La única comunidad autónoma que aplica la regulación de precios con el índice de referencia creado por el Ministerio de Vivienda, Catalunya, tampoco está de acuerdo con el método español para topar las rentas. Es más, la consellera de Territori, Ester Capella, enviará un requerimiento al ministerio de Vivienda para pedir al gobierno español que cree un índice que combine el español y el catalán, que aplicó en la ley catalana después tumbada parcialmente por el Constitucional. Si el Ministerio no acepta la petición dentro de un mes, el Govern llevará al ministerio de Vivienda a la Audiencia Nacional, según ha explicado este miércoles la propia consellera. 

Lo hará porque la conselleria de Territori liderada por Ester Capella considera que el gobierno español incumple su propia ley de vivienda. Concretamente, apunta a la disposición adicional segunda del real decreto ley 7/2019, que recoge que "en sus respectivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda". 

Tampoco se cumple, según Territori, la Ley 12/2023, conocida como Ley de Vivienda, en que una disposición adicional habla del "refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento". E incluso hace referencia a que se abra una colaboración con aquellas comunidades autónomas "que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler en sus respectivos ámbitos territoriales para asegurar la colaboración entre sistemas".

Las quejas quedaron reflejadas en una carta enviada por la consellera el pasado 7 de marzo pidiendo los cambios y, ante la falta de respuesta, el Govern ha decidido presentar un requerimiento previo a la denuncia formal ante la Audiencia Nacional. 

El pasado mes de enero, según la consellera Capella, en una reunión con representantes del ministerio de Vivienda se acordó que así sería y que el nuevo índice de referencia estatal incorporaría en Catalunya la metodología propia. Sin embargo, un mes después, salió indignada de un nuevo encuentro al comprobar que el ministerio había creado su propio índice de espaldas al método catalán y de manera homogénea. Y eso que, al no contar con la información fiscal de Euskadi y Navarra, el nuevo índice no aplica allí sus baremos. 

Un índice mixto

El departament de Territori ha elaborado un estudio comparando la aplicación del índice catalán y español en 23.000 casos y propone una aplicación mixta que saque lo mejor de los dos. El índice de referencia se aplica a los nuevos contratos de alquiler de grandes tenedores y a aquellos pequeños tenedores que firmen un contrato de alquiler que sea el primero en los últimos cinco años (o desde siempre) de la vivienda en cuestión. 

El Govern propone que si el índice catalán, que es un precio fijo y no una orquilla como el español, está por encima del máximo español se aplique el índice español en la parte alta de la orquilla. SI el precio del índice catalán está por debajo de la orquilla del Ministerio, se aplicaría el precio mínimo de la orquilla española. Y si el precio catalán queda en medio de la orquilla, puede ser utilizado como el precio de referencia. 

Territori entiende que algunos de los criterios españoles para poner un precio más alto o más bajo, como el estado de conservación, son difícilmente objetivables y otros difíciles de comprobar si no hay una investigación detrás. Y además, el criterio catalán daría respuesta a algunas lagunas como los pisos de menos de 30 metros cuadrados o de más de 150 metros cuadrados, excluidos actualmente de la regulación. 

Diferencias entre los dos índices de referencia

Fuentes del departament de Territori han explicado este miércoles en un encuentro con medios de comunicación las principales diferencias de ambas metodologías. En primer lugar, el criterio español se basa en datos tributarios de la declaración de la Renta y el catalán en fianzas depositadas ante Incasol, por lo que "da más respuesta a la realidad actual", apuntan las mismas fuentes. 

En segundo lugar, el índice español calcula la superficie a partir del catastro, mientras que el catalán lo hace a partir de la cédula de habitabilidad, "que exige una medición exhaustiva". Y en tercer lugar, el índice español utiliza datos del ámbito censal mientras que el catalán analiza el entorno a partir de radios de circunferencia alrededor del lugar de la vivienda. 

Según el análisis de los datos realizados por Territori, el índice catalán es más bajo que el estatal en el 79% de la muestra analizada. El índice estatal medio se sitúa en 745 euros por piso, mientras que el catalán es de 683 euros. "Una combinación de los dos lo haría bajar a los 677 euros", completan fuentes del departament. 

Según el mismo estudio, las viviendas en las que bajaría el alquiler con el índice español serían el 36% del total, mientras que si se aplicará el catalán lo harían el 54% y un 57% de viviendas verían reducido su piso con un índice combinado.