El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado que el Govern ha puesto a disposición de los municipios su herramienta para controlar los pisos turísticos ilegales desde este miércoles, que a lo largo del año pasado permitió identificar "casi 10.000" de ellos. El conseller de la Generalitat lo ha explicado en la inauguración de la Oficina de Turisme de Catalunya, en el Palau de Mar de Barcelona: "Se harán más inspecciones, habrá más inspectores y, por tanto, más información", ha advertido.
Sàmper ha defendido que el turista tiene "los mismos derechos y mismos deberes" que los residentes en Catalunya y, por lo tanto, les ha exigido la misma responsabilidad. Asimismo, ha recordado que los Ayuntamientos "tienen también competencias para poder rastrear estas ilegalidades": podrán acceder a la herramienta a través de un protocolo de colaboración con la Generalitat. Con todo, la herramienta permite identificar las ofertas de alquiler turístico que incumplen la normativa, y el hecho que más administraciones puedan acceder reforzará la lucha contra estas actividades ilegales, según el consejero.
Retirada de anuncios
De hecho, el Ejecutivo catalán ha detectado entre 13.000 y 15.000 anuncios mensuales que no disponen del número de identificación, lo que supone un "indicio de irregularidad", y a lo largo de 2024 retiró más de 1.700 anuncios. “Hay requisitos que se tienen que cumplir, y, como administración, tenemos que velar porque se respeten”, ha afirmado Sàmper, que no ha querido valorar el impacto que podría tener en Barcelona la eliminación de las 10.000 licencias actuales anunciada por el alcalde, Jaume Collboni. En cuanto al informe de APARTUR sobre el impacto económico de esta medida, el consejero ha asegurado que no tiene detalles y que, en todo caso, “se tendrá que estudiar con calma”.
10.000 licencias de pisos en el aire
En concreto, los propietarios de pisos turísticos han presentado hasta ahora reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Generalitat por un importe de 4.282 millones de euros, que se podrían elevar finalmente a los 7.000 millones de euros, por la nueva normativa que posibilita la extinción de las actuales licencias, según el informe de APARTUR. Estas reclamaciones corresponden a 7.200 pisos, en su gran mayoría situados en la ciudad de Barcelona, si bien también los hay de las comarcas del Maresme y el Garraf. El decreto de la Generalitat pone en peligro miles de apartamentos turísticos que hay en Catalunya porque queda en manos de los ayuntamientos la potestad de dar y retirar licencias, que necesariamente no tienen que recaer en los actuales propietarios.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que, con el nuevo decreto de la Generalitat, no renovará 10.000 licencias de pisos turísticos, que se extinguirán en 2028. El Departamento de Territorio de la Generalitat dispone de un plazo de seis meses para responder las reclamaciones, pero si la administración no rectifica, amenazan con acudir a los tribunales.
En las reclamaciones argumentan que el decreto permite "expropiar" un derecho adquirido y, en consecuencia, reclaman una indemnización. "Cualquier expropiación comporta una indemnización", defienden desde APARTUR, recordando que a las pérdidas económicas por el posible cese de la actividad se deben sumar las inversiones realizadas y el despido de empleados.