Catalunya sufre un déficit histórico de inversión en infraestructuras, que se ha cronificado y agravado en los últimos años. No siempre fue así, pero en realidad, cuando los recursos públicos que se destinaban a obra pública estaban a niveles de la UE, era el Govern el que tiraba del carro y no el Estado. De hecho, desde 2007, la Generalitat ha invertido más de 5.000 millones más que el Gobierno en infraestructuras en Catalunya, pese a contar con los recursos limitados por el modelo de financiación caducado y que no cumple algunos de los principios básicos, como la ordinalidad.
Según los cálculos de Foment del Treball, que arrancan en 2007, el Estado ha invertido 12.033 millones de euros en infraestructuras en Catalunya, por 17.257 millones de la Generalitat, 5.224 millones menos. La patronal catalana recogía estos datos en su informe sobre el déficit de inversión en infraestructuras, que cifraba en 42.500 millones en los últimos 15 años, pero no entró a valorar a quién correspondía el déficit.
"Todos son culpables", dijo Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas de Catalunya y vicepresidente de Foment del Treball, mientras que Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal, hizo un llamamiento a las dos grandes administraciones, Generalitat y Gobierno, para que acaben con un déficit que calificó de "tomadura de pelo", "intolerable" y "escandaloso".
Lo cierto es que no se puede señalar un solo culpable porque no está estipulado cuánto tiene que invertir cada administración y depende de muchos factores, como a quién pertenecen las infraestructuras. Por eso, en Foment tampoco quisieron compararlo con otras regiones, como Madrid. Catalunya no solo tiene más competencias, sino que también gestiona más infraestructuras que otras comunidades autónomas, como autopistas, por lo cual el esfuerzo que tiene que hacer será mayor.
Los datos, sin embargo, son claros. De los 17 años analizados, en tres el Govern ha sido el principal inversor en infraestructuras, mientras que el Estado no lo ha sido en ninguna ocasión. En los 14 restantes, han sido las administraciones locales –principalmente diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos– las que han hecho la mayoría de obras. Si comparamos solo Estado y Generalitat, la administración catalana ha superado a la estatal en inversión en 11 de los 17 años.
Además, en los dos primeros años del ciclo (2007 y 2008), que fue cuando la inversión superó el 2,2% del PIB –umbral que Foment considera aceptable porque se sitúa en la media de los países de la Unión Europea–, quien la lideró fue la Generalitat, con cifras muy superiores a las del Estado. Fueron los años de las grandes inversiones para las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona.
El Gobierno, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, también hizo grandes inversiones, pero cuando llegó la crisis financiera, las cifras cayeron en picado. Con Mariano Rajoy en la Moncloa no se recuperaron, solo lo hicieron en 2019, ya con Pedro Sánchez. Aquel año fue el último en el que la inversión del Estado superó a la del Govern; después, ha vivido altibajos y aunque en 2022 rozó los 1.000 millones, en 2023 volvió a caer.
La financiación y la baja ejecución presupuestaria
Un elemento que hay que tener en cuenta es el déficit fiscal que sufre Catalunya, con un modelo de financiación que hace diez años que no se revisa. Foment, junto con Pimec, la Cambra de Comerç, el Cercle d'Economia y otras organizaciones del empresariado y la sociedad civil catalana, pidieron este lunes un nuevo modelo de financiación que mejore los recursos que recibe Catalunya. El consenso empresarial y social en torno a la infrafinanciación que sufre la Generalitat es total.
El hecho de contar con menos recursos de los que tendría que recibir –según el Govern en funciones, de 22.000 millones anuales– obliga la Generalitat a priorizar el gasto y, con las partidas de sanidad y educación como grandes protagonistas de los presupuestos, las infraestructuras a menudo quedan en un segundo plano. El escaso esfuerzo del Estado, pese a que no tiene los grandes gastos sociales de las comunidades autónomas, en infraestructuras, condena a Catalunya a demorar obras importantes.
Una de las causas de la poca inversión del Gobierno es el bajo nivel de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya, a menudo en torno al 30% y que, según los últimos datos, en el primer semestre de 2023 fue de solo el 16%. Son los últimos literalmente, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió en febrero dejar de publicar los datos de ejecución presupuestaria por territorios.
Así pues, será mucho más difícil conocer el déficit inversor, ya que las inversiones presupuestadas no son fiables. Y no solo porque no se cumplen, sino porqué las que quedan pendientes, se vuelven a presupuestar. Lluís Moreno explicó la anécdota de unas obras que aparecieron 12 años seguidos en los presupuestos generales del Estado y no se llevaban a cabo.