El Govern trabaja "con celeridad" para "aliviar la carga" de las 8.500 familias que han recibido cartas para que devuelvan una parte de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), que sirve para ayudar con la subsistencia a 163.000 familias vulnerables en Catalunya. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar la situación y las medidas que se están estudiando para revertir la situación.
Tal y como avanzó Catalunya Ràdio y han confirmado desde la Conselleria de Drets Socials, entre los meses de julio y octubre la administración ha enviado 8.500 cartas pidiendo la devolución de parte de esta ayuda tras haber abonado prestaciones indebidas por errores de cálculo o cambios de situación de los beneficiarios, con un promedio de unos 7.500 euros por persona, lo que resulta en unos 63 millones de euros solicitados por la Generalitat.
Según fuentes de la conselleria, se intentó frenar la llegada de estas cartas y la petición de reingreso, "pero legalmente no era posible". "El Departament estudia aplicar con urgencia modificaciones legislativas que resuelvan esta problemática", añaden fuentes del Departament, que asegura que es una situación "sobrevenida" del anterior ejecutivo.
Las mismas fuentes explican que son dos los orígenes más comunes de los pagos indebidos que derivaron en estas cartas para pedir la devolución: o bien una falta de comunicación entre ciudadano y administración, que tarda un tiempo en recibir los comunicados de las familias, o familias que han cambiado la situación económica y la administración lo ha sabido un tiempo después.
La Renda Garantida de Ciutadania está pensada para familias vulnerables y es complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede el Gobierno español. Los beneficiarios de la RGC están obligados a solicitar el IMV y, una vez lo reciben, pueden ver complementados sus ingresos con la ayuda catalana.
El problema de los cobros indebidos es aún mayor con el Ingreso Mínimo Vital, que al hacer las revisiones de rentas una vez se hace la declaración de la renta del mes vencido ha llegado a solicitar la devolución de parte de la prestación a al menos 85.000 beneficiarios, según la Airef. Una sentencia reciente perdonó en La Rioja la devolución de un cobro indebido de 4.315 euros al considerar que el error es de la administración y no del beneficiario, que además lo necesitaba para cubrir sus necesidades básicas.
Aunque también el Defensor del Pueblo se ha manifestado en ese sentido pidiendo la condonación de las deudas, el ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones no ha dado señales de querer hacerlo y ha recordado que los afectados deben reingresar la cuantía y recurrir por la vía administrativa la resolución.
Pero estos comunicados, además de un apuro económico tanto para quienes deban devolver parte del IMV como de la RGC, "generan una gran ansiedad", señala Saida Ehliluch El Antit, responsable de Ocupación y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), que forma parte de la comsiión de Govern sobre la Renda Garantida.
"Solo un 12% de las familias que han recibido la carta la han recurrido, debido a la brecha digital que existe con las familias vulnerables. No hay acompañamiento, no hay orientación, recibe la carta y eso les genera la gran angustia de cómo devolver ese dinero", añade. "El secretario ha dicho que buscará soluciones, pero no han dicho cuál, esperemos que sea la condonación de esta deuda", añade Ehliluch, aunque no es la línea que ha parecido apuntar el secretario de Drets Socials, Raúl Moreno, cuando ha hablado de "aliviar la carga" y no de eliminarla.