Este miércoles, de forma sorpresiva, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, convocaba a los sindicatos de la Inspección de Trabajo que, por primera vez en la historia del cuerpo, se han puesto en huelga. “En casa del herrero, cuchillo de palo”, dicen los funcionarios del cuerpo, que se lamentan de que ellos velan por las condiciones laborales de los trabajadores españoles, pero nadie vela por las suyas. Pérez Rey les citó para comunicarles que el Ministerio de Hacienda y Función Pública responsable de regular las plantillas y las condiciones salariales de todos los trabajadores públicos- había denegado su solicitud de cambiar la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Inspección.
A media tarde, fuentes del Ministerio de Trabajo informaban a los periodistas que el Ministerio de Función Pública les había trasladado la negativa a modificar la mejora de la RPT, mostraban el “profundo malestar” que tal decisión había causado en el Ministerio y comunicaban que no se les había dado ninguna explicación del porqué se cerraba la negociación. Las suspicacias saltaron en el ministerio de Trabajo, según fuentes conocedoras de la negociación mantenida entre ambos ministerios en relación con la RPT de la Inspección de Trabajo.
Fuentes de Ministerio de Trabajo confirman a este diario que no solo causó un “profundo malestar”, sino también un gran desconcierto, pues el martes por la mañana la secretaria de Estado de la Función Pública, Lidia Sánchez Milán, había reiterado al de Empleo que la modificación de la RPT estaba encarrilada y se aprobaría en breve. Y esa misma noche, en un segundo contacto, le trasmitía que las negociaciones se habían terminado y no habría mejora de las condiciones salariales y laborales del personal de la Inspección. De hecho, en una reciente entrevista, el secretario de Estado de Empleo anunciaba a ON ECONOMIA que Función Pública se había comprometido a aprobar una nueva RPT en la siguiente semana. Igualmente, desde el Ministerio de Trabajo aclaran que el problema para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo no es económico, pues el Ministerio ya ha dotado los fondos suficientes, lo que acrecienta su incomprensión.
Motivaciones políticas
Ese mismo miércoles por la tarde, tras la reunión con el secretario de Estado de Empleo, los sindicatos de la Inspección cambiaron el foco de sus irás y dejaron de señalar a la vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como la causante de sus males por no haberles defendido, para cambiar el foco hacia la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Al día siguiente realizaban nuevas movilizaciones, pero en esta ocasión los cánticos eran dirigidos, no contra una ministra de Unidas Podemos, sino contra otra del PSOE, para la que pedían su dimisión. Los sindicatos, también desconcertados ante la falta de razones de Función Pública, lanzaron el mensaje de que tras la decisión se ocultaba un trasfondo político en la semana de reflexión para las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. Los sindicatos remarcaron que conflictos laborales en Ministerios con titulares del PSOE, como el caso de los trabajadores de la Seguridad Social, se habían resuelto con mayor presteza. En definitiva, los socios de Gobierno son rivales directos y compiten por un mismo electorado.
Contraataque de Función Pública
Volviendo al miércoles, los portavoces oficiales del Ministerio de Función Pública remitían un lacónico comunicado a los periodistas que preguntaban: “Función Pública sigue trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo, de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de los ministerios, con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor”. Minutos más tarde lanzaban un segundo mensaje ante la perplejidad de los mismos periodistas: “Función Pública ha autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo; además, se les ha autorizado, como el año pasado, una productividad extraordinaria de 6 millones de euros, una mejora retributiva que se suma al acuerdo salarial ya suscrito, que supone un aumento del sueldo para este año del 2,5%, y que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-24. También hay que recordar que la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”.
Se abrió entonces una discreta polémica entre ambos ministerios, pues desde Trabajo replicaron que lo que se llevaba negociando desde hace año y medio con Función Pública no era "ampliar" los puestos de la Inspección, algo que ya está contemplado en la Estrategia para la Inspección de Trabajo que fue aprobada por el Consejo de Ministros. Lo que estaba en debate era la modificación de la RPT, lo que supondrá mejoras salariales de los funcionarios en función de la nueva carga de trabajo que se les exige, y mejores condiciones para la promoción interna que motive a los inspectores y subinspectores a coger puestos de mayor responsabilidad. Algo que no sucede actualmente, pues las compensaciones salariales son muy limitadas. Preguntado por la reforma de la RPT, Función Pública dio la cayada por respuesta.
Respecto a la posible incorporación de 781 personas a la Inspección y una productividad extraordinaria de 6 millones de euros, los sindicatos dijeron durante la concentración que Función Pública "no nos van a comprar con esos 6 millones de euros", declaró Fernando Boró representante de CCOO, que añadido que "no se pueden crear 781 plazas si no se aprueba una RPT previamente", pues sería "un acto ilegal".
Más ministros en la polémica
Pero un debate, hasta entonces velado entre los dos ministerios, saltó el jueves a otros miembros del Gobierno. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, declaró que “hay que dar tiempo a la negociación” en lo relativo al potencial refuerzo de la Inspección de Trabajo. El ministro reconoció que “a veces tienes este tipo de ruidos en procesos negociadores”. Son “ruidos”, agregó que “se amplifican mucho” y no contribuyen a la propia negociación. “Yo daría tiempo a que estas cosas se sustancien”, concluyó.
Desde el Ministerio de Trabajo rehúyen el enfrentamiento político, aunque reconocen que no entienden muy bien a qué se debe que, a pesar de que la modificación de la RPT se lleva negociando con Función Pública desde hace año y medio, se haya descarrilado justo en este momento. No obstante, fuentes conocedoras de la negociación entre ambos ministerios señalan a este diario su extrañeza de que esa misma semana se resolvieran las peticiones laborales del personal de Justicia y unos días atrás se encontrase una solución para los funcionarios de la Seguridad Social, saturados de trabajo lo que ha llevado a prestar un servicio deficiente en los últimos meses por las nuevas funciones derivadas de la gestión del ingreso mínimo vital y de las nuevas prestaciones de la Seguridad Social.