El Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y líder de los ministros de Sumar en el Gobierno, mantiene un as en la manga para superar el trámite parlamentario que despejaría la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Se trata de 375 millones de euros (una cifra elegida por la semejanza con la nueva jornada) que Trabajo se ha guardado para ofrecer a la oposición un plan de ayudas con el que facilitar a las pymes el recorte del horario manteniendo los salarios. Algo que no convence en las filas socialistas.
Pero eso es adelantarse a los acontecimientos, pues primero debe ser aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto que regule la reducción legal del tiempo de Trabajo. Y, lo que debería haber sido un camino de rosas, pues es una de las medidas pactadas para la legislatura por los socios de gobierno, se ha convertido en uno de espinas. Los socios de coalición se han enzarzado en una gresca mayúscula, hasta el punto de que Yolanda Díaz llegó a decir que lo que estaba haciendo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, era de “ser una mala persona”. Se refería a la intención de la parte socialista de negarse a aprobar en Consejo de Ministros el acuerdo que el Ministerio de Trabajo firmó el 20 de diciembre con los sindicatos CCOO y UGT.
Este lunes se da un paso decisivo para saber cómo están las negociaciones en el seno del Gobierno español. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (compuesta por los números dos de los ministerios económicos) analiza hoy el texto presentado por Trabajo, y pactado con los sindicatos, para que los distintos ministerios se posicionen. La Comisión Delegada es un organismo que analiza previamente los textos legales que deben ir al Consejo de Ministros para su aprobación. Un texto puede pasar varias veces por esta Comisión antes de tener el sello verde que permite remitirlo al Consejo de Ministros para ser debatido y, en su caso, aprobado.
Los cinco ministros de Sumar llevan días recordando públicamente la reunión de la Comisión Delegada, que debería abrir la puerta para la aprobación del anteproyecto. Incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz se dará este lunes un baño de multitud en un acto público antes de que se reúna. Pero no parece que pueda ser tan inminente.
Ayuda a la pyme
Uno de los encontronazos, por no decir el más duro, radica precisamente en el uso de esos 375 millones. En la mesa de negociación con sindicatos y empresarios, el Ministerio de Trabajo ofreció la aprobación del Plan Pyme 375 con ayudas económicas para facilitar el tránsito de la jornada de 40 a las de 37,5 horas a la semana. Durante el año largo que se mantuvieron las negociaciones con los agentes sociales, una de las principales quejas de las patronales CEOE y Cepyme era la dificultad de las empresas más pequeñas para adaptarse a la imposición legal de rebajar 2,5 horas la jornada semanal. Fuentes sindicales han señalado a ON ECONOMIA que dicho plan tendría una dotación de 375 millones de euros.
En diciembre, Trabajo y los sindicatos consideraron que no tenía sentido seguir negociando con los empresarios, pues desde CEOE y Cepyme defendían que la reducción de la jornada no se debía realizar mediante una “imposición legal”, sino acometerse sector por sector y empresa por empresa a través de la negociación colectiva entre los directivos y los representantes de los trabajadores.
Y dejaron claro que la decisión de las patronales de no sumarse al pacto implicaba la retirada del Plan Pyme 375 y, por tanto, los 375 millones para la transición hacia la nueva jornada de 37,5 horas. Sin embargo, fuentes sindicales aclaran a este diario que lo que se puede interpretar como una amenaza a los empresarios es, en realidad, una baza que se utilizará en las Cortes para negociar el apoyo de una mayoría política suficiente para que la medida pueda llegar a publicarse en el BOE.
Estas fuentes señalan que, incluso, supone abrir una puerta indirecta a la CEOE y Cepyme para que se sumen al carro, a través de la negociación de las enmiendas de las distintas fuerzas políticas. Se trata, en definitiva, de permitir que la oposición se apunte el tanto de las ayudas a las pymes a cambio de apoyar el proyecto de ley.
Algo que no parece gustar mucho en las filas socialistas que quieren que el proyecto vaya a las Cortes con el Plan de Ayudas ya aprobado en el seno del Gobierno y no dejarlo para que determinados partidos se apunten un tanto social.