Junts per Catalunya no acompañará al Gobierno en su aventura de hacer permanente el impuesto a las energéticas, ya que pone en peligro una inversión de 1.100 millones de euros, muy importante para el Camp de Tarragona, según ha podido saber On Economia. No es esa la única razón de peso para la formación de Carles Puigdemont y Jordi Turull: también es muy relevante el hecho de que no lo llevaban en el programa electoral y consideran que el impuesto es una trampa, porque las eléctricas quedan fuera.
Junts per Catalunya mantiene una negociación abierta con el Gobierno y el Ministerio de Economía, a través de la presidenta de su grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras. Con la formulación actual, el impuesto es de carácter extraordinario y finaliza el próximo 31 de diciembre si no se aprueban unos nuevos presupuestos generales del Estado. El partido independentista ya ha hecho saber al ejecutivo español que ellos no apoyarán esta medida fiscal, con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez tendría que buscarse nuevos aliados en el Partido Popular o en Vox para sacarlos adelante, algo que parece a todas luces imposible.
En consecuencia, el Gobierno tendrá que retirar el impuesto a las energéticas del paquete fiscal que está negociando con Bruselas si quiere que sea aprobado. Junts pone el acento en otra cosa más: Repsol y Cepsa son las dos empresas más perjudicadas, y se trata justamente de las que tienen inversiones más altas en Catalunya para los próximos años. Sobre todo, la primera es especialmente importante en el Camp de Tarragona, donde está previsto uno de sus planes más ambiciosos de economía circular y transición energética, que el sector económico espera con impaciencia. Jaume Giró, de Junts, dijo hace unos días que "si no se pueden hacer las inversiones en Tarragona, se harán en Francia o Portugal".
Por ello, los empresarios catalanes también están preocupados por dichas inversiones. Foment del Treball ha pedido al Govern de Salvador Illa que interceda e impida que el impuesto a energéticas se convierta en permanente, porque supondría “un ataque al corazón de la economía” catalana y una “maniobra confiscatoria”. La patronal que preside Josep Sánchez Llibre alude también a la seguridad jurídica y pone como ejemplo de lo que perdería Catalunya la inversión de Repsol en Tarragona.
Los impuestos, de temporales a permanentes
La pasada semana, el Ministerio de Economía dio a conocer las cifras que está pactando con la Unión Europea para cumplir las reglas fiscales comunes, que apuntan a que España hará un esfuerzo fiscal anual de cuatro décimas del PIB, unos 6.000 millones anuales. Entre los impuestos a la banca y las energéticas, pretende recaudar unos 2.000 millones de euros cada ejercicio.
El Gobierno aprobó ambos impuestos a finales de 2022 como una medida extraordinaria y temporal para paliar los efectos sociales y económicos de la guerra de Ucrania, que disparó el precio de la energía y algunas materias primas y, con ello, la inflación. El Ejecutivo de Sánchez bajó impuestos a la electricidad y el gas y a alimentos básicos para contrarrestar dicha subida de precios y, para sufragar la pérdida de ingresos públicos que ello iba a suponer, aprobó los gravámenes a banca y energéticas con el argumento de que estaban logrando beneficios extraordinarios por las subidas de precios.
Inicialmente, ambos impuestos eran para dos años, 2023 y 2024. Pero tras las elecciones de julio del 23 y las presiones de Sumar, y cuando los precios energéticos ya habían caído y no justificaban el impuesto —algo que aseguró incluso la Comisión Europea—, el Gobierno aprobó trabajar para reformar dichos impuestos con el objetivo de convertirlos en permanentes. Así, Sánchez cedió a una de las peticiones de Yolanda Díaz, que tenía a las grandes empresas, especialmente energéticas y bancos, en el punto de mira. De hecho, el pasado sábado, fuentes de su partido insistieron en que los impuestos se harán permanentes e incluso aseguraron que, en caso contrario, no habría presupuestos.
La decisión de hacer el impuesto permanente provocó el rechazo unánime tanto del sector energético como del bancario, pero estableció algunas excepciones que, a la práctica, eximían a las eléctricas del impuesto y cargaban prácticamente todo su peso sobre Repsol y Cepsa pese a sus planes de descarbonización y las inversiones previstas en proyectos de transición energética.
Los proyectos en peligro
Repsol es la compañía que más ha pagado por el gravamen a las empresas del sector estos dos años que lleva en vigor, 800 millones de euros en total, mientras que también es una de las que tiene más inversiones previstas en España, que peligran si se hace permanente el impuesto. Por ello, la compañía que preside Antoni Brufau ha sido muy beligerante con el impuesto, que considera arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio.
Y no solo lo ha criticado, sino que ha condicionado algunas inversiones en España y Catalunya. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya anunció hace un año que ponían en revisión todos los proyectos previstos: “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las inversiones futuras en nuestros activos industriales en España. Es decir, antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, analizaremos si las condiciones son estables y atractivas para garantizar los retornos de esas inversiones”.
En Catalunya, lo que está en peligro son dos inversiones que suman 1.100 millones de euros y que son vitales para la supervivencia a largo plazo del complejo petroquímico de Tarragona, uno de los principales polos industriales del país y donde Repsol es el actor principal. Se trata de una ecoplanta, que costaría 800 millones, y de un electrolizador de hidrógeno verde, con 300 millones.
La ecoplanta, que se ubicaría en el municipio de El Morell, tendría la misión de convertir residuos en metanol. En concreto, la que proyecta Repsol procesaría cada año alrededor de 400.000 toneladas de residuos sólidos no reciclables de municipios de la zona para producir unas 220.000 toneladas de metanol. Este proyecto recibió 106 millones de los fondos para la innovación de la Comisión Europea, pero pese a ello está en estudio, pues el impuesto pone en riesgo su viabilidad.
El segundo proyecto es un electrolizador de 150 MW que debe ser el mayor de la península ibérica. Su función es producir hidrógeno renovable con un mínimo consumo de agua y tendrá, si se acaba construyendo, un colector de hidrógeno que lo transportará a la petroquímica de Tarragona y a la ecoplanta de El Morell, para fomentar el uso de esta fuente de energía en la zona. El electrolizador se enmarca en el Valle del Hidrógeno de Catalunya y el Corredor del Hidrógeno del Ebro.
La apuesta por Portugal
Repsol ha explicado también que, si no pueden realizar las inversiones en España, lo harán en otros mercados. Imaz, en la misma conferencia con analistas de hace un año, habló concretamente de Portugal como un país en el que podrían llevar futuros proyectos industriales: “Necesitamos tener un marco regulatorio claro, predecible y estable. De otra manera, tenemos otras alternativas. Tenemos lugares industriales. En Portugal podríamos tener actividad internacional en nuestro negocio industrial”.
Este mismo lunes, la compañía anunció una inversión precisamente en Portugal, si bien es más pequeña: de 15 millones de euros, para un proyecto de hidrógeno renovable, un electrolizador de 4 MW con capacidad para generar unas 600 toneladas anuales de hidrógeno verde. Fuentes de Repsol explicaron que están decididos a invertir en Portugal, dentro de su estrategia por la descarbonización, pues la ampliación del Complejo Industrial de Sines cuenta con el apoyo del gobierno luso, como una iniciativa de potencial interés nacional.