La Ley de Industria, uno de los proyectos estrella de la ya ex ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tiene pocas posibilidades de salir adelante, según apuntan los agentes sociales ligados a la Industria. Maroto deja, pues, un hueso duro de roer a su sucesor Héctor Gómez Hernández (que toma posesión de su cargo este martes), especialmente si se tiene en cuenta su escaso conocimiento del sector manufacturero, pues el nuevo ministro ha estado ligado al sector turístico, la tercera pata del ministerio. Pero si la reforma legislativa tiene pocas probabilidades de prosperar, mucho menos el Pacto de Estado por la Industria, quizá el objetivo más ambicioso de Maroto que ya se da por muerto en el sector.
Entre los grandes cambios que el Gobierno ha planteado en el Anteproyecto, se exigirá a las empresas industriales que hayan recibido ayudas públicas mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, tres en caso de la pymes. Igualmente, en una medida polémica, cuando una empresa decida un cierre o una reducción de la actividad que suponga un gran número de despidos, se abrirá una Mesa de Reindustralización en la que intervendrá la Administración General del Estado. Lo que en la práctica supone la obligación de la empresa a negociar el cierre y buscar alternativas con el Gobierno de España.
La reforma está actualmente en fase de anteproyecto de ley, que aprobó el Gobierno el pasado 5 de diciembre; ha pasado el trámite de audiencia pública, que terminó el 5 de enero; y en estos momentos está a la espera de que se remita al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta, ya como proyecto de ley. En estos meses de 2023, el Ministerio de Industria ha mantenido contactos “tímidos” con empresarios y sindicatos, aunque desde CCOO y la patronal Confemental niegan que se hayan producido negociaciones en reuniones presenciales, según confirman a ON ECONOMIA fuentes de ambas organizaciones. “La ley no ha sido negociada con los agentes sociales”, declara Gerardo Cortijo, responsable de política industrial de CCOO. En Confemental dicen que, salvo contactos esporádicos desde enero, la última vez que mantuvieron reuniones con el Ministerio fue en verano para establecer las bases de un futuro Pacto para la Industria.
Desde UGT muestran una visión más optimista. Juan Antonio Vázquez, responsable de política industrial de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT), considera que el texto legal podría volver en las próximas semanas al Consejo de Ministros para su aprobación. Fuentes del Ministerio de Industria son más cautos y declaran que no hay una previsión de cuándo puede ver la luz como proyecto de ley, aunque matizan que debe remitirse a las Cortes en este primer semestre si se quiere aprobar antes de que finalice el año, compromiso adquirido en el hito 176 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Y, por tanto, empezar el trámite de la ley en el Congreso a la vuelta de las vacaciones parlamentarias, ya en plena precampaña electoral de las Elecciones Generales que, de no adelantarse, se realizarían como muy tarde el domingo 10 de diciembre. Lo que supondría, además, que las cámaras deberán disolverse como tarde a mediados de octubre, lo que dificulta aprobar el proyecto en lo que queda de año. Así, fuentes de Confemetal, la patronal de industria que agrupa a las empresas manufactureras, apuntan que han perdido la esperanza de que la Ley de Industria se pueda aprobar en esta Legislatura.
Gerardo Cortijo, responsable de política industrial de CCOO, comparte la misma opinión. “El anteproyecto está paralizado por la avalancha de alegaciones recibidas que no han sido incluidas”, declara. Desde el sindicato defienden no tiene sentido aprobar la Ley de Industria si no existe un gran acuerdo político de Estado que pueda sostener en el tiempo la reforma. En este sentido, desde el sindicato consideran que el Pacto por la Industria debe cerrarse antes de aprobarse una reforma del calado de la Ley de Industria
El PP no acude al Pacto por la Industria
Pero si la Ley de Industria lo tiene difícil, el Pacto por la Industria parece imposible, según apuntan estas mismas fuentes. En verano, el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que agrupa a todas las patronales del sector más los sindicatos CCOO y UGT, aprobó un documento de bases para someter a los grupos parlamentarios en la Comisión de Industria del Congreso y que sirviese de guía a un Pacto de Estado que siente una línea consensuada para reindustrializar España y conseguir que la Industria eleve su peso al 20% del PIB. Según los datos del propio Ministerio, en el año 2000 la Industria aportaba el 17,8% del valor añadido bruto y en 2019 había descendido al 12,3%.
A tal fin, el Foro convocó a los grupos parlamentarios a una reunión el 24 de febrero a la que no acudió el Partido Popular, según explica el sindicalista de UGT, dando carpetazo a la posibilidad de alcanzar el acuerdo político que Reyes Maroto lleva persiguiendo desde 2020. Y el sector industrial en su conjunto, tanto empresas como trabajadores, desde hace ya muchos años. Dirigentes del Partido Popular han dicho en reuniones a puerta cerrada que habrá Ley de Industria cuando estén en el Gobierno, según Cortijo. Vázquez destaca la contradicción de los populares, pues en enero, antes del plantón al Foro, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, expresó en una jornada de UGT en Algeciras el apoyo al Pacto por la Industria.