La Comunidad de Madrid, que no se ha endeudado con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), también saldrá beneficiada del acuerdo que el PSOE y Sumar han cerrado con ERC para condonar parte de la deuda histórica de Catalunya. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado este lunes que todas las comunidades autónomas del régimen común (excepto País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra que tienen un régimen fiscal propio) recibirán dinero del Estado, sin tener en consideración si acumulan un alto nivel de deuda o están saneadas. Son cinco los territorios de régimen común que no han necesitado financiarse a través de FLA -Galicia, Castilla y León, Aragón, La Rioja y la Comunidad de Madrid (todas ellas, actualmente en manos del PP), aunque la vicepresidenta ha mencionado exclusivamente a la Comunidad de Madrid.
EL FLA es un sistema creado para ayudar a aquellos territorios que, por un nivel alto de deuda, han tenido más difícil obtener fondos en los mercados de deuda pública que los han castigado con intereses superiores por el riesgo añadido que supone el sobreendeudamiento. Montero ha matizado que, no obstante, la decisión de acudir al FLA ha sido política y cada gobierno autonómico ha tenido la opción de financiarse a través del fondo -que consigue dinero en los mercados a tipos más reducidos- o de conseguir dinero en los mercados de deuda soberana o incluso a través de entidades financieras.
La vicepresidenta cuarta ha recordado que el acuerdo firmado entre ERC y los partidos del Gobierno de coalición establece que el modelo aprobado para Catalunya se aplicará a la totalidad de las 15 comunidades autónomas del régimen común, incluidas aquellas con un menor problema de deuda que no han usado el FLA. Montero ha señalado que, por tanto, beneficiará a aquellos territorios que “como la Comunidad de Madrid, han decidido no acudir al mecanismo del FLA”.
15.000 millones
El acuerdo con ERC contempla que el Estado condonará 15.000 millones de deuda que Catalunya ha contraído con el FLA y, por tanto, con el Estado, lo que según fuentes del Govern equivale a algo más del 20% de la deuda. A los otros nueve territorios que han solicitado dinero al FLA también se les condonará parte de lo que deben al Estado. Sin embargo, no se quiere dejar fuera a las cinco comunidades que no deben nada al FLA, y que han alegado que su menor endeudamiento se debe a un mayor rigor presupuestario con déficits bajos y, por tanto, menor necesidad de financiación. Estas cinco comunidades recibirán dinero del Estado para que puedan amortizar anticipadamente el dinero que hayan pedido en préstamo a bancos o en los mercados de deuda.
Montero no ha desvelado cuál será el mecanismo para adjudicar los fondos ni de las diez comunidades que están endeudadas con el Estado a través del FLA, ni las cinco que recibirán dinero para amortizaciones anticipadas de su deuda pública. En cualquier caso, la vicepresidenta cuarta ha descartado que se aplique a todas por igual un porcentaje similar al que se ha condonado a Catalunya. Es decir, que no equivaldrá a un 22% que, según la Generalitat, se les va a condonar.
En cada caso, es establecerán unos criterios en función de la situación financiera. No obstante, Montero ha adelantado que se partirá de la deuda contraía en la anterior crisis, la financiera de 2009-2013- cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy.
Reuniones bilaterales
Primero se deberá establecer el mecanismo en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque las cifras se negociarán con reuniones bilaterales a partir de enero, según han adelantado algunos consejeros autonómicos de Hacienda que han asistido este lunes al CPFF y confirmado Montero. A tal fin, se elaborará una ley que permita condonar las deudas y aportar dinero a aquellas que no han contraído deberes con el FLA.
Por otro lado, ante la amenaza del Partido Popular de bloquear la tramitación de los presupuestos generales de 2024 en el Senado, donde tiene mayoría, Montero ha dejado claro que la decisión popular supondrá que dejará sin efecto los objetivos de déficit no solo de la Administración central, sino de totas las administraciones, tanto autonómicas y locales. Lo que implica que todos los proyectos que ya se han aprobado o están en trámite tendrían que reajustarse.
Según un informe jurídico de la Abogacía del Estado que maneja el Ministerio de Hacienda, si finalmente en el Senado no se aprueba la senda de déficit para los próximos tres años que aprobará este martes el Consejo de Ministros, autonomías y ayuntamientos tendrán que ajustarse a la senda que se presentó a Bruselas en el Plan de Estabilidad en abril. En el proyecto de presupuestos se establece que el déficit en 2024 será un 3%, del que el 2,7% lo asume el Estado, un 0,1% las comunidades, la Seguridad Social otro 0,2% y los ayuntamientos deberán tener equilibrio presupuestario.
Pero si se deben volver a las cifras del Plan de Estabilidad, las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit del 0,1%, sino que tendrán equilibrio presupuestario, y los ayuntamientos, deberán obtener un superávit del 0,2%. En este sentido, la vicepresidenta cuarta considera que el PP se lo pensará, pues “será como darse un tiro en el pie”, en referencia a las administraciones gobernadas por ellos.
Hacienda cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que si la senda de déficit no es aprobada por ambas cámaras legislativas (como establece la ley de estabilidad presupuestaria), los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026 de abril, lo que obligaría ajustar presupuestos autonómicos y municipales. El informe avala asimismo que el Gobierno presente los presupuestos de 2024, aunque no haya un objetivo de déficit para el próximo año aprobado por las dos cámaras legislativas.