El Govern ha aprobado este martes los criterios por los cuales se regirá la incorporación de miembros independientes en los organismos y consejos de administración de empresas del sector público de la Generalitat. Se prevé que esta medida afecte a unas 90 entidades, que deberán incorporar uno, dos o incluso tres independientes en función del número total de representantes designados por la administración catalana. En rueda de prensa, la portavoz, Silvia Paneque (imagen superior), ha dado más detalles.

El acuerdo afecta a las entidades autónomas y a las de derecho público, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles con participación íntegra o mayoritaria de la administración de la Generalitat. Quedan excluidas algunas entidades por su singularidad, como las autoridades y entidades independientes (la Autoridad Catalana de Protección de Datos o el Consejo del Audiovisual de Catalunya, por ejemplo), así como de la Administración Tributaria de Catalunya; o las entidades en las cuales la aplicación de estos criterios pueda generar una posición no mayoritaria de la administración de la Generalitat.

En las entidades afectadas por estos criterios, el número de independientes debe ser superior al 10% del total de miembros designados por la administración de la Generalitat o su sector público institucional. Así, en los consejos u órganos que cuenten entre tres y diez miembros de la administración, corresponde un miembro independiente. Entre 11 y 20, dos independientes; y entre 21 y 30, tres independientes.

En un comunicado de prensa, el ejecutivo de Salvador Illa precisa que los órganos de gobierno de las entidades del sector público tendrán que incorporar "independientes que aporten experiencia profesional, relaciones externas y una visión estratégica para la toma de decisiones".

Por lo tanto, los "principales criterios" que deberán cumplir estos independientes son: experiencia profesional relevante, ausencia de conflictos de interés, no tener vínculos laborales o profesionales recientes con la administración de la Generalitat y actuar "con lealtad, integridad, compromiso."

Los independientes designados tendrán que formalizar una declaración responsable por la que se comprometerán a actuar "con total independencia, rigor y profesionalidad en el desarrollo de sus funciones". Y tendrán que mantener la debida confidencialidad respecto de los asuntos de que tengan conocimiento.

La medida tiene en cuenta la paridad de género en la composición de los órganos de gobierno, de acuerdo con la normativa vigente sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, su despliegue se compartirá con el Consejo del Diálogo Social, donde están los sindicatos y las patronales más representativos de Catalunya.

La medida forma parte del plan de reforma de la administración catalana. En el comunicado del Govern se señala que han seguido las directrices de diferentes organismos internacionales en el sentido de buscar, "desde la perspectiva de las mejores prácticas del gobierno corporativo, una composición más equilibrada con el objetivo de añadir valor, transparencia y pluralidad en la toma de decisiones".