La Generalitat impulsará una nueva ley para regular los alquileres de temporada, que son aquellos que tienen una duración de entre uno y once meses y que escapan de la limitación de precios prevista en la Ley de la Vivienda, la normativa estatal que entró en vigor en mayo pasado.
Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Territorio, Ester Capella, en una intervención ante la comisión parlamentaria que trata de los asuntos de su departamento. Capella ha subrayado que, con esta nueva regulación catalana, "evitaremos que se eluda la aplicación de la ley" estatal respecto a las limitaciones de los precios de alquiler.
Capella también anunció que el Govern sacará adelante una nueva regulación del régimen urbanístico de pisos turísticos. El objetivo es el de "garantizar el uso residencial de la vivienda" en los lugares donde "el uso turístico produzca tensiones de precios" y no permita "satisfacer las necesidades de la población residente".
En su intervención, Capella no precisó los detalles de estas dos futuras regulaciones, pero dejó claro que era necesario blindar la ley estatal para evitar "depender de futuribles gobiernos, algunos con poca voluntad de aplicar la ley". Aunque indicó que esta norma estatal no es la que desearía, insistió en que están obligados a "aprovechar todas las oportunidades para garantizar el derecho de acceso a la vivienda".
Capella recordó que la ley estatal no prevé que las ciudades (ayuntamientos) puedan declarar áreas tensionadas para limitar los alquileres. Indicó que la Generalitat tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y, en consecuencia, garantizará la "plena actuación de la limitación del precio del alquiler". Sobre esta cuestión, indicó que el Govern ya ha iniciado los trámites para declarar Barcelona como zona tensionada.
El Gobierno ha puesto el punto de mira en estos contratos de entre uno y once meses que proliferaron para escapar de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que marca en cinco años la vigencia de los contratos. Capella insistió en que no permitirán la utilización fraudulenta de los alquileres de temporada. Cuando era consellera de Justicia, Capella impulsó la ley 11/2020 de contención de los alquileres que acabó anulada por el Tribunal Constitucional.