La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que el refuerzo de la atención ciudadana en la próxima campaña de la Renta en Catalunya, acordada por la Generalitat, supone una cesión de funciones de recaudación “ilegal” porque, supuestamente, carece de cobertura legal. La IHE se ha alineado con las formaciones políticas que se oponen al planteamiento de una ‘financiación singular’ para Catalunya.

En un comunicado difundido este lunes, la IHE incluso hace referencia a “la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés independentista”, en cuanto “a la exigencia de responsabilidades, incluidas las penales, respecto de cualquier medida que se apruebe, y el gasto público que se realice, para implantar un régimen que en el momento actual no tienen ningún amparo legal”.

En la nota, esta asociación de inspectores recuerda que “lleva advirtiendo desde hace más de un año de las graves consecuencias que tendría en el sistema tributario, y en el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el nuevo régimen fiscal para Catalunya denominado financiación singular”.

En la nota añaden que, “para implantar dicho régimen”, acordado en su momento por ERC y el PSC, “se tienen que traspasar a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) los medios humanos, materiales y tecnológicos que tiene actualmente la AEAT en Cataluña. Ello supone el fraccionamiento de la AEAT y su desaparición de ese territorio”.

Aunque todavía no se ha definido el contenido de la ‘financiación singular’, la IHE ya da por sentado que su resultado será “equivalente al cupo del País Vasco y Navarra, es un régimen que no está contemplado ni en la Constitución ni en sus normas de desarrollo. Por tanto, se puede decir que en el momento actual es un régimen ilegal”.

Ante “la imposibilidad material” de implantar este régimen de forma inmediata, esta asociación de inspectores afirma que “se quiere comenzar de forma gradual traspasando el IRPF, después el IVA, y así sucesivamente, hasta conseguir la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos” que los ciudadanos pagan en Catalunya.

La Generalitat anunció la semana pasada que ampliará el número de oficinas y el personal destinado a la campaña del IRPF. Se pasará de 35 mostradores disponibles en la campaña del año pasado a 87 en la actual, más del doble.

“Si estuviéramos en cualquier otra comunidad autónoma, esta medida se contemplaría dentro de la colaboración existente entre administraciones –reconocen esta asociación de inspectores en su comunicado–. Pero en el presente caso, esto no es así, porque el comunicado [de la Generalitat] dice claramente que es el paso previo para que la campaña del año que viene la realice en exclusiva la ATC; es decir, sin la colaboración entre las dos administraciones, situación impensable en cualquier otra comunidad autónoma”. Insisten en que esta medida “se disfraza como una fórmula de colaboración”.

Afirman que “los Inspectores de Hacienda no podemos estar tranquilos, ya que el resultado final de esta falsa colaboración supone la desaparición de la AEAT de Catalunya, y estos primeros pasos son muy importantes, porque son el principio del camino hacia esa desaparición, y sabemos que no tienen vuelta atrás”. Indican que el incremento “sustancial” de oficinas y empleados anunciado por la Generalitat “no tiene como objetivo prestar unos mejores servicios a los ciudadanos, sino que sólo supone dar pasos hacia un régimen que, como se ha dicho, en el momento actual es ilegal”. Por ello, reclaman que no se adopten las medidas previstas.