El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del SMI un 4,4%, 700 euros al año, hasta 1.184 euros por 14 pagas con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Por tanto, los 2,2 a 2,5 millones de asalariados a los que afectar la medida cobrarán en febrero los 50 euros de subida y otros 50 millones por el atraso de enero, según ha confirmado este lunes la vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz durante la firma del acuerdo por la subida del SMI con los sindicatos CC. OO. y UGT.
Desde el Ministerio de Trabajo no han entrado en el debate que mantienen con el Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se opone a subir el mínimo exento en la tributación del IRPF a los 16.576 euros que supone el nuevo SMI como en años anteriores. Fuentes de los negociadores de SMI presentes en el acto de la firma del acuerdo, han señalado este lunes que si finalmente el gobierno español opta por no actualizar el mínimo exento, supondrá una recaudación de 2.000 millones para Hacienda que saldrán de los bolsillos de los asalariados que pasen a cobrar el SMI. On Economia ha consultado a Hacienda sobre dichas cifra, pero sin obtener respuesta. No obstante, el informe de los expertos usado para la subida del SMI determinó que tan solo el 20% de los asalariados (unos 530.000) cuyo salario se determina por el SMI tendrían que pagar el IRPF, aunque no se eleve el mínimo exento. Unos cálculos realizados por la propia Agencia Tributaria, según fuentes de la comisión de expertos consultadas por este diario. Lo que, con cálculos del año pasado, suponía unos ingresos máximos de 1.300 millones para Hacienda.
Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, ha señalado que eso supondría una merma de unos 300 euros sobre el incremento de 700 euros anuales que percibirán los empleados amparados por el SMI, en el caso más extremo de solteros hijos o algún casado que haga declaración conjunta y con unos ingresos superiores al SMI. No obstante, el líder del sindicato considera que finalmente el gobierno de Pedro Sánchez acabará renunciando a estos 2.000 millones -el mismo dinero que Hacienda hubiese obtenido con el impuesto a las energéticas-. Álvarez considera que se debe revisar las tablas de la Renta, pues los salarios más bajos salen especialmente perjudicados.
Críticas al SMI
La vicepresidenta ha criticado a aquellos que acusan a las subidas del SMI -que considera una de las principales herramientas para acortar la pobreza- de impedir la creación de empleo y de poner en peligro a numerosas empresas. “Los enemigos de España no son los que suben el SMI, sino los fondos de inversión que están subiendo el precio de la vivienda", ha declarado este lunes. Y ha insistido en que no hay ningún dato empírico que demuestre que la subida de los salarios de aquellos que cobran menos ponga en peligro la creación de empleo.
Sobre la negociación del SMI, Díaz ha señalado que el diálogo social goza de buena salud, y ha aprovechado por dar las gracias a los sindicatos, “que hacen país”, pero también a la CEOE, porque “en esta ocasión -en relación con la negociación de la reducción de jornada- los representantes de los empresarios han vuelto al redil del en la mesa de negociación, con la presentación de propuestas sobre el SMI”.
Entre 2,1 y 3 millones
Álvarez ha recordado que los empresarios incumplieron su compromiso de 2018 de subir el SMI en 1.000 euros en 2020 y ha apuntado que UGT calcula que el SMI podría amparar a 3 millones de asalariados, aunque se ha producido cierta confusión al respecto: el Ministerio de Trabajo los sitúa entre 2,2 y 2,5 millones, los expertos que han elaborado el informe sobre el que se ha basado la subida del SMI, en 2,7 millones y los 3 millones que ha apuntado UGT. CCOO lo cifra en 2,5 y 3 millones.
Álvarez ha pedido a los empresarios que se sometan a la realidad: “en ciertos sectores, como la hostelería, no se podrá encontrar trabajadores ofreciendo salarios de 1.200 o 1.300 euros al mes (el SMI se ha situado en 1.184 euros). Y de estas cosas es de las que hay que hablar, pues con el problema de vivienda, será imposible que se desplacen trabajadores a zonas tensionadas donde no pueden encontrar alojamiento”.
Unai Sordo, secretario general de CC.OO., ha criticado igualmente la tesis de los empresarios sobre el efecto perverso de la subida del SMI. Según ha señalado, si en 2020 se hubiese cumplido el compromiso de subida da 1.000 euros mensuales, con que se hubiese actualizado con el IPC, el SMI estaría ya en los 1.184 euros que se aprueban mañana en el Consejo de Ministros.