El tejido empresarial en Catalunya vuelve a levantar la voz ante de la clase política para exigir que la economía esté en el centro del debate para pactar la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno español. Las reivindicaciones han confluido en las últimas semanas ante unas negociaciones, entre las formaciones políticas catalanas ERC y Junts con el PSOE, que parecen enquistadas y de las cuales solo trascienden las conversaciones que se están manteniendo sobre una posible amnistía. No hay patronal ni institución económica que no haya puesto sobre la mesa de debate unas reivindicaciones que, en general, coinciden al exigir que se hable también de aspectos como un pacto fiscal que regule las relaciones financieras entre España y Catalunya -tal como adelantó ON ECONOMIA- y que estaría inmerso en un nuevo modelo de financiación autonómico, caducado desde hace una década y reiteradamente reclamado, además de la modificación del modelo territorial del Estado. También existe un grito unánime para reclamar el incremento y mejora de las inversiones que los presupuestos españoles destinan a Catalunya, que en esta cuestión sufre un déficit endémico; y eternas reivindicaciones como el traspaso de la gestión y presupuesto para Rodalies y la controvertida ampliación del aeropuerto de El Prat.
Con más o menos sesgo político, ha habido una confluencia de los intereses empresariales en los últimos actos públicos en que han participado los líderes empresariales de las patronales y las instituciones y lobbies económicos en Catalunya. El rumor existía desde hacía semanas, en los pasillos y entre bastidores los empresarios se preguntan por qué no se habla de los problemas económicos de Catalunya, cuando existe un consenso general de que el territorio está perdiendo peso frente a otras comunidades autónomas y que es necesario tomar medidas -desde la administración y el fomento de la iniciativa público-privada- para reactivar la economía y la creación de empleo y hacer más competitiva Catalunya. Entre otras iniciativas, tanto patronales como instituciones están poniendo un pie en Madrid, para que sus proclamas no caigan en saco roto.
La preocupación generalizada ha instado a los integrantes del extinguido Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) -formado por reconocidos economistas, académicos y empresarios- a reabrir el debate sobre un pacto fiscal para Catalunya. La recaudación y gestión por parte del Govern de todos los tributos que se generan a Catalunya, con capacidad normativa y financiera, sería uno de los propósitos centrales. Con el melón del modelo de financiación abierto, pocas horas han pasado para que entidades como la Cambra de Comerç de Barcelona se hayan sumado a esta reivindicación, como ya pasó en el 2012, cuando este debate centraba las entonces tensas relaciones entre la España de Mariano Rajoy y la Catalunya de Artur Mas. Aquellos años de intensas negociaciones, la misma Cambra de Comerç y lobbies empresariales como el Cercle d'Economia reclamaban -y todavía lo consideran válido actualmente- un modelo de financiación para Catalunya -no un concierto económico como el vasco- que tenga en cuenta "la singularidad" de la comunidad autónoma y siga siendo "solidario" con el resto de España.
El Cercle d'Economia, en su última nota de opinión, ha recordado que hace falta reconocer el carácter plural de España y determinar la distribución de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, dejando en manos de Catalunya aspectos como la lengua, la enseñanza, la cultura, el derecho civil propio, la ordenación territorial o la organización interna de la administración autonómica. En este contexto, el sistema de financiación para Catalunya tendría que contemplar la capacidad normativa, de gestión, de recaudación y de inspección de las autonomías; implementar nuevos mecanismos de coordinación fiscal y recaudación y modificar el sistema de reparto de recursos financieros entras las comunidades autónomas, con el adecuado nivel de equidad. Esta misma semana, la consellera de Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, reclamaba desde el Parlamento que hay que definir un modelo singular" para Catalunya que revierta el déficit fiscal del Estado con Catalunya, una cifra que el Govern eleva a 22.000 millones de euros, en 2021.
En el trasfondo, la idea de que después de la etapa "convulsiona" -el calificativo que otorga una parte del empresariado al procés- y que dan por cerrada, hay que centrarse en los grandes retos de país sobre la relación Catalunya y España y la gestión de las grandes políticas públicas que hacen falta para reactivar la economía. Desde la patronal Foment del Treball, que preside Josep Sánchez Llibre, los empresarios inciden en afianzar la seguridad jurídica que permita el retorno de las compañías que cambiaron su sede social a raíz del procés y se añaden a reivindicar una nueva financiación autonómica. También abarcan otra cuestión importante para el tejido empresarial: la política fiscal. Denuncian los patronos que en Catalunya hay una excesiva presión fiscal hacia empresas y empresarios "asfixiante" y "confiscatoria", y avergüenzan al ejecutivo español determinadas medidas que califican de "populistas". Entre las reiteradas reivindicaciones de la patronal consta también el traspaso de la gestión de Rodalies, porque las deficiencias actuales del servicio evidencian la falta de inversiones para la mejora de la red, cifradas en 6.500 millones hasta los 2030.
Desde la pequeña y mediana empresa, la patronal Pimec también ha hecho su carta a los Reyes. El presidente de la entidad, Antoni Cañete, ha remachado que hace falta una investidura para poner en marcha medidas para mejorar la competitividad de las pymes, que dependen de revisar la financiación autonómica, una fiscalidad adaptada para pymes, mejorar la inversión pública en infraestructuras clave para Catalunya, y un Pacto Nacional por la Industria de ámbito estatal -a sabiendas de que en Catalunya los agentes sociales y el Govern han conseguido implementarlo- y medidas para impulsar la competitividad en el mundo agrario e impedir la despoblación de las zonas rurales.
Pimec fue una de las patronales que, junto con Amec, Cecot y FemCat y las cámaras de comercio catalanas, suscribió hace unos meses un manifiesto para alertar de los efectos que tiene el déficit fiscal en la competitividad de Catalunya. Con datos apoyados por un informe del Col·legi d'Economistes de Catalunya, estas entidades pusieron sobre la mesa de debate sus dudas sobre cómo es de difícil enderezar la situación económica y de generación de riqueza de Catalunya si el Govern no tiene capacidad para recaudar y decidir sobre el destino de los recursos. Sin posicionarse por un modelo u otro, insistieron en el hecho de que la distribución de los recursos públicos en el Estado es claramente injusta e insuficiente y que se puede analizar la aplicación de un modelo autonómico más avanzado, el modelo del concierto o un sistema federal. El Col·legi d'Economistes de Catalunya hace años que alerta de que en Catalunya la ejecución presupuestaria del Estado y su sector público está por debajo de o estipulado. Con datos de 2021, la ejecución ha sido solo del 35,8%, la cifra más baja de todas las comunidades. En el periodo de siete años que va de 2015 a 2021, la inversión pública real del Estado en Catalunya ha sido de 105 euros por habitante, cuando la media estatal es de 225 euros por habitante.