El sistema fiscal español se basa en los principios de igualdad y “progresividad”, al establecer que se contribuirá de acuerdo con la capacidad económica —aunque solo en los impuestos directos (IRPF, para las personas, y sociedades, para las empresas—), lo que significa que la cuota que se aplica debe ir creciendo cuanto mayor sean los ingresos. Así, una persona que gane 20.000 euros tendrá un tipo del 24% en su IRPF; el de 35.000 euros, un 30%, y el de más de 300.000, el 47%. Aunque debe recordarse que en la renta se aplican muchas desgravaciones que aminoran notablemente el tipo real, dejando el efectivo mucho bajo. Y ya se sabe que, mientras más dinero se tiene, más posibilidades de aplicarse desgravaciones. Pero más allá de estas consideraciones generales, para todos los contribuyentes, la potestad de las autonomías para subir o bajar el gravamen que aplican sobre el tramo autonómico (la mitad de los ingresos), provoca grandes diferencias en función de la comunidad de residencia. Diferencias que se hacen más abultadas en el caso de los contribuyentes con mayores ingresos.
Estos días se ha conocido la intención del Gobierno de Isabel Ayuso de aplicar una desgravación especial para los que se muden a la comunidad (que no disfrutarán los ya residentes) de un 20% en todas sus inversiones (incluidas la Bolsa), sin que haya un límite de dinero desgravado (al menos, en el borrador conocido). Se ha bautizado popularmente como la ley Mbappé, que pretende atraer inversión. Pero, en definitiva, es una vuelta de tuerca más en los beneficios fiscales de que disfrutan los contribuyentes de mayor renta en la Comunidad de Madrid, en proporción con los que menos tienen; pero, también, respecto a los ricos y muy ricos que residen en otras comunidades de España.
A más renta, más ahorro
Y es que, a más renta, mejor tratados están los contribuyentes de Madrid. Sin entrar en los condicionantes personales, un residente en Madrid que tenga unos ingresos de más de 300.000 euros deberá pagar en el tramo autonómico 57.400 euros; uno de Catalunya, 68.303 euros (10.900 euros más que el anterior), y uno de la Comunidad Valenciana, 77.200 euros (19.800 euros más), el tipo real más alto de toda España. Pues bien, eso implica que por tener la residencia fiscal en la Catalunya se debe pagar un 19% más por el tramo autonómico que en Madrid. Y, en el caso de Levante, el incremento es de un tercio (34,5%).
Unas diferencias que se van achicando, si la renta disminuye. Así, si se tributa por valor de 175.000 euros, un madrileño tendría que pagar en teoría —sin contar las desgravaciones por condicionantes personales— 31.775 euros; un catalán, 36.428 (4.653 más) y un valenciano 40.575 (8.800 euros más). Pues bien, en este tramo la diferencia desciende. Si el madrileño paga un 19% menos que un catalán si gana 300.000 euros, si sus ingresos son de 175.000, el ahorro para el madrileño se reduce al 14,6%. Si bajamos algo más, a una renta de 60.000 euros, el madrileño se ahorra 1.252 euros respecto al residente en Catalunya (el 15,3%), aunque en comparación con el valenciano, su ahorro mengua al 13,8%.
Cambios en 2023
Unas diferencias que, lejos de acortarse, se agrandan año a año. La Comunidad de Madrid ha mejorado en los dos últimos ejercicios fiscales las condiciones para las campañas de la renta. Con motivo de la alta inflación, el Gobierno de Díaz Ayuso adoptó una doble medida: primero deflactó la tarifa, lo que significa que elevó el nivel a partir del cual se saltaba de tramo, lo que implica que para empezar a tributar por el máximo en el tramo autonómico en Madrid (20,5%) en 2023 hubo que superar los 57.320 euros, cuando el año anterior, ganando 55.596 ya se pagaba el tope por el marginal y en 2021, se reducía a los 53.407 euros. La segunda medida, aplicada en 2022 y mantenida en 2023, fue la rebaja de medio punto, desde el marginal máximo al 21% al 20,5%.
Desde el Gobierno popular de Madrid se defendió la medida como igualitaria para todos los madrileños, pues la rebaja de medio punto fue general, dejando la progresividad al margen. Lo que significa que a una persona que gane 300.000 euros, la reducción de medio punto le genera un ahorro de 1.500 euros, mientras que para uno que gane 38.121 (la media de la comunidad, según la Agencia Tributaria), el beneficio es de 190 euros.
Territorios populares
En los dos últimos años se han producido cambios en el tramo autonómico de la renta en 5 territorios: Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, todos ellos gobernados por el Partido Popular, han sido para favorecer las rentas más altas, y solo Aragón, cuyo modificación se produjo con el Gobierno socialista, supuso una subida, en concreto, un punto para las rentas de 60.000 euros.
Además de los cambios arriba expuestos en Madrid, en Andalucía se bajó en 2022 el tipo para las rentas más altas, desde el 24,5% al 22,5% y, además, se rompió la progresividad, pues en 2021 las rentas de 60.000 a 130.000 euros tenían un tipo, y a partir de esos ingresos, otro superior. Pero a partir de 2022, tributan al mismo tipo, ganen 60.000, 130.000, o un millón de euros. En la Comunidad Valenciana, en la declaración de este año, con el cambio ya de gobierno, se ha reducido un punto a las rentas de 175.000 euros, aunque se mantienen los mismos para los de 300.000 y los de 60.000. Finalmente, Murcia, aunque no ha deflactado la tarifa (al revés, la ha endurecido para el tramo de 34.000 euros), ha bajado dos décimas cada año en todos los tramos.