismo escenario, la entonces directora general de Energia, Assumpta Farran, se quejaba igualmente de 250 recursos a 13 parques pendientes de construir. "Da vértigo la cantidad de documentación que pedimos", reconocía.
Desde que llegó al Gobierno, Salvador Illa puso la aceleración en tramitación de renovables como prioridad del ejecutivo, pero también lo había hecho antes el Gobierno de Pere Aragonés, que no se va al salir a pesar de algunos avances. Durante su primer año de mandato, se autorizaron 1.104 MW (los primeros ocho meses con Aragonés al poder), una cifra similar a las de 2023, y solo se instalaron 79,65 MW, cifra superior a los 32 MW de 2023 pero inferior a los 101 MW de 2022.
Catalunya tiene unos 4.600 MW de renovables instaladas, que permiten tan solo generar el 16% de la electricidad, en contraste con un estado español que llega al 57% y al 67% si se descuenta el mal rendimiento catalán. Si se añadieran los 8 GW pendientes de desencallar, se podría llegar aproximadamente al 29,7% del mix. Los planes catalanes de cara a 2030 (PROENCAT) prevén llegar a 15.408 MW de renovables, por encima del triple de la capacidad instalada actual. Faltan 12.000 MW.
Pero España, en su PNIEC, prevé que para el porcentaje que tiene que representar Catalunya en el total de renovables, tendría que generar el doble de renovables, hasta 30.000 MW.
Además, Catalunya ha incrementado su dependencia de la electricidad importada y el 2023 importó el 14%, casi el doble que el año anterior, de forma que perdió soberanía energética. El rompecabezas energético, con la gran pieza nuclear en medio del tablero y muchas de las piezas renovables todavía por construir, hace que la del director general de Energia no sea una silla aparentemente cómoda.