La principal novedad que ha incorporado el convenio colectivo general del sector de la construcción (VII CGSC), que ha entrado en vigor el 1 de febrero de 2024 y que afecta a 1,3 millones de empleados, es que todas las personas trabajadoras del sector de la construcción tendrán que disponer de un plan de pensiones privado y estar dadas de alta en la plataforma VidaCaixa, que se convierte la única opción para gestionar en este plan de pensiones privado. ¿Las empresas tendrán que hacer las aportaciones correspondientes de manera mensual, pero están preparadas, administrativamente hablando, para asumir esta labor? Desde el Colegio de Graduados Sociales -con representación en todo Catalunya- advierten que, a pesar de la facilidad de disponer de la plataforma de VidaCaixa, empresas y graduados sociales asumen "la responsabilidad civil y administrativa para que nada falle, para que no se cometan errores involuntarios y garantizar la calidad del sistema", explica Montse Cerqueda, decana del colegio. Cabe decir que, hoy por hoy, VidaCaixa es la única entidad financiera que ha desplegado una plataforma adecuada para hacer estos tipos de gestión y, por lo tanto, los trabajadores están ligados, aunque no sea su entidad financiera habitual. Con respecto al sector de la construcción, ha sido el primero a incorporarlo, pero se espera que lo sigan otras actividades como la metalurgia.

"Desplegar una norma legislativa o administrativa siempre tiene efectos colaterales que los legisladores tendrían que evaluar previa y correctamente porque a menudo, como pasa en el tema que nos ocupa, acaban impactando en empresas y gestores diversos", además de la consecuencia directa que tendrá para los trabajadores. Se tiene que tener en cuenta que en términos fiscales, por ejemplo, las contribuciones y aportaciones a un plan de pensiones de empresa (PPE) se pueden deducir en el IRPF (hasta unos límites), en cambio, las prestaciones están sujetas a tributación. Para los empleadores, las contribuciones que hacen a favor de sus trabajadores son deducibles en su impuesto de sociedades, así como se bonifican a efectos de cotización en la Seguridad Social.

Cerqueda advierte que este conjunto de condicionantes laborales, contables e incluso fiscales hacen más compleja la gestión administrativa de las nóminas, "que tiene que ser muy cuidadosa porque está sometida, como siempre, a las inspecciones de trabajo". La decana se pregunta si en los departamentos de las empresas, las pymes, hay personal preparado para asumir estos cambios de manera repentina porque se les ha dado poco margen de tiempo para un aprendizaje adecuado". Además, llevar a cabo esta labor "implica más horas de trabajo porque es una tarea añadida a las que ya hacían". Deduce que las empresas tendrán que asumir un coste extra para pagar a los empleados de determinadas áreas -que tendrán una sobrecarga de trabajo porque la medida es retroactiva con efecto a partir de 2022- o para proporcionarlos la formación adecuada y, en el caso de tener la gestión de las nóminas externalizada, "algunas asesorías se verán obligadas a incrementar las cuotas mensuales".

Cerqueda manifiesta que los graduados sociales "intentan no variar sustancialmente sus cuotas, pero que está muy ligado a la dimensión de la compañía para la cual trabajan". "Estamos justo al inicio de la implementación de la medida y es difícil cuantificar el coste que tendrá en cada parte del proceso, pero por descontado que hay un gasto añadido que se tiene que asumir por parte de las empresas", dice sin poder concretar más. No obstante, explica que los despachos de los graduados sociales "los servicios informáticos han tenido que hacer el desarrollo para adecuar nuestras herramientas colaborativas a los nuevos requisitos contables para la correcta elaboración de las nóminas" y este es un coste que "o se absorbe desde el despacho o se repercute el mínimo posible para no perder al cliente".

El plan de pensiones de la construcción ya se ha tenido que ver reflejado en la nómina de los últimos meses, porque entró en vigor con fecha de 1 de febrero de 2024, pero además se aprobó con efectos retroactivos. Por lo tanto, las empresas tendrán de plazo hasta el próximo 30 de abril para poder hacer las retribuciones efectivas retroactivas de los años 2022, 2023 y enero de 2024. Es importante remarcar que, aunque son las empresas las que hacen estas aportaciones a los planes de pensiones de las personas trabajadoras, los empleados pueden hacer contribuciones voluntarias al plan. Es justamente por esta causa, por la cual es obligatorio dar de alta a los trabajadores al sistema. Esta aportación extra se puede hacer a través de la misma plataforma de VidaCaixa o a través de la misma empresa.

A la larga, Cerqueda considera que la obligatoriedad del plan de pensiones de empresa en un convenio será beneficioso para el trabajador, pero admite que "choca que sea de carácter obligatorio porque hay empleados que no están de acuerdo". De todos modos, ve probable que "aquellas personas que ahora son contrarias lo acabarán agradeciendo al final de su vida laboral, cuando vean que ha sido un sistema de ahorro", ya que desdichadamente parece que es seguro que las generaciones futuras recibirán menos cuantía de pensión pública.