El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha aprovechado la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados, para recordar a los partidos políticos catalanes, especialmente a Junts, que las empresas que dejaron Catalunya a raíz del procés optaran por el retorno si hay estabilidad política, seguridad jurídica e incentivos para ello. En concreto, Hereu se ha pronunciado sobre el "gran objetivo" de normalizar la vida social, política y económica en Catalunya, que a su entender tienen los partidos independentistas como Junts y también el Ejecutivo español. Ello, ha dicho Hereu, derivará en un impulso de la industria, el comercio y la actividad económica en la comunidad autónoma. "Construir la convivencia en Cataluña es una de las mejores bazas para poder recuperar la actividad económica y, de forma natural, ir recuperando la presencia empresarial en un cierto momento", ha agregado el ministro, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Sin embargo, el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, ha señalado que en Catalunya "no hay problemas de convivencia" y ha adelantado que su formación va a ser "exigente" en cuanto a la vuelta de las empresas. "No formamos parte de ningún bloque del Estado español y únicamente nos debemos a Cataluña y su gente", ha advertido Cruset. El diputado ha pedido al Ejecutivo garantías para la vuelta a Catalunya de esas compañías que se fueron de la comunidad autónoma a partir de 2017 por el proceso independentistas. A juicio del diputado independentista, fue la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy la que "forzó" el traslado de la sede de miles de empresas fuera de Catalunya, con el objetivo de "castigar económicamente" a la región. "Es evidente que hay que revertir los efectos de aquella operación de Estado, y ahora que Junts es clave en este hemiciclo, aquello imposible en los últimos cuatro años ahora se hace realidad", ha subrayado Cruset.
En su réplica, el ministro ha destacado la "magnífica gestión" que Cruset ejecutó bajo la presidencia del Puerto de Tarragona y le ha recordado que algunas de las motivaciones que llevan a las empresas a fijar su sede en una región están relacionados con la estabilidad política, la seguridad jurídica y los incentivos que se pueden dar, algo que a su juicio no se cumplía en los días del referéndum de 2017. "Por tanto, vamos a ir trabajando en todos esos factores", ha remachado el ministro.