El apoyo al sector primario y al impulso de proyectos de sostenibilidad ha disparado la actividad del Institut Català de Finances (ICF), en el 2023, ha crecido un 17% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 641 millones de euros entre las operaciones de préstamos, avales y capital riesgo, 94,5 millones más que el 2022. En concreto, los préstamos se subieron un 25%, hasta los 597,2 millones de euros. Del volumen total, uno de cada dos euros otorgados en préstamos y avales ha sido para financiar proyectos ambientales, sociales y de gobernanza, por un total de 308 millones de euros, con un incremento del 55% (109 millones más) con respecto a los 199 millones de 2022. Por sectores, la industria manufacturera, con poco más de 150 millones, y el comercio, turismo y transporte, con 134 millones, son los que más demanda han generado. No obstante, en el último año el sector primario ha despuntado en la operativa de la entidad financiera pública, no tanto por el volumen de dinero solicitado -que han estado microcréditos de entre 10.000 y 100.000 euros- como por el número de demandas: los agricultores se han llevado tres de cada cuatro créditos concedidos, con 1.236 trámites de un total de 1.657. El 98% de las 1.657 empresas que han acudido al ICF son personas emprendedoras y pymes.
La actividad financiera ha dejado un resultado neto positivo que más que ha doblado el del año 2022, alcanzando prácticamente 50 millones de euros (49,5 millones) para el ICF, cuando el 2022 se cerró con 22,1 millones de ganancia. "El resultado se reinvertirá para seguir potenciar las líneas de financiación y seguir ampliando la cobertura territorial de la entidad", ha explicado la consejera delegada de la entidad, Vanessa Servera, durante la presentación este miércoles de los resultados anuales. Servera ha detallado que la actividad en préstamos y avales ha crecido un 25%, pasando de los 478,7 millones de 2022 a los 597,2 millones de 2023, pero que las operaciones de capital riesgo han descendido, "en línea con el contexto general en qué 2022 no ha sido un año destacado para la inversión, ya que veníamos de dos ejercicios anteriores (2021 y 2022) con un importante repunte de la actividad que se paralizó durante el periodo de la pandemia". "Ahora, hemos vuelto a los niveles que había previsto en la Covid-19", ha insistido.
Con respecto a la morosidad, que en el 2022 había repuntado, Servera ha manifestado que se ha reducido un 0,4% en un año y que ahora está en el 7,1%, "un porcentaje razonable por el perfil de demandante que tiene el ICF" y que determina que la entidad haya cerrado en el 2023 con un plazo medio de devolución de los préstamos de 10 años. Comprando con el sector financiero privado, el nivel de morosidad por término medio en el 2023 se situó en el 3,44% y el plazo de devolución está en los 7 años. "El ICF quiere aportar valor a las empresas que tienen proyectos transformadores, con un volumen de endeudamiento importante, y que necesitan un largo plazo para devolver los préstamos y no agotar los recursos financieros propios mientras hacen el desarrollo de sus planes de crecimiento y mejora", ha concretado Servera. Cabe decir que, en el 2022, la morosidad se incrementó.
La vivienda social, el único operador
En el balance anual, la consejera delegada del ICF ha valorado el papel que la entidad tiene en el desarrollo de las promociones de vivienda de protección social. Un capítulo en el cual se entregaron 62,6 millones, en un total de 49 operaciones, un 10,5% más que en el 2022. "La financiación del segmento de la vivienda social no está adecuadamente cubierta por el sector financiero privado y es nuestra entidad la que tiene una recurrencia más alta", ha dicho. Eso se traduce en el hecho de que el ICF espera intensificar la concesión de créditos y avales entre 2024 y 2025, ya que el año pasado se tramitaron muchas adjudicaciones de suelo para la vivienda social y será en los dos próximos años cuando los constructores y promotores necesiten la financiación para llevar a cabo las edificaciones correspondientes, ha asegurado.
En este sentido, ha recordado que el ICF prevé gestionar 500 millones de euros de una partida que el Govern ha incluido en los presupuestos de la Generalitat para el 2024, y que está ligada a unos recursos que la entidad ha pedido en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con estos recursos, el ICF cubrirá cerca del 50% del importe del programa de vivienda social y asequible para alquiler, que está presupuestado en una cifra total aproximada de 1.081 millones de euros.