Gritos y banderas preconstitucionales en Ferraz, con violencia de los ultras y cargas policiales, y más protestas de la derecha a las puertas del Congreso. Dentro, en el hemiciclo, insultos a un lado y celebraciones por la investidura de Pedro Sánchez con un nuevo Gobierno de mayoría raspada y equilibrios complicados al otro. La “polarización” y la “inestabilidad” política son elementos que preocupan a los empresarios y expertos y economistas consultados coinciden. Pero apuntan a otros riesgos derivados del nuevo Gobierno y su agenda: un gasto público descontrolado, falta de productividad para subir salarios y reducir jornada y frenazo al mercado de la vivienda.
Aunque las Bolsas no se han resentido -“los mercados son un misterio” apunta el director ejecutivo de FEDEA y doctor en Ciencias Económicas, Ángel de la Fuente-, la economía mira de reojo y con preocupación la agitación en las calles. “La inestabilidad e incertidumbre no son buenas, pero si se disipa pronto no tendrá efectos importantes”, apunta De la Fuente. “La falta de diálogo, la polarización, no ayudan a generar inversiones, la radicalización política no ayuda a comportamientos económicos racionales”, apunta el doctor en economía Miguel Ángel García Díaz.
Más allá de las medidas económicas anunciadas o reafirmadas esta semana (sobre todo la extensión de la rebaja del IVA, el transporte gratuito para jóvenes y desempleados o la jornada de 37 horas y media), las condiciones de un Gobierno que se sustenta en el pacto con Junts y en la Ley de Amnistía no son ideales para la estabilidad. “A favor de España juega que ha recibido muchos fondos europeos por el plan de recuperación y eso si se usa bien aumentará la demanda, la inversión y la capacidad productiva”, apunta De la Fuente.
“No creo que la amnistía de por sí afecte a la economía, pero si el entorno político es complicado todo cuesta más”, rebaja Santiago Carbó, catedrático de análisis económico y director de la revista Papeles de Economía de Funcas. Pese ello, Carbó cree que “un gobierno, salvo catástrofe o lotería, no tiene tanto poder sobre la economía”, y cree que el problema es que “llevamos 15 años sin un aumento de productividad” por la falta de valentía en medidas “que molestarían a algunos sectores”.
“Si aumentan mucho los impuestos y el gasto será difícil esperar algo bueno, pero eso no significa que la economía vaya a descarrilar, porque tiene pilares como el turismo o el consumo interno que van a seguir ahí. Pero hay que sustituir algunas actividades por otras más productivas”, reflexiona Carbó, que concluye que “no es que un gobierno a corto plazo lo destroce todo, sino que muchos gobiernos malos que hacen poco durante mucho tiempo pueden generan problemas”, y mete ahí en el mismo saco a PP y a PSOE.
El secretario general del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla, coincide en que “cualquier situación de inestabilidad social no es buena para la actividad económica”, pero, como De La Fuente, cree que el suflé puede bajar en los próximos días y reducir su impacto económico. Otra cosa es la agenda económica del nuevo Gobierno.
IVA, transporte público gratuito y déficit fiscal
Las dos medidas anunciadas el miércoles con impacto más directo en la economía de las familias son la extensión de la eliminación del IVA a alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, harina, quesos, fruta o verdura (y del 10 al 5% en otros productos) y el transporte público gratis para menores, jóvenes (aún por fijar hasta qué edad) y desempleados.
“Las ayudas al transporte público son una buena idea para ahorrar energía”, apunta De la Fuente, pero apunta a que al sumarlas a la rebaja del IVA y a otras medidas que suponen mayor gasto público “que hará que se supere el máximo del 3% de déficit fiscal” que se prevé que la Comisión Europea fije como tope en el acuerdo sobre reglas fiscales europeo que se está negociando. “A no ser que haya una subida muy fuerte de impuestos, si el Gobierno quiere cumplir todas las promesas, existe un elevado riesgo de que el déficit se descuadre”, aporta De la Fuente.
“Las medidas pueden gustar más o menos, pero con un déficit estructural que supera el 3,5%, no estamos en la mejor posición para incrementar el gasto público, además la recaudación está cayendo”, concuerda Miguel Ángel García, que recuerda que tanto la Comisión Europea como AIREF recomendaron retirar estas medidas que se aprobaron para mitigar los efectos en los precios de la guerra de Ucrania.
García también defiende que este tipo de medidas “tendrían que estar vinculadas con el nivel de renta”. “Puede tener el cine gratuito un jubilado con una renta superior a alguien de mediana edad”, defiende. Para conseguir vincular la medida a la renta, defiende la obligatoriedad de la declaración de la renta, que también ayudaría a simplificar el Ingreso Mínimo Vital.
Hermosilla, del Col·legi, apunta que aunque la gratuidad al transporte público sumada a las subvenciones aún vigentes pueden ser positivas, “la población se verá afectada si se retiran”. Y eso es aplicable también para la rebaja del IVA. “Tiene sentido que hayan extendido la medida porque si no producirían una gran inflación volviendo al IVA de golpe. De alguna forma el Gobierno está atrapado por sus propias medidas, que si se retiran tienen un impacto en las familias”, aporta.
Hermosilla recuerda que aparte del déficit fiscal un mayor gasto público ayuda a comprometer la deuda pública, que está levemente por debajo del 110% del PIB “y que en un contexto de aumento de tipos de interés aumentarán los costes”. “Si no corregimos el déficit público, lo sufriremos a partir de impuestos y esto es más preocupante en función de los topes y regulaciones que ponga Bruselas”, completa.
Reducción de jornada y aumento del SMI
Los expertos consultados tampoco celebran la subida del Salario Mínimo Interprofesional para que se estandarice en el 60% del salario medio ni la reducción de jornada a 37,5 horas, dos de las medidas pactadas por el Gobierno de Sánchez con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que debe repetir en el cargo.
“Las buenas subidas de sueldos son las que reflejan un incremento de la productividad. Somos más productivos y por eso podemos pagar más. Ahora bien, las que son forzosas no son tan buena idea y se pagan por otros lugares”, advierte De la Fuente, que cree que “derivarán en más inflación por el aumento de los costes para las empresas” y que pondrán en riesgo a pequeñas empresas y al sector agrícola. “Un pequeño autónomo no cobra mucho más que el sueldo que paga y lo que le das a uno se lo quitas a otro”, alerta.
De la Fuente advierte además de que “es la negociación colectiva” la que debería acordar este tipo de medidas “y no imponerlo”. “Todo va en la línea de aumentar los costes de las empresas, no la productividad”, incide. “Con un SMI más alto y una reducción de jornada, no te compensa contratar a más gente y eso puede excluir a personas con menor formación del mercado laboral”, completa.
La productividad lleva años estancada y por debajo de la media de la Eurozona, recuerda por su parte Miguel Ángel García, que aunque se muestra favorable a las subidas de SMI alerta que “las personas que no tengan una productividad equivalente a ese sueldo, pueden quedar fuera del mercado laboral”. “Habrá que ver cómo se aplican estas medidas y cómo evoluciona la productividad”, plantea por su parte Hermosilla, del Col·legi.
Tipo mínimo de sociedades del 15%
Una de las vías para sufragar el aumento del gasto público por parte del Gobierno es el aumento de impuestos a empresas y grandes fortunas. El aumento del tipo mínimo a sociedades al 15% es una medida que no es mal vista por los expertos, pero con matices. “Para las pequeñas y medianas empresas es una buena noticia, porque ya pagan más mientras que algunas de las grandes se libran con exenciones”, celebra Hermosilla.
De La Fuente, de FEDEA, apunta que “el impuesto mínimo puede tener lógica, pero debe contemplar que las multinacionales ya pagan impuestos en otros países”. “Si el 15% se aplica al beneficio contable, no estás teniendo en cuenta que esos impuestos ya se han pagado en otro país y eso no es muy equitativo”, apunta.
El impuesto a las grandes fortunas, en cambio, cree que “es muy negativo porque hereda los vicios del impuesto de patrimonio y solo le mete el dedo en el ojo a una comunidad o dos”.
Miguel Ángel García alerta que es necesario “un sistema fiscal que consiga ingresos pero que no ahuyente las inversiones” y que la libertad de movimientos de capital dificulta que esto sea así aumentando los impuestos. “Las empresas que no están en España o que ingresan fuera de España no repatriarán sus ingresos”, advierte, y cree que es “mejor trabajar a nivel europeo la imposición mínima y seguir peleando porque los paraísos fiscales tengan más control”. “Dudo que se vayan a conseguir 10.000 millones de euros con esta medida", remata.
Vivienda
En materia de vivienda, fueron dos los principales anuncios de Pedro Sánchez el miércoles. El primero, la construcción de 185.000 viviendas de alquiler asequible, una cifra importante pero que se aleja del millón de viviendas que necesitaría para que esto tenga un impacto en el precio actual de la vivienda. El otro, extender las ayudas a familias hipotecadas aumentando hasta los 38.000 euros anuales la renta máxima para quien pueda solicitar la congelación de la cuota a cambio de extender el plazo.
Esta segunda medida goza de buena prensa aunque De La Fuente apunta que es “problemático” que “una empresa privada tenga que asumir el coste de la política pública” en relación al hecho de que serán los bancos quienes refinanciarán las hipotecas.
Más allá de las medidas anunciadas, la vivienda en España vivirá pendiente del despliegue de la ley de vivienda que ha de regular los precios del alquiler y que, por ahora, ha hecho que caiga la oferta disponible. “Las medidas no están ayudando a mejorar la oferta ni el precio”, lamenta Miguel Ángel García, que apunta a que “en otros lugares del mundo cuando ha habido una restricción de precios ha caído la oferta de vivienda”. “Si los propietarios no se fían de la ley y la oferta baja, los precios suben”, completa De la Fuente.
La caída de la oferta de alquiler llega de la mano de una caída en la demanda de vivienda motivada por la subida de los tipos de interés. “Si cae la construcción, tanto para el alquiler como para la compraventa, eso puede tener un efecto en la economía”, alerta De la Fuente.
En clave catalana
El acuerdo de investidura se sustenta en gran parte en los pactos con Esquerra y Junts y, en el episodio económico sobre Catalunya, destaca la quita del 20% de la deuda catalana con el estado y la revisión del modelo de financiación, a concretar en un pacto que tan solo destaca lo que buscarán los partidos, Junts una recaudación del 100% para la Generalitat y el PSOE una “mayor autonomía” financiera.
De la Fuente ve la quita de la deuda como “una reducción de incentivos para la disciplina fiscal”. “Las comunidades tendrán la impresión de que pueden gastar porque se las va a rescatar”, apunta, y pide un nuevos sistema de financiación “pero no en la línea de lo que pide Junts”.
“Habrá que entrar en el financiamiento autonómico, pero a ver cómo se hace para que el estado no salga mal parado, habrá superávits que tendrán que tapar otros déficits”, apunta Hermosilla, que defiende la condonación de la deuda en términos catalanes porque “la elevada deuda impedía cubrir otros gastos públicos importantes que a la postre repercutirán a la economía española”.
Otras medidas
La simplificación del Ingreso Mínimo Vital para que llegue a más gente (ha generado grandes problemas por su burocracia) o una atención flexible y sin cita previa en la administración pública son otros de los anuncios importantes de Sánchez en su discurso de investidura, estos realizados sin más detalles que permitan analizarlo detenidamente.
Habrá que estar pendiente, en este sentido, de qué sucede con funcionarios como los de Seguridad Social o Inspección de Trabajo que están desbordados y piden más personal desde hace años y qué coste público tiene una contratación masiva si es que se da.
Una mayor progresividad del IRPF, la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía, la apuesta por las renovables hasta asumir un 100% de la energía eléctrica a finales de la década y una simplificación de trámites en Sanidad son otras de las medidas que anunció y de las que iremos conociendo detalles con el avance de la legislatura.