La Comisión Europea (CE) propuso este martes introducir penalizaciones automáticas para las entidades públicas y privadas que tarden más de 30 días en pagar una factura emitida por una pyme, así como permitir que estas empresas tributen conforme a las normas de su país de origen aunque operen en varios países de la Unión Europea (UE). Ambas iniciativas forman parte de un paquete de medidas que busca aliviar algunos de los principales problemas a los que se enfrentan las pymes, entre los que destacan el retraso en cobrar sus facturas, la excesiva carga administrativa o el acceso a financiación. El presidente de la patronal de pymes Pimec, Antonio Cañete, adelantó esta propuesta en una reciente entrevista a ON ECONOMIA.

La CE propone en primer lugar una nueva regulación para atajar el retraso en los pagos a pymes, ya que actualmente solo un 40% de las facturas se abonan a tiempo, según el análisis de Bruselas, que apunta a que las administraciones públicas y las grandes empresas son los peores pagadores. "Un cuarto de las quiebras de pymes tienen su origen en retrasos de pago, que a veces llegan a 100 o 120 días", destacó en rueda de prensa el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. La propuesta prevé mantener el plazo actual de 30 días para abonar una factura, pero eliminando las excepciones que ahora permiten ampliarlo para ciertas entidades públicas, como los hospitales, o si se negocia entre compañías otro plazo que no sea "extremadamente injusto", un término nada claro que ha generado muchos litigios, informa Efe.

"Se introduce un plazo vinculante, no habrá excepciones ni discusión sobre lo que es justo e injusto: será para todas las transacciones comerciales un máximo de 30 días", apuntan sobre un reglamento que sustituiría a la directiva vigente. Este prevé además introducir el derecho automático a reclamar intereses por demora y una penalización de 50 euros cuando no se respete ese plazo, lo que facilitará que las pymes obtengan unas compensaciones a las que muchas veces renuncian por el coste de reclamarlas ante los tribunales o el perjuicio que pueda generar a sus relaciones comerciales.

Contratas públicas

Bruselas propone asimismo que los contratistas principales de una licitación pública tengan que demostrar que pagaron a tiempo a las pymes subcontratadas, ya que han detectado que muchas veces solo abonan las facturas una vez concluida la obra; y que los Estados creen agencias que se encarguen de aplicar estas normas y puedan incluso investigar por iniciativa propia. Por otra parte, la CE plantea medidas para facilitar que las pymes que operan en varios países paguen sus impuestos en todos ellos sin tener que lidiar con varias administraciones tributarias, lo que reduciría en un 32% los costes de administración y permitiría ahorrar 34.000 millones de euros anuales, según sus cálculos.

El plan prevé que las pymes calculen su base imponible conforme a las normas del país donde tienen su sede y presenten una única declaración de impuestos en ese Estado. Ese país de origen tendría después que aplicar el tipo impositivo de los países dónde tenga establecimientos la pyme en función de la actividad que haya realizado en cada uno, recaudar los impuestos y transferir el montante correspondiente a las respectivas haciendas nacionales. "Es un pequeño desafío en materia de coordinación para las administraciones tributarias, pero estamos equipados (...) y para las pymes es una gran simplificación", apuntan fuentes europeas.

Este sistema sería opcional, solo podrían adherirse a él las pymes independientes -que no formen parte de un grupo- y contempla medidas para evitar que se aprovechen de establecerse en países con impuestos más bajos. Solo podrían acogerse al mismo las empresas que tengan residencia fiscal en un país desde hace más de dos años y cuando su beneficio en el exterior no supere el doble del que generan en el país de residencia. El sistema se aplicaría un máximo de cinco años prorrogables. Para entrar en vigor, las propuestas deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE, en el caso de esta última, por unanimidad.

Impuestos de las multinacionales

Por otro lado, la Comisión Europea presentó este martes una nueva propuesta para que los Estados miembros sigan las mismas reglas para calcular los impuestos que deben pagar las multinacionales, el tercer intento en los últimos doce años para introducir una legislación que cuenta con el rechazo de varios socios del bloque. En esta ocasión, Bruselas intenta salvar la oposición de socios como Irlanda o Luxemburgo con una versión diluida en la que renuncia a repartir los beneficios totales de un grupo empresarial que deban ser gravados entre los distintos países en los que la empresa ha tenido actividad.

En su lugar, plantea un sistema que agrega los beneficios imponibles de cada filial y calcula los impuestos a pagar en cada país en función del registro histórico de los últimos tres años, que en la práctica significa que cada multinacional seguirá pagando en cada país lo que tributó en ejercicios anteriores. Además, en lugar de resaltar la lucha contra la evasión fiscal, como hacían los borradores legislativos anteriores, el nuevo enfoque pone el acento en la reducción de los costes administrativos que supondrá para las empresas el nuevo marco, que ha sido bautizado como BEFIT para olvidar las siglas antiguas: BICCIS, de base común y consolidada del impuesto de sociedades.

"Ha habido intentos anteriores en el pasado, pero soy optimista y creo que esta propuesta tiene muchas más posibilidades de éxito", afirmó en una rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien defendió también que la normativa sigue la estela de los acuerdos en la OCDE. El nuevo marco se aplicaría a partir de 2028 de forma obligatoria a unas 4.000 empresas con unos ingresos anuales superiores a 750 millones de euros, aunque podrán seguir sus disposiciones de forma voluntaria también las sociedades que no lleguen a dicho umbral.

El texto legislativo no modifica los tipos impositivos nacionales (que varían desde el 31,5% de Portugal hasta el 9% de Hungría, pasando por el 25% de España), sino que plantea armonizar el cálculo de la base imponible para que cada país aplique después el tipo que ha establecido dentro de sus competencias. El punto de partida será el resultado fiscal preliminar de cada empresa que forme parte de un grupo obtenido a través de estándares de contabilidad financiera aceptados en la legislación europea, como son GAAP y IFRS.