La patronal catalana Foment, junto con las principales agrupaciones del sector inmobiliario, han publicado un comunicado conjunto en que alertan del "grave impacto" que tendrá la aplicación del tope de precios a los pisos de temporada. Según las patronales, provocará "una distorsión en el marco jurídico" e "inseguridad jurídica".
Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPIO) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona firman este documento en el cual expresan su "preocupación" por la medida.
"Esta medida, si se llegara a implementar, supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad laboral, académica y social en Catalunya", señala el comunicado. El martes, el Gobierno del PSC pactó con ERC, comunes y la CUP que el tope de precios se aplique también en los pisos de temporada, tal como pedían algunos movimientos por la vivienda en una multitudinaria protesta del pasado sábado. En los portales inmobiliarios, los pisos de temporada se han disparado con precios que superan el índice de referencia porque es un tipo de vivienda que no se acoge a la misma ley para no ser vivienda habitual.
Para los firmantes, los alquileres de temporada "no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta". Por este motivo, defienden que extender el control de precios a estos pisos "supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social". Las patronales apuntan además que el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) "establece claramente que las limitaciones al precio del alquiler solo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual". "Aplicarlos el mismo tratamiento legal no solo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de esta oferta en Catalunya.
"Se considera arrendamiento de vivienda permanente el destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda, con independencia de su duración. No tendrán esta consideración las viviendas destinadas a la satisfacción de usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones sea esta de verano o cualquier otra, que en todo caso se tiene que hacer constar en el contrato,", dice el nuevo decreto, que también incorpora la definición de "contrato de fraude" para aquellos que incorporen cláusulas o prácticas engañosas. El acuerdo incorpora también el alquiler de habitaciones a la regulación. E incluye un cuerpo de inspectores de vivienda con el fin de detectar estos fraudes.
Foment y las patronales inmobiliarias, mientras tanto, denuncian "la sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Catalunya" y reclaman "que se deje de legislar de espalda en el sector y se adopten políticas de vivienda realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar el sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Catalunya necesita".