La legislatura que ahora finaliza se ha caracterizado por un intenso proceso de creación de leyes exigidas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) creado por la Comisión Europea (CE) como respuesta económica y social a la pandemia del covid. España, como el resto de los estados miembros, se comprometió a realizar reformas económicas de calado para acceder a 80.000 millones de euros en ayudas directas destinados a inversiones que contribuyan a la modernización del sistema productivo, con un impulso a la digitalización y a las tecnologías no contaminantes. Los hitos recogidos en el PRTR sobrepasan los 400, la mitad reformas legales y la otra mitad inversiones. Por tanto, se han aprobado unas 200 nuevas normas creadas en estos cuatro años de Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.
Por la complejidad en su elaboración y los efectos económicos cabe destacar la reforma laboral cuyo principal objetivo ha sido reducir la temporalidad; la de pensiones con el reto de garantizar las nóminas de los jubilados del baby-boom y la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para luchar contra la pobreza. En el ámbito fiscal, la legislatura ha estado marcada por un gasto disparado por el covid y la guerra de Ucrania y la creación de varios impuestos para aumentar la recaudación. Y, finalmente, la Ley de Vivienda, que se aprobó cinco días antes de que Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales.
Ninguna de ellas ha contado con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que ha mostrado su voluntad de reformarlas si llega al poder. Por tanto, todas ellas están “amenazadas”, aunque como recuerda la consultora EY, en caso de modificar reformas legales derivadas del PRTR, deberán volver a someterse al criterio de la Comisión Europea.
Reforma laboral
Posiblemente, el más emblemático de los cambios económicos de estos cuatro años, la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021, es fruto de un pacto con empresarios y sindicatos durante un intenso año de negociaciones, lo que hace prever que en caso de que gane Alberto Núñez Feijóo, tenga difícil una contrarreforma, aunque no se descartan “retoques”. Según las cifras, ha cumplido su principal objetivo de reducir la temporalidad, una demanda reiterada desde Bruselas, pues se ha pasado de un 24,7% a finales de 2021 al 17,28% actual, un porcentaje que se reduce al 14% en el sector privado, pues el público continúa por encima del 30%. Desde el Gobierno también atribuyen a la reforma laboral los buenos resultados en la creación de empleo, en máximos históricos con 21,2 millones de afiliados, aunque ha sido generalizado en todos los países desarrollados. La mayor crítica que ha recibido es la reforma del contrato de fijos-discontinuos, considerados por Fedea o por el PP como temporales encubiertos.
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
Aunque no se trata de una reforma, las subidas del SMI han sido una de las banderas de Sánchez en materia laboral y social, pues lo ha incrementado de 735,9 euros mensuales a 1.080 euros, un aumento global del 46,8%. En cada uno de los seis años de gobierno socialista se ha elevado el SMI, con un máximo del 22,3% en 2019 (primer año de mandato de Sánchez), y un mínimo del 1,6% en 2021. Los empresarios han mostrado una fuerte oposición a las subidas que, según alegan, han afectado a ciertas actividades con empleos poco cualificados y desde algunos organismos, como el Banco de España y el Airef, se ha señalado que podría haber mermado la creación de empleos de bajo valor añadido. Desde el Gobierno rechazan tal hipótesis argumentando la fuerte creación de empleo en estos años.
Reforma de las pensiones
Otra de las reformas emblemáticas del Gobierno saliente y, también, una de las más polémicas, es la de pensiones que, en realidad, son cinco reformas diferentes. Junto con la Ley de Vivienda es una de las que tiene más riesgo de contrarreforma como ha quedado patente en la campaña electoral. No obstante, aunque lo más conocido es la subida anual de las pensiones según el IPC (8,4% en 2023), quizá no sea una de las medidas en peligro, máxime si se tiene en cuenta que la inflación vuelve a subidas “manejables” por el Gobierno. Además, contó con el apoyo de los empresarios. No así la segunda parte de la reforma, dedicada a generar más ingresos, que se centró en medidas cuyo efecto económico recae en las empresas, como la creación del MEI —un recargo del 1,1% de las cotizaciones para nutrir un fondo de reserva—, el destope parcial de las bases máximas de cotización o la nueva cuota de solidaridad, también para los salarios más altos. Airef y el Banco de España, entre los organismos públicos, y Fedea, en la parte privada, han sido muy críticos con la reforma por suponer un aumento del déficit muy superior al que calcula el ministro José Luis Escrivá. El Gobierno defiende la reforma diciendo que el déficit se ha reducido estos años gracias al aumento de afiliados, a los mayores salarios (subida SMI) y a las medidas puestas en marcha. Mayor consenso ha recibido la reforma del sistema de pensiones de los autónomos, con el apoyo de los agentes sociales.
Ingreso Mínimo Vital (IMV)
La creación de una ayuda para las familias más necesitadas, el Ingreso Mínimo Vital, ha sido la principal medida de carácter social del Gobierno Sánchez, aunque rodeada de polémica, pues Airef ha reducido de forma considerable el número de hogares a los que llega. Según el organismo independiente de control de las finanzas de las Administraciones públicas, a finales de 2022 había 283.811 familias que cobraban el IMV, frente a las más de 600.000 de las que habla la Seguridad Social. Ateniéndose a las cifras de la Airef, la ayuda solo habría llegado a algo más del 30% de los 800.000 hogares previstos en 2020 cuando se puso en marcha. La escasa penetración de la medida ha llevado a Escrivá a poner en marcha un autobús para difundir el IMV por las ciudades españolas.
Nuevos impuestos
El mandato de Sánchez está marcado en materia fiscal por las bajadas del IVA a la electricidad y el gas y a los alimentos para combatir la inflación, pero también a la creación de nuevas figuras para aumentar la recaudación. Los últimos impuestos, aprobados el pasado año y que han entrado en vigor el 1 de enero, son temporales (por dos años): en primer lugar, los especiales para las empresas energéticas y para la banca que han recaudado 1.455 millones de euros en el primer pago de 2023, de los dos que se harán este año y están en línea con la previsión del Gobierno de obtener 3.000 millones por ambos impuestos este año. El tercer tributo puesto en marcha es el de las Grandes fortunas, para compensar el de Patrimonio en aquellas CCAA del PP que han decidido suprimirlo. Hasta final de año no se conocerá su recaudación que el Gobierno estima en 1.500 millones que abonarán 23.000 grandes fortunas. Sobre los tres pesan denuncias ante el Constitucional.
No son los únicos impuestos creados por Sánchez. En 2022 entraron en vigor los impuestos sobre Transacciones Financieras (conocido como tasa Tobin) que se prevé aporte a Hacienda este año 237 millones y sobre Determinados Servicios Financieros, con una previsión de 335 millones, muy por debajo de los 1.800 millones que anunció el Gobierno. En mayo llevaban 134 millones el primero y 143 millones el segundo. Igualmente, el Gobierno ha establecido que las grandes empresas abonen en el Impuesto sobre Sociedades un tipo efectivo mínimo de 15% sobre la base imponible en el impuesto sobre sociedades. Además, se han creado o modificado los impuestos de residuos, de plásticos no reutilizables (55 millones de recaudación hasta mayo) y de gases fluorados (48 millones a mayo).
Ley de Vivienda
La ley de Vivienda, aprobada cinco días antes de que Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales, pretende establecer una regulación homogénea a nivel nacional de los aspectos e instrumentos esenciales de las políticas públicas de vivienda, lo que podría ser útil si no se invaden competencias autonómicas, en opinión de Fedea, que considera que incorpora “algunas disposiciones que pueden ser contraproducentes o al menos arriesgadas”. Entre ellas está la introducción de medidas de control de alquileres en áreas consideradas “tensionadas” por las administraciones locales o regionales, una medida que, según el think tank tenderá inevitablemente a agravar los problemas de oferta que el Gobierno presumiblemente busca aliviar. Dada el escaso tiempo de andadura, se desconoce el efecto que tendrá sobre el mercado inmobiliario. De momento, lo que se sabe es que nació en medio de la polémica entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y con el rechazo del PP que defiende un gran pacto estatal para sustituirla.